El pasado jueves 23 de enero, cientos de personas marcharon gritando al unísono consignas como “fuera Rocha”, “queremos paz” y “queremos justicia”. ¿Los motivos de la indignación? Incontables. ¿El catalizador? El asesinato de los hermanos Gael y Alexander, de 12 y nueve años, a balazos, durante un ataque al vehículo en el que viajaban con su padre, quien también perdió la vida. Un tercer menor que iba a bordo se encuentra hoy hospitalizado: es el único sobreviviente del atentado.

Los hechos ocurrieron la madrugada del domingo 19 de enero, en el fraccionamiento Los Ángeles, al norte de la capital sinaloense. Mientras el padre murió en el lugar, los dos menores fallecieron en el hospital.

Durante los días posteriores al atentado, Víctor Manuel Aispuro, director de la Primaria Estatal Sócrates –donde estudiaba Alexander–, exhortó a la comunidad estudiantil de ésta y otras instituciones a una manifestación pacífica. La convocatoria se difundió rápidamente en los medios de comunicación y redes sociales.

La invitación incluía un breve programa que proponía una concentración el jueves 23 de enero a las 8:30 am afuera de las instalaciones de la escuela mencionada. El objetivo era bloquear durante 30 minutos la Avenida Álvaro Obregón, una de las vialidades más transitadas de Culiacán y frecuentemente utilizada como escenario de manifestaciones frente al Ayuntamiento.

Posteriormente regresarían al plantel para ofrecer una conferencia de prensa. Sin embargo, la respuesta ciudadana y los eventos que ulteriormente se desatarían de forma espontánea superaron las expectativas de los convocantes. La indignación desembocó en la toma del Palacio de Gobierno y la destrucción del despacho del gobernador. ¿De dónde proviene tal indignación?

Desde el nueve de septiembre de 2024, Sinaloa enfrenta una crisis de inseguridad que hoy contabiliza más de 900 personas asesinadas y casi mil fichas de búsqueda de personas desaparecidas, según datos oficiales de la Fiscalía del Estado y las organizaciones civiles dedicadas a buscar personas desaparecidas.

A decir de las propias autoridades, la ola delincuencial derivó del conflicto armado entre dos facciones rivales del crimen organizado: Los Chapitos, liderados por los hijos de Joaquín Guzmán El Chapo, y La Mayiza, encabezada por Ismael Zambada El Mayito Flaco, hijo de Ismael Zambada El Mayo.

Aunque se considera que las demostraciones violentas y enfrentamientos entre ambos bandos comenzaron en septiembre, el punto de inflexión de este desencuentro se remonta al 25 de junio del mismo año, cuando presuntamente se perpetró el secuestro de Ismael El Mayo Zambada para su posterior traslado aéreo y arresto en Estados Unidos (EE. UU.), coincidente con el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, político sinaloense, fundador del Partido Sinaloense (PAS) y principal figura antagónica de Rubén Rocha Moya, actual gobernador del estado.

Cabe destacar que tanto la retención de Ismael Zambada, como el asesinato de Cuén no han sido esclarecidos. En el caso de la muerte del político, la Fiscalía General de la República confirmó que la primera versión dada por la instancia estatal había sido un montaje, mismo que, hasta ahora, no ha derivado en la imputación de ningún funcionario.

Si bien el estallido de violencia posterior ha repercutido en todo el estado, la ciudad de Culiacán y sus sindicaturas muestran el escenario del epicentro.

En los últimos cinco meses, la violencia en Culiacán se ha manifestado de diversas formas: “narcobloqueos” carreteros, negocios incendiados, viviendas vandalizadas, amenazas contra eventos masivos, extorsiones a empresarios, periodistas y activistas, secuestros de familiares de comerciantes, exhibición de cadáveres, amenazas de bomba en escuelas, ataques con drones explosivos, robo de vehículos, balaceras contra la fachada de un periódico local y asesinatos de policías estatales, municipales y federales, entre otros terribles actos.

La escalada de violencia ha sido tal, que el Gobierno Federal debió controlar la crisis. Incluso Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, permaneció en el estado durante poco más de dos semanas, en el mes de diciembre, para coordinar las operaciones personalmente.

Harfuch regresó a la Ciudad de México (CDMX) proclamando su éxito en tierras sinaloenses; pero lo cierto es que los enfrentamientos, asesinatos y desapariciones no cesaron ni durante su estadía ni después de su partida.

Tan solo en la primera semana de enero se contabilizaron 45 asesinatos. Los reportes de enfrentamientos en sindicaturas de Culiacán, como Costa Rica y Eldorado, además de hallazgos de personas ejecutadas en significativos puntos del municipio, se han convertido en “el pan de cada día” para los ciudadanos.

El domingo 19 de enero, los menores Gael, Alexander y su padre Antonio Sarmiento, se sumaron a la fatídica estadística.

La tragedia del cruel asesinato de un padre y sus dos hijos, aunado a las sentidas declaraciones de la familia y maestros de los menores, crearon un tren de indignación, que se desbocó después de la desafortunada postura del gobierno estatal.

Pocos días después del incidente, durante su comparecencia ante el Congreso como parte de las sesiones convocadas por el propio Ejecutivo estatal, el secretario de Seguridad de Sinaloa, Óscar Rentería Schazarino, revictimizó a la familia al declarar que el brutal acto había sido resultado de una confusión, ya que el auto en el que viajaban tenía vidrios polarizados y no se podía identificar a los tripulantes.

Además, resonaban aún las palabras del gobernador Rocha Moya quien, apenas tres días antes del asesinato, había sido cuestionado en la calle sobre si existían condiciones para visitar Sinaloa. La respuesta del mandatario, como la retórica estatal sobre la “reducción” de la violencia y el llamado a la calma, quedó grabada en video y se hizo viral.

“En Sinaloa vivimos perfectamente bien. Estamos haciendo todas nuestras actividades, los estadios llenos, las escuelas llenas. Estamos trabajando perfectamente bien”, aseguró.

Con el dolor acumulado durante casi cinco meses de resguardo autoimpuesto, producto del temor a ser víctimas de alguno de los muchos delitos cometidos diariamente en Culiacán, los culichis se hicieron escuchar durante la marcha por la justicia para los menores asesinados.

La mañana de la cita era posible ver a las madres apresurando el paso, llevando a sus hijos de la mano por las calles aledañas a la movilización para incorporarse a la multitud vestida de blanco, mientras cargaban uno o más globos del mismo color.

La concentración salió de la Primaria Sócrates, en la colonia Jorge Almada, tal como se había previsto. La muchedumbre crecía a cada momento y se dirigía al Ayuntamiento de Culiacán, a escasos 15 minutos a pie desde la escuela. Para las nueve de la mañana, cientos de personas coreaban frente al edificio: “¡Fuera Rocha!”, o “¡Con los niños, no!”.

Debido al reducido espacio, sólo algunas decenas de manifestantes ingresaron al lugar, donde se había instalado un memorial con la fotografía de los tres fallecidos. Adultos y niños encendían una veladora, colocándola frente al memorial.

Alrededor de las 9:15, quienes habían traído globos blancos los soltaron al cielo simultáneamente, en un conmovedor homenaje seguido por aplausos de la multitud. De acuerdo con la invitación difundida por los organizadores, lo siguiente sería volver a la primaria para una conferencia de prensa; sin embargo, esto no sucedió.

La marcha siguió de largo con dirección al Palacio de Gobierno, mientras las consignas sonaban. Había quienes usaban un tono más pacífico entre el clamor popular, como Chicharito, un personaje local de Culiacán, quien con su guitarra entonaba canciones infantiles y pedía que otros cantaran con él, pero rápidamente la enardecida turba volvía a gritar: “¡Fuera Rocha!”.

Escenas poderosas, como el clamor de una madre que pedía a gritos quebrados justicia por su hijo desaparecido mientras intentaba ahogar el llanto bajo sus lentes oscuros, sólo intensificaban más las ya desbordantes emociones de la multitud.

Al pasar por el lado de la primaria General Anatolio B. Ortega, se veía a los niños asomando sus rostros a través de los barrotes en los ventanales de un salón desde el segundo piso. También levantaban sus puños al cielo y parecían gritar con los manifestantes que repetían: “Con los niños, no”. La ola de gente se despedía de los pequeños con otro aplauso.

Poco más de media hora después de iniciada la caminata, los manifestantes llegaron al Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa. El patio interior del recinto se llenaba rápidamente, y los gritos hacían retumbar las paredes del edificio. Las consignas también cambiaban, los gritos pidiendo paz y justicia dieron paso a las acusaciones directas: “¡Narcogobierno!”, denunciaron. También hubo retos: “¡Rocha, sal, no pasa nada!”.

En los balcones de cada piso del edificio se formaban los curiosos burócratas a observar. Algunos grababan, otros miraban consternados y uno que otro reía.

Al llegar, solamente uno de los dos accesos principales al interior de las oficinas permanecía cerrado. Pero conforme pasaban los minutos, y los manifestantes pedían cada vez más insistentes que el gobernador apareciera, los guardias del Palacio de Gobierno cerraron la puerta que permanecía abierta, en un acto que pareció enojar más a un sector de los asistentes.

Manos golpeteaban contra el cristal, exigiendo que abrieran o, de lo contrario, derribarían la puerta. Mientras intentaban abrir por la fuerza, el resto de manifestantes gritaba: “¡Sí se puede!”. Más temprano que tarde, un golpe reventó el vidrio. Al estruendo de las esquirlas cayendo al suelo siguieron vítores y aplausos.

Tan pronto como empezó la toma del edificio, la madre de los menores fallecidos, así como el organizador de la marcha, se hicieron a un lado en clara desaprobación del acto.

Medio centenar de personas entró. Unas se apresuraron a poner las lonas y pancartas sobre los balcones, de modo que fueran visibles desde el patio central, mientras gritaban consignas desde lo alto.

Otros se dirigieron al tercer piso, donde se encuentra el despacho del gobernador. La puerta de cristal de la sala también sucumbió en un estruendo que se escuchó hasta el exterior y fue recibido, igualmente, con vítores por quienes permanecieron al margen. Una vez adentro, los manifestantes buscaban activamente a Rocha.

Voces femeninas gritaban, llamando a hombres que pudieran derribar la barricada, formada desde el interior de una de las oficinas, para impedir el paso. Ante esa imposibilidad, optaron por destruir una de las paredes. Para ello, utilizaron el atril donde se tenía exhibida una copia original de la Constitución Mexicana.

Para evadir la inconformidad de los manifestantes, el gobernador se escondió. Mientras tanto, en el patio, se escuchaba un altavoz y se animaba a la madre de Gael y Alexander: “¡No estás sola!”.

Llegadas las 11, los ánimos parecían haberse enfriado. Los manifestantes dejaban sus pancartas en el suelo, formando un mosaico con sus lonas y cartulinas. Otros las pegaron en las paredes y columnas del edificio antes de retirarse. Algunos momentos después, el Secretario de Gobierno, Feliciano Castro Meléndrez, declaró que el gobernador había tenido la intención de salir y hablar con los manifestantes, pero ante la violencia desplegada, se había desistido.

Ésta no es la primera movilización ciudadana provocada por la ola de violencia. Los días 29 de septiembre y 12 de octubre de 2024, cientos de personas se unieron para pedir paz en Culiacán: primero en una marcha y después realizando una caravana. Con todo, la del 23 de enero superó a las dos primeras, tanto en asistentes como en alcance e impacto.

El domingo 26 de enero, se convocó a otra marcha y, en un acto simultáneo, a una pega masiva de carteles con consignas de inconformidad contra la administración de Rubén Rocha Moya. Con más fuerza que la anterior, los culichis volvieron a pronunciar su indignación.

En su conferencia de prensa de los lunes, el gobernador de Sinaloa afirmó que no descalificaría ni reprimiría las manifestaciones en su contra. No obstante, acusó directamente a quienes coreaban consignas de personas que supuestamente “habían perdido privilegios con su llegada al poder”.

Se deslindó, además, de la responsabilidad sobre la inseguridad que hoy aqueja a la entidad, y la atribuyó a los grupos delincuenciales. También confirmó que, pese al clamor popular, no renunciaría al cargo.

Las voces que exigieron justicia para Gael, Alexander y su padre, no sólo expresaron indignación por el trágico caso, sino también por la ineptitud de las autoridades y el fracaso de sus estrategias para garantizar la seguridad de los ciudadanos. La toma del Palacio de Gobierno evidencia el límite al que han llegado los sinaloenses. La desesperación de una sociedad que busca resultados, pero solamente encuentra indiferencia de las autoridades estatales y omisiones de las federales, mientras el gobernador celebra juegos de beisbol, la sangre sigue corriendo y también las lágrimas de las familias rotas por la violencia criminal y la ineptitud oficial.