El mismo día en que se anunció la extradición de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), en México se llegó a 38 mil 310 muertos y 331 mil 298 contagios por Covid-19 y se ubicó en el tercer lugar mundial en víctimas de la pandemia, solo debajo de Estados Unidos (EE. UU.) y Brasil, que registraban 139 mil 175 y 77 mil 851 decesos respectivamente.

La gran noticia del viernes 17 de julio para los medios nacionales e internacionales fue, precisamente, ésa y sus páginas principales se llenaron con la fotografía de la camioneta de la Agencia de Investigación Criminal en la que el exdirector de Pemex y hombre clave en los sobornos de Odebrecht en México sería trasladado al Reclusorio Preventivo Norte.

Sin embargo, Lozoya, acusado de los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, nunca pisó esa cárcel porque argumentó problemas de salud; fue internado durante una semana en un hospital privado y el juez federal Artemio Zúñiga Mendoza ordenó que se le colocara un brazalete en tanto la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó su prisión preventiva.

Para el abogado constitucionalista Óscar Valdés, el exfuncionario público del sexenio de Enrique Peña Nieto (EPN) fue extraditado para fungir como testigo protegido en un juicio mediático con el que el gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) intentará distraer a la población mexicana de los graves problemas sanitarios y económicos generados por la pandemia del Covid-19.

“Lo están trayendo por delitos relacionados con Pemex, por sobreprecios y la compra de una empresa (Agronitrogenados). No por delitos durante la campaña de Peña Nieto”, dijo en una entrevista radiofónica con Fernanda Familiar.

En opinión de Valdés, la politización de la llegada de Lozoya a México para ser juzgado por el apoyo financiero de Odebrecht a EPN, es confusa y poco clara, a propósito. “Lozoya está en una figura que se llama testigo protegido, por lo que no va a pisar la cárcel. Él no viene extraditado, viene por una negociación. El problema es cómo el gobierno maneja la información”.

El propio Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aclaró, en su conferencia de prensa del 31 de julio, que Lozoya está catalogado como “testigo colaborador” y que el caso por el que se le juzga no es por el financiamiento de la campaña de Peña Nieto.

“Lo que se busca en este caso es saber más sobre el modus operandi, que la gente conozca más sobre los ilícitos, sobre los implicados. En el caso del señor Lozoya hay una operación que se llevó a cabo, que fue la compra de la empresa de fertilizantes (Agronitrogenados). Se estima que hubo un sobreprecio, se pagó de más alrededor de 200 millones de dólares”, dijo textualmente el Presidente.

Por ello, Valdés considera que el supuesto proceso legal no es jurídico, sino mediático: “Traer a Lozoya a México, supuestamente extraditado, es un montaje. Es una vil mentira que Luis Videgaray y Peña Nieto estén en el banquillo de los acusados por el financiamiento de Odebrecht a la campaña de 2012, eso ya prescribió (…) Lozoya ganó el amparo. No pueden juzgar a Lozoya por el caso Odebrecht, eso está muerto”.

El jurista detalló que desde 2018 Lozoya ganó un amparo contra la imputación de que había recibido sobornos de Odebrecht para la campaña electoral de Peña Nieto en 2012. “Lo que quiere la 4T es aire para su campaña política, para eso van a utilizar a Lozoya”, aseguró el doctor en ciencias penales.

Las dos semanas siguientes a la llegada de Lozoya, mientras los reflectores se concentraban en este proceso judicial, México registró un aumento de ocho mil 378 muertos, para llegar a 46 mil 688 y casi medio millón de contagios por Covid-19 acumulados, lo que le valió la tercera posición en el mundo.

Encubrir la galopante violencia

Hasta antes de la llegada de Emilio Lozoya a México, además del creciente número de fallecimientos y contagios de Covid-19, las notas informativas con mayor difusión estaban relacionadas con los homicidios dolosos perpetrados por el crimen organizado tanto en Guanajuato como en la Ciudad de México (CDMX). En Guanajuato, José Antonio Yépez, El Marro, líder del Cártel Santa Rosa de Lima amenazó, a través de un video que circuló en redes sociales, con incendiar Celaya como represalia por la captura de su madre y su hermana.

Ese día, el 20 de junio, la policía estatal de Guanajuato registró 57 atentados e incendios contra carros y negocios, 33 asesinatos (incluso de niños) y el cierre de vialidades en 13 municipios de aquel estado, 29 de ellos en Celaya. Trece días antes, el domingo siete de junio, el país había registrado el día más violento de 2020 con 117 homicidios dolosos, según el reporte diario dado a conocer por el Gobierno Federal.

En lo que va de este año, Guanajuato se ha convertido en el epicentro de la violencia delictiva en el país, pero le siguen muy de cerca otras cinco entidades en las que se concentra la mitad de los homicidios dolosos: Michoacán, Chihuahua, Estado de México, Baja California y Jalisco. Esto evidencia que la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina juntos no han podido cumplir una de las grandes promesas de AMLO: pacificar al país; por el contrario, el asesinato de policías, militares, jueces, incluso de legisladores, además de las cifras del propio Gobierno Federal, comprueban que la estrategia de seguridad de AMLO es completamente fallida y que ha resultado peor que la de sus antecesores Peña Nieto y Calderón Hinojosa.

En los primeros 18 meses del gobierno morenista fueron asesinadas 53 mil 628 personas: cinco mil 811 mujeres y mil 807 niños y adolescentes. El promedio diario de asesinatos es de 98 personas, tasa que duplica la registrada en el mismo periodo del sexenio de Felipe Calderón y es 55 por ciento más alta que en la administración de Peña Nieto.

Al término de 2019, las cifras evidenciaron que el primer año del gobierno morenista fue el más violento en la historia reciente de México. Datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) evidencian un repunte de la violencia homicida en el inicio de 2020, pese al confinamiento de millones de personas en sus casas debido a la pandemia.

En enero, el promedio diario de asesinatos fue de 93.3 víctimas; en febrero ascendió a 98.5; en marzo llegó a 99.3 víctimas cada 24 horas y a 100.6 en abril. Este incremento de la violencia generó la desaprobación del pueblo mexicano hacia las actuales autoridades federales.

Una encuesta realizada por Simo Consulting y el diario español El País en julio pasado arrojó que el 56 y 55 por ciento de los entrevistados calificaron como malo o muy malo el desempeño del gobierno morenista en materia de feminicidios y seguridad pública, respectivamente. Solo el 29 por ciento opinó que el desempeño ha estado bien o muy bien.

Ocultar el agravamiento de la crisis económica

Pero la violencia no es el único rubro en el que la desaprobación del Presidente y su administración va en ascenso: también lo responsabilizan del agravamiento de la crisis económica derivada de la contingencia sanitaria. La misma encuesta de Simo Consulting arrojó que 47 de cada 100 encuestados califica como pésima la gestión de AMLO en su lucha contra la pobreza, mientras que 46 de cada 100 mexicanos desaprueba su política económica.

Durante su campaña electoral de 2018, AMLO prometió lograr una tasa de crecimiento del cuatro por ciento en el Producto Interno Bruto (PIB) en cada año de su ejercicio presidencial. En su primer año de gestión, la economía creció 0.1 por ciento. Según un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste es el peor número desde 2009, cuando México se recuperaba de la crisis económica mundial.

Para este año, las perspectivas económicas auguran una caída mucho más abrupta del PIB con motivo de la pandemia (buzos 931). Antes de la crisis sanitaria, las cifras oficiales registraban 53 millones de mexicanos con algún tipo de pobreza, moderada o extrema, pero en solo tres meses de pandemia, el número de personas que no cuentan con ingresos suficientes para comprar alimento se incrementó entre 10 a 18 millones, según instituciones económicas como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Oxfam y BBVA Research (buzos 931).

Para disminuir la pobreza se necesita “un crecimiento del ingreso adecuado, incluyente y sostenido. Además, la política pública debe fortalecer la atención del conjunto de carencias sociales, particularmente aumentar el ingreso de las familias y ampliar la cobertura de la seguridad social, lo que no ha sucedido”, precisó el director del Coneval, José Nabor Cruz Marcelo.

El 31 de enero de 2020, a un año de su administración, el Presidente afirmó que “están cambiando los parámetros para medir si tenemos bienestar en México. Como tengo otros datos, puedo decirles que hay bienestar. Puede ser que no se tenga crecimiento, pero hay desarrollo y hay bienestar, que es bien distinto”.

Para López Obrador, ni el PIB ni los estudios de organismos nacionales e internacionales reflejan la realidad de México porque, según él, aunque no exista crecimiento, las familias mexicanas tienen más capacidad de compra. Pero estudios como el realizado recientemente por el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (Equide), de la Universidad Iberoamericana, revelan que las afectaciones al empleo, a los ingresos y a la seguridad alimentaria en los hogares mexicanos podrían llevar a la pobreza al 76.2 por ciento de la población, es decir, a 95.2 millones de personas.

Un show para poder continuar

El Presidente justificó la mediatización del caso Lozoya así: “nos interesa, primero, que se conozca la verdad, que el pueblo sepa sobre el modo operante, la forma en que saqueaban al país o cómo se daba la impunidad. Lo segundo, el castigo a los responsables, que no haya impunidad. Y lo tercero lo que se sustrajo de la hacienda pública, del presupuesto que es dinero del pueblo”.

El caso es importantísimo –advirtió– porque “va a ayudar a que se destierre la corrupción en México” e invitó a los ciudadanos a “estar muy pendientes de todo el juicio y que no sea un asunto nada más de tribunales judiciales, que sea un asunto de un tribunal ciudadano, popular”.

Para el periodista y analista político Enrique Pérez Quintana, los plazos del juicio están previstos para que coincidan e impacten en los tiempos de las elecciones locales y federales de 2021. El especialista coincide con el abogado Óscar Valdés en que el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) sustentará su discurso contra la corrupción con miras a ganar simpatías en esos comicios.

“No parece que el objetivo sea que Emilio Lozoya vaya a la cárcel o que vaya a ser objeto de una pena que le quite su libertad. El propósito es doble. Es un tema que distrae a los ciudadanos sobre la crisis sanitaria, económica y de seguridad que afecta a millones en el país. También es un elemento útil para calificar a los partidos de oposición como fuente de la corrupción que combate la 4T.

“La idea es que el escándalo escale hasta mostrar al ‘respetable público’ los nombres e imagen de los villanos que abusaron de Lozoya, lo que parece viable en términos mediáticos, pero que en términos judiciales se ve distante. Por lo pronto, los delitos electorales en los que participó la empresa Odebrecht, que presuntamente financió la campaña de Enrique Peña Nieto, ya prescribieron. Eso aleja al expresidente de la cárcel, aunque lo mantenga en el foco del escándalo”, puntualizó Pérez Quintana.