El 17 de noviembre quedó como la fecha sin retorno en los planes de la oligarquía de Guatemala por mantener, de manera indefinida, un Estado débil, precarizado y sin desarrollo humano, cuando las mayorías nacionales salieron a las calles a repudiar rotundamente el Presupuesto de Egresos de 2021.

Este proyecto de gasto del gobierno de Guatemala para el año que entra reducía las partidas para salud y perpetuaba la precariedad social. Ofendidos por ese desdén de la clase dirigente, estalló el descontento de los guatemaltecos, que exigieron la renuncia del presidente Alejandro Giammattei. Ante la presión de la protesta, el Congreso retiró el polémico plan la madrugada del lunes 23.

Miles de manifestantes en todo el país denunciaron la falta de transparencia de tal proyecto y rechazaron más reducciones en educación y protección social.

Aunque Guatemala tiene la mayor tasa de mortalidad infantil de Centroamérica, la iniciativa proponía reducciones en el gasto para prevenir la desnutrición infantil, el tratamiento del cáncer y otros males degenerativos, denunció el grupo de análisis Plaza Pública.

La disminución presupuestal del sector sanitario en un país con más de 119 mil contagios y cuatro mil 76 fallecidos por Covid-19, con una red hospitalaria superada por la emergencia y donde el robo de insumos y equipos médicos costó el cargo al titular de Salud y a dos viceministros.

También propone la reducción de las partidas para universidades públicas y el poder Judicial y un aumento en el financiamiento a los proyectos de infraestructura para empresas con vínculos en el gobierno. Asignaba 12 millones de dólares (mdd) para la nueva sede del Congreso; pero ninguna de las obras respondía al impacto sanitario ni socioeconómico de la pandemia y el de los dos mega-huracanes, Eta e Iota.

Los diseñadores del amorfo plan de gasto fueron el oficialismo y sus aliados. Las protestas contra tal medida aumentaron, pero el gobierno las reprimió. Cuando la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) exigió el fin de la represión, el presidente Alejandro Giammattei solo ofreció más castigo a quienes “vandalizan la propiedad pública”.

Pese al logro histórico ciudadano, queda intacto el sistema que propicia la desigualdad. La batalla contra el presupuesto de las élites causó una gran fractura en el gobierno, pues el vicepresidente Guillermo Castillo pidió a Giammattei vetar la ley fiscal. El mandatario y los parlamentarios tardaron tiempo valioso en aceptar esa propuesta.

De acuerdo con la ley, el presupuesto debe aprobarse antes del 30 de noviembre. Si no es así, entrará en vigor un ejercicio fiscal similar al de este año, cuyo monto es de 10 mil 390 mdd.

Élites al mando

Guatemala es el país más poblado y la mayor economía de Centroamérica. Su oligarquía y élites, asociadas a la propiedad de la tierra y al control de las organizaciones gremiales, han sido históricamente intransigentes. Ellos detentan el monopolio de la madera, la pesca, el agua y los cultivos de café, plátano, algodón y caña de azúcar; así como la minería, la siderúrgica y la petroquímica.

La oposición a este esquema feudal por los insurgentes dejó más de 200 mil muertos y unos 70 mil desaparecidos por la política de “tierra arrasada”, aplicada en la guerra civil (1960-1996). Para beneficiarse de esa riqueza, la burocracia militar se sumó a la oligarquía. Todos medran frente a un Estado débil que dejó el camino libre al crimen organizado,” explica el analista de Insight Crime, Edgar Gutiérrez.

Se distinguen dos ejes en los grupos de poder: quienes hicieron negocios desde una matriz terrateniente ideológicamente conservadora y los altos militares, que ejercen el control social y político de las instituciones.

Entre los años 80 y 90, el empresariado nacional protagonizó una profunda reconversión política. A partir de las privatizaciones y la creciente inversión extranjera que privilegió zonas económicas, formó grupos económicos asociados al Estado y al sector militar. Son las actuales élites emergentes.

Mientras aumentaba la politización del empresariado nacional, los capitales y compañías multinacionales se expandieron en el sector primario. El resultado fue la imparable ola de reformas económicas que modelaron un nuevo orden económico y social, impulsadas desde el sector privado.

Persiste el eficiente mecanismo de asimilación y preservación elitista del matrimonio de conveniencia con aristócratas, una práctica que predomina desde el Siglo XIX, explica Marta Casaus en su ensayo Guatemala: linaje y racismo. Así, la oligarquía local se expresa en corporaciones que mezclan apellidos “ilustres” con los que emergieron en la industrialización.

Hoy, dominan el 75 por ciento de la banca, concentran más del 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), controlan medios de comunicación, contratan firmas cabilderas en Estados Unidos (EE. UU.) y Europa, oficinas de seguridad e inteligencia privadas e influyen en las cortes de justicia y el gobierno, afirma el estudio Élites y crimen organizado en Guatemala.

Hay dos nuevos actores. Las nuevas fortunas semiindependientes, de familias que quebraron en los años 80 y resurgieron a la sombra de los negocios públicos, exportaciones no agrícolas, el turismo y el contrabando.

El otro es el poder cooperativo, que encarnan la poderosa Asociación Nacional de Cafeteros y el Banco de Desarrollo Rural con sus más de 16 mil accionistas. El Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) se considera el partido político de facto de las élites. Ejerce control sobre las políticas fiscales del Gobierno y en tiempos de crisis asume un rol beligerante.

Los partidos en Guatemala solo movilizan a la sociedad hacia uno u otro actor a conveniencia. Este Siglo, la política se atomizó en decenas de partidos –llegaron a sumar 80 y, tras las elecciones, desaparecieron o se fragmentaron–.

En los comicios de 2007, 2011 y 2014 participaron más de 20 partidos, muchos incursionaron por primera vez como FC-Nación, que obtuvo la Presidencia de la República con Jimmy Morales en 2015.

Oligarquías y élites trabajan para obtener ventajas en las políticas de seguridad y económicas. Por eso financian a candidatos y sitúan a sus cuadros en ministerios estratégicos como Finanzas, Obra Pública y Economía.

Corporaciones y gremios compensan, con “dobletes”, la lealtad de los ministros. Al favorecer monopolios, nuevas formas de dominio político e ideológico aumentan la desigualdad y la división social. Ésa es la forma en que las élites alcanzan cada vez mayor influencia en la conducción del Estado, refiere Gutiérrez en Insight Crime.

El Covid-19 y las élites

En la cuarta semana de noviembre, Guatemala reportó 119 mil contagios por Covid-19 y cuatro mil 76 fallecidos. En agosto, era el país con más decesos en Centroamérica y el Caribe (dos mil 600), a pesar de que, el 17 de marzo, el gobierno decretó Estado de Calamidad Pública, suspendió las garantías individuales e impuso toques de queda y Estado de sitio en varios municipios.

Esas medidas se prorrogaron en cinco ocasiones, pero no contuvieron la pandemia. Entretanto, los empresarios agradecieron la militarización del territorio y los cuantiosos contratos para proveer insumos médicos y camas en hospitales privados.

Guatemala vio subir las cifras de contagios y muertes con hospitales saturados, un sistema de salud deteriorado e información cuestionable. Pese a tener el presupuesto más alto de su historia, el sistema de salud no acotó los contagios, lo cual confirmó que la pandemia se utilizó para garantizar los intereses del gran capital, explica el analista Giorgio Trucchi.

La pandemia ha agudizado las diferencias sociales, debido a la presión de las élites empresariales para reabrir los negocios, alegando pérdidas invaluables, así como una reforma fiscal, denuncia Julián Cárdenas, de la Universitat de Valencia.

Toda la estrategia sanitaria se orientó a garantizar los privilegios de la oligarquía guatemalteca. En todo el país aumentaron las detenciones de indígenas y periodistas y las agresiones a defensores de derechos humanos.

Con la militarización, el gobierno de Giammattei provocó desplazamientos forzosos, abusos sexuales y agresiones. “Ha usado de modo perverso la pandemia y la poca movilidad de la población para sostener intereses de los grandes capitales”, denunció la Unidad de Protección a Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Ufedegua).

El Estado de Prevención se mantuvo en algunos municipios (Izabal y Alta Verapaz) alegando la “presencia de grupos armados”. Sin embargo, la Ufedegua afirma que esa contención fue para garantizar intereses de las empresas mineras y corporaciones agroindustriales en la zona.

Guatemala figuró el año pasado entre los países con más defensores de la tierra y bienes comunes asesinados, según el informe 2020 de Global Witness. Solo entre enero y junio de este año, la Ufedegua contabilizó 677 agresiones contra actores sociales pertenecientes a 70 organizaciones y comunidades.