El pasado 13 de junio, productores agrícolas de siete estados de la República se manifestaron en múltiples ciudades para demandar al gobierno del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el rescate de los cultivos de granos básicos que se hallan en riesgo de quiebra debido a la falta de apoyos gubernamentales.

En Cajeme, Sonora, la protesta de los campesinos incluyó el esparcimiento de trigo en pasillos y oficinas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), que simbolizó el manifiesto desinterés de la Federación hacia la producción agropecuaria como para lamentar el desplome de los precios internacionales de granos básicos.

Una de las pancartas remarcaba: “¡Saquen el trigo y el maíz de la Bolsa de Chicago!”, expresión con la que hicieron referencia a la intervención del gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) para favorecer a las corporaciones agroalimentarias de este país y denunciar que AMLO, quien se denomina “amigo de los campesinos” mexicanos, en realidad quita todo tipo de estorbos para propiciar el mayor rendimiento financiero de las trasnacionales estadounidenses.

En su libro El dominio del hambre. Crisis de hegemonía, editado en 2015, la doctora en economía Blanca Rubio, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), especialista en producción agropecuaria, aclara que las corporaciones agroalimentarias estadounidenses buscan siempre influir en los precios que se imponen a los países productores de alimentos, como es el caso de México, mediante los tratados comerciales internacionales, como el Tratado México-EE. UU.-Canadá (TMEC).

Rafael Lindo Chaga, dirigente del Frente de Organizaciones Sociales y Económicas del Campo (FOSEC), exintegrante de El Campo es de Todos y del Congreso Agrario Permanente (CAP), reveló a buzos que, en gobiernos pasados, existía un subsidio de más de 87 mil millones de pesos (mdp) para el Programa Especial Concurrente, que servía para, en caso de un desequilibrio comercial, brindar apoyo a los productores de granos básicos, el cual fue eliminado por AMLO.

“Una parte estaba en Aserca (Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios); cuando el precio se caía, el productor tenía la oportunidad de un subsidio del Gobierno Federal para poder establecer su precio; AMLO lo desapareció, como la gran mayoría de la estructura del gobierno en política agropecuaria”, denunció Lindo Chaga.

Para las grandes firmas corporativas que lucran políticamente con el hambre, los granos básicos como trigo y maíz son altamente apreciados; pero no como artículos fundamentales para la alimentación humana, sino para respaldar bonos financieros o commodities, con los que compiten en las bolsas de valores, como la de Chicago, EE. UU., que se especializa en materia agrícola.

Por ello, los pobres –los supuestos “protegidos” de AMLO– están pagando las consecuencias del control de las corporaciones agroalimentarias sobre el precio de los alimentos, un daño social que no logra ocultar la demagogia presidencial.

Sin embargo, en 2022, cuando la inflación general en México oscilaba en el ocho por ciento, los precios de los alimentos se mantuvieron al alza entre el 14 y el 15 por ciento. En mayo de 2023, a decir del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la inflación en general se ubicó en 5.84 por ciento, pero la de alimentos cerró en 11.44 por ciento.

De ahí que los productores mexicanos de granos básicos se mantengan en pie de lucha en demanda de mejores precios; ya que desde hace poco más de 29 años hay una competencia comercial desigual, desleal y abusiva entre los productores mexicanos y los poderosos corporativos agroalimentarios trasnacionales, especialmente de EE. UU., que dominan en costos, precios… todo.

La crisis a la que se ha sometido al campo mexicano para producir alimentos básicos ha provocado una mayor dependencia hacia el exterior y que estos productos deban ser comprados a precios manipulados, debido a la actitud comparsa de los gobiernos federales de México desde 1994 a la fecha.

Álvaro Bours Cabrera, presidente de la Asociación de Organismos de Agricultores del Sur de Sonora (AOASS), explicó: “todas esas políticas desaparecieron, y por eso nos encontramos en esta situación ahorita. Antes se daba un precio de garantía, había cobertura y si los precios internacionales de granos estaban bajos, el gobierno igualaba y equiparaba para que no perdieran. Hoy nos quedamos sin nada, quedamos a la deriva y se eliminaron todas las políticas”.

En sus textos académicos, artículos y libros, la doctora Rubio destaca que el financiamiento del gobierno estadounidense a sus productores agrícolas conforma una estrategia internacional para competir y dominar comercialmente a otros países mediante la sobreproducción agrícola alimentaria, desafiando a otros productores, influyendo en los precios internacionales e imponiendo cuotas de exportación a naciones dependientes, como México.

AMLO: el mejor alumno de Salinas

El problema de fondo se concretó el 1° de enero de 1994 con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México, EE. UU. y Canadá, firmado por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), que fue ratificado con todas sus letras e implicaciones por AMLO con las siglas T-MEC el 1° de julio de 2020.

En su artículo Los productores del Valle del Yaqui y de México no firmaron el TLCAN, publicado el 12 de abril de 2023, el analista y activista social sonorense Alberto Vizcarra Osuna cuestionó a AMLO por la expresión “no somos iguales” con la que quiso diferenciarse de Carlos Salinas, a pesar de que en los hechos “mantiene los mismos criterios de tales políticas respecto al campo mexicano y los ratificó con el cumplimiento de las políticas macroeconómicas derivadas del consentimiento incondicional al T-MEC.

Por separado, Lindo Chaga, dirigente del FOSEC, aclaró a este semanario que AMLO “es el mejor alumno de Carlos Salinas (…) es aún más neoliberal, porque nos está haciendo más dependientes del exterior y está quebrando al campo mexicano.

“AMLO no busca la soberanía alimentaria; su gobierno no es socialista; y en esta etapa de su gobierno es cuando se está consolidando el abandono del campo mexicano. Hay mucha hipocresía en la 4T; llevan a México a la dependencia alimentaria”, añadió.

El ingeniero Marte Vega Román, dirigente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (Caades), advirtió a buzos que la situación crítica a la que llegaron los productores de granos básicos se debe a la desaparición de programas y apoyos gubernamentales que tenían el objetivo de superar el desplome de precios internacionales y equilibrar la competencia con los estadounidenses, que a su vez reciben amplias ayudas de su gobierno.

“Se han quitado una serie de programas, presupuestos de la Secretaría de Agricultura con este gobierno y ahorita, en estos momentos, esos (bajos) precios que nos está dando el mercado son la gota que derramó el vaso”, agregó.

Los apoyos de gobierno se eliminaron a pesar de que representaban un respaldo para “estar más o menos en el nivel de competencia a nuestros pares productores principalmente de EE. UU., precisamente donde hay un Tratado de Libre Comercio, T-MEC; donde ellos sí reciben apoyo de su gobierno y nosotros no. Estamos en total desventaja; y esos programas, esos apoyos, eran los que nos mantenían en la actividad”.

Los productores agrícolas denunciaron a este semanario que en 1993, antes de la entrada en vigor del TLCAN –en enero de 1994–, demandaron suspender la entrada de los productos nacionales alimenticios a la “competencia” internacional, porque estaban en condiciones desfavorables, y porque en ese momento tenían un grave problema de cartera vencida porque no podían pagar sus créditos para producir.

Los campesinos lamentaron que, a diferencia de ellos, entonces como ahora, las corporaciones agroalimentarias estadounidenses han contado con un amplio financiamiento de su gobierno (subsidios). Pero Salinas de Gortari mantuvo sin cambios el proyecto trasnacional lanzado en enero de 1994, inclusive procuró “acolchonar” el esperado rechazo social contra el TLCAN con la declaración pública de que los campesinos y los pobres apoyaban este acuerdo.

Salinas ordenó solucionar, a como diera lugar, las carteras vencidas agrícolas; y en función de este objetivo creó el Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo), destinado a campesinos, y el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), de ayuda a los marginados.

Desmantelar y quitar estorbos

Además de desaparecer el citado Programa Especial Concurrente, el gobierno de AMLO se ha dedicado a desmantelar paulatinamente la estructura de apoyos al campo. Recientemente eliminó la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (Financiera Rural), cuyos orígenes se remontan a 1926, en el marco de la lucha revolucionaria por la tierra de cultivo.

Amparado en su ropaje izquierdista, el Presidente ha hecho a un lado “otros estorbos” para las corporaciones agroalimentarias trasnacionales que avalaron el T-MEC- 2020; disminuyó la intervención del Estado: desregularizó la producción agrícola básica, en obediencia al esquema de los mercados “libres mundializados”; eliminó programas de apoyo social alimentario para comunidades marginadas como Sin Hambre y varios fondos e instrumentos para respaldar la producción nacional de alimentos, con lo que facilitó el camino a las corporaciones agroalimentarias trasnacionales y vulneró la economía de los agricultores mexicanos.

Lindo Chaga indicó a buzos, en alusión a los funcionarios morenistas: “desmantelaron totalmente el campo; no hay apoyos, los presupuestos se fueron abajo; no hay interés de este gobierno en reactivar la economía en el campo.

“En el campo mexicano hay problemas de fondo, no solamente es el de los productores de maíz este año; éstos se aguantaron cuatro años para no protestarle al gobierno, porque en campaña AMLO fue muy prometedor; vociferó que no iba a ser como los gobiernos neoliberales, que nunca se preocuparon de que el campo fuera una palanca de desarrollo para el país”.

Despachos de análisis especializado, organizaciones civiles del agro, académicos e investigadores del ramo sostienen que en México se importa aproximadamente el 80 por ciento de los productos agropecuarios más consumidos, la mayoría provenientes de EE. UU.

Este resultado contraviene absolutamente la promesa de AMLO de alcanzar la “autosuficiencia o soberanía alimentaria”; ahora, la compra de alimentos al extranjero está sujeta a la especulación financiera y el alza de los precios ha hecho que muchos productos sean inaccesibles para la mayoría de los mexicanos.

Como consecuencia de la firma del TLCAN en 1994 y del T-MEC en 2020, México ha perdido su capacidad para producir internamente los productos agrícolas básicos para la alimentación y poco a poco ha caído en una dependencia crónica respecto a las corporaciones agroalimentarias de EE. UU.

Entre los productos estadounidenses de mayor demanda nacional se encuentran el maíz, carne de cerdo, pollo, trigo, leche en polvo y arroz, aunque este cereal también es provisto en menor escala por Sudáfrica, Brasil, Argentina, Asia y, especialmente, Vietnam.

Tal pérdida de soberanía nacional ha dejado muy atrás a Veracruz, al que hace más de una década se consideraba el “granero nacional”.

Verborrea de la 4T

El ingeniero Marte Vega, dirigente de la Caades, reveló a este semanario que “desde que se inició este gobierno fue muy cacareado buscar la soberanía alimentaria; que se iba a buscar una menor dependencia de productos del extranjero. Y es algo que no ha sido posible. Al contrario, hemos incrementado la importación de alimentos básicos como el maíz; es algo que no funcionó”.

El gran riesgo, advirtió, es que una situación como la que “estamos viviendo, cambio climático, problemas geopolíticos como las guerras… se ve lo vulnerables que somos al no producir nuestros propios alimentos”.

Entrevistado por buzos, Vega reconoció que el apoyo al campo ofrecido por AMLO se dirige “a los productores de autoconsumo; que hay que decirlo, nosotros estamos de acuerdo en que deben apoyarlos, pero ellos no aportan a la soberanía alimentaria y en dar alimentación a todos los mexicanos”.

Por ello, el presunto objetivo de alcanzar autosuficiencia y soberanía alimentaria ha quedado en promesa y verborrea, porque la creación de Segalmex en 2019, una simple copia de la extinta Comisión Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), fundada en 1961 durante el gobierno de Adolfo López Mateos (1958-1964) y extinguida el 24 de mayo de 1999 por el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000), fue creada para beneficiar a estos productores.

Sin embargo, a diferencia de la Conasupo, que sirvió para fijar los precios en favor de la población mayoritaria a través de la venta de productos básicos a bajo costo en sus tiendas, desde sus inicios, la Segalmex evidenció la desorganización en sus compras, acopios, almacenamiento y distribución de mercancías a las supuestas tiendas del Bienestar, incluso produjo el mayor escándalo de corrupción hasta ahora conocido en este sexenio.

Alejandro Cruz Juárez, integrante de la coordinación del Movimiento Agrario Indígena Zapatista A.C. (MAIZ), entrevistado por este semanario, expresó: “el Presidente dijo ‘vamos a dar precios de garantía’; se van a poner bodegas aquí y allá; ésa fue la idea con Segalmex. El problema es que la corrupción se comió todo eso; y después de eso, ya no hicieron nada; ya no hicieron el esfuerzo.

“Este gobierno ya se va, pero sí se tendría que poner como un eje importante para quien llegue a la Presidencia que la lucha es por la autosuficiencia alimentaria. El problema es que el país quede a merced de comprar los alimentos producidos en EE. UU. Aquí tenemos tierras para hacer esa producción; hay agua, entonces puede haber producción, pero hay que apoyar; hay que impulsar, pero si no hay una política de Estado, eso no va a ocurrir”, afirmó.

El pasado cinco de junio, en el Zócalo de la Ciudad de México y frente a Palacio Nacional, donde AMLO protagoniza sus conferencias matutinas, los productores de granos básicos anunciaron la creación del Frente Nacional de Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), en el que participan campesinos de 21 entidades federativas.

La nueva organización solicitó infructuosamente una audiencia con el Presidente para demandarle el cumplimiento de sus promesas de campaña respecto al campo y el cumplimiento de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con base en lo dispuesto en la fracción 20 del Artículo 27° de la Constitución, el cual define como responsabilidad del Estado declarar como factor central de interés público la producción de alimentos.

El objetivo práctico e inmediato de los agricultores, especialmente de granos como trigo y maíz de Sinaloa, Sonora y Baja California (apoyados por otros de estados como Guanajuato, Zacatecas, Oaxaca y Chiapas), consistió en demandar una bolsa de 15 mil mdp para compensar las pérdidas de su actividad agrícola que ulteriormente se ha visto deteriorada por la falta de apoyos gubernamentales y el desplome de los precios internacionales de los productos agrícolas.

Al cierre de esta edición, el FNRCM demandaba al Presidente corregir los “precios de garantía” en las compras de la Segalmex y ubicarlos en siete mil pesos por tonelada de maíz; ocho mil de trigo y seis mil 500 en sorgo, en lugar de los cinco mil 400 pesos por tonelada que esta institución les había fijado oficialmente.

En respuesta, la Segalmex anunció la compra de un millón de toneladas de maíz a una reducida porción de los productores –específicamente a los dedicados al autoconsumo– dejando fuera a la mayoría de los agricultores.