Aunque saben de las graves consecuencias derivadas de las deportaciones recientemente emitidas en Estados Unidos (EE. UU.), miles de migrantes atrapados en la frontera sur de México conservan la esperanza de alcanzar el llamado “sueño americano”; otros más ya han renunciado.

Donald Trump asumió la presidencia de EE. UU. e impuso decretos en el tema migratorio. El “efecto dominó” llegó a la frontera sur de México: migrantes que llevaban meses en trámites para recibir algún documento que los encaminara al sueño americano, comenzaron a renunciar a tal objetivo. Frente a las instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula, Chiapas, un grupo de migrantes esperaba su turno para entregar los pasaportes y pedir la deportación.

Desde que Donald Trump lanzó y fueron difundidos los severos decretos de las políticas migratorias para ingresar a EE. UU., las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) informaron sobre la suspensión “hasta nuevo aviso” de todas las citas gestionadas mediante la aplicación CBP One. En la oficina migratoria, en la zona sur de Tapachula, el anunció cayó “como rayo”. Miles de migrantes que llegaron a las instalaciones desde muy temprano para ser atendidos no podían creer que fuera inmediata la polarización del tema migratorio desde el pasado lunes 20 de enero.

“Como es de su conocimiento, hasta el día de hoy no tenemos todavía información fehaciente y verídica para continuar con la atención en las próximas fechas”, fue lo anunciado por un agente del INM con un altavoz hace tan solo una semana.

La angustia, desesperanza, impotencia avanzó muy rápido en la comunidad migrante, notoria en esta ciudad de la frontera sur. Solamente en solicitud de asilo, se tiene un registro de 50 mil 742 migrantes en Chiapas ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), de los cuales 34 mil 474 se tramitaron únicamente en Tapachula.

A sólo una semana de que Trump llegara al poder, cambió el rumbo del sueño americano de cientos de migrantes en la frontera sur de México.

El “retorno voluntario” 

En la semana del 20 de enero hubo cambios en la atención institucional al tema migratorio en Tapachula. Durante un recorrido de buzos por las oficinas gubernamentales fue notoria la presencia de indocumentados que ya optaron por el “retorno voluntario”. En las afueras de la Estación Migratoria Siglo XXI esperaron la intervención de un agente para iniciar el proceso.

El trato fue ventajoso. Autoritario, el agente de migración indicó a la población cómo sería el procedimiento para ingresar a la estación. Ya no se les permitió ingerir alimentos –eran aproximadamente las 17:00 horas– y tendrían que esperar hasta el siguiente turno, a las 10 de la mañana, para ser alimentados al interior de las instalaciones. La fila humana estaba integrada por una mayoría de migrantes hondureños. Una vez sentado Trump en la silla presidencial, el primer día, migrantes desistieron y comenzaron la travesía de retorno a su país.

Olga, una joven de 25 años, comentó a buzos que ya no había nada qué esperar, la oportunidad de continuar se terminaba para ella y aferrarse a permanecer podría ser peor. Llevaba tres meses en suelo mexicano y trató de seguir trámite tras trámite sin avanzar. “Mejor me regreso a Honduras, me puede salir muy caro seguir hacia adelante, ya no se podrá entrar a EE. UU.; ese presidente (Donald Trump) está loco, no nos quiere y será mucho más difícil ahora intentar entrar”, lamentó.

En el momento en que este pequeño grupo de migrantes iniciaba el proceso de retorno voluntario, dos camiones salieron de la Estación Migratoria Siglo XXI. Resguardados por dos vehículos de la Guardia Nacional, se observaba al interior la presencia de migrantes cuyo destino inmediato era el Aeropuerto Internacional de Tapachula. Mientras tanto, familiares gritaban que “no era justo que se los llevaran ya” porque tenían pocos días de haber sido asegurados.

Migrantes sobreviven 

Ricardo Rodríguez, un hondureño que dejó el campo en su país para emprender un viaje hacia EE. UU., no se lamenta, pero tampoco es lo que esperaba.

“Allá (Honduras) nos llegan a decir que es fácil; que luego uno cruza a EE. UU. y uno se lo cree… conseguí un poco de dinero para salir de mi país y pensé que llegando a México estaría más cerca, pero no es así. Los trámites son muy largos y ésta es la fecha que no tengo una respuesta ni manera de salir de Tapachula”, señala, mientras atiende un negocio de venta de aguas frescas y refrescos.

Ricardo ya se acostumbró a la pobreza, pero no a las condiciones que se ha visto obligado a vivir en Tapachula. Habita un pequeño espacio sobre un bulevar, donde más migrantes optaron por montar pequeñas “casas” edificadas con palos y plástico que los ayudan a pasar las noches. Familias enteras llevan meses viviendo en lo que han llamado “La Colonia”, a un costado del Parque Recreativo Los Cerritos.

Admitió que en Tapachula no hay condiciones para que los migrantes salgan adelante. Están al margen de toda protección: si no consiguen dormir en albergues, rentan algún cuarto o consiguen algún documento que los resguarde en la ciudad.

Tapachula, con leyes para migrantes 

En el pasado Tapachula no fue tan severa con los migrantes. Hubo un tiempo en que se ocupó del tema con procesos de protección y reconocimiento. 

Entrevistado por este semanario, el coordinador del Archivo Histórico de Tapachula, Christian Fernando Camacho, proporcionó un documento –de acceso general al público– firmado por Gerónimo Cardona, que fuera gobernador del Soconusco y Chiapas, donde cita una legislación federal.

“Bando emitido por el General de Brigada, Comandante Principal y Prefecto del Distrito del Sudoeste; Gerónimo Cardona, por ordenanza del Ministerio de Relaciones exteriores y el General de brigada, Gobernador y Comandante del Departamento de Chiapas, Ignacio Barbarena. Donde se estipula que todos los extranjeros que deseen residir en el país deberán portar su Carta de Seguridad, que tendrá que ser renovada cada 1° de enero, según la Ley del 1° de mayo de 1828 y de octubre de 1830. Cumpliendo con estas indicaciones, se hará efectiva la nueva ley: Todo extranjero que circule sin su Carta de seguridad se le impondrá una multa de veinte pesos y en su defecto diez días de detención”.

El especialista en historia explicó a buzos que este documento precisa que a “los extranjeros hay que darles un permiso cada año; en el Siglo XIX el ayuntamiento participaba y tenía una injerencia fuerte, expedía documentos de migración, permisos, había una participación, contrario a los que ocurre actualmente”.

En Tapachula, el ayuntamiento quedó reducido a un espectador del fenómeno migratorio: con un nivel de atención menor que el concentrado por la federación desde la frontera sur. Asimismo, reconoció que la injerencia estadounidense en la soberanía mexicana no es algo nuevo.

Hoy Tapachula está ajeno a dar certeza o reconocimiento jurídico a quienes están en un contexto de movilidad. El tema migratorio ha servido para recibir recursos destinados a la atención; pero de ninguna manera al trabajo para integrar socialmente a estas personas. 

Con la amenaza de deportaciones, Tapachula espera el peor escenario como ocurrió en 2018 cuando miles de migrantes quedaron atrapados por meses en la ciudad y los tres niveles de gobierno se vieron forzados a brindar integralmente atención institucional.

Entre la Comar y el INM

Cientos de migrantes van de un lado a otro entre las oficinas de la Comisión Nacional de Ayudas a Refugiados (Comar) y el INM, esperanzados en alcanzar algún documento que les permita continuar más allá de esta frontera sur.

Vilma Maldonado, hondureña de 38 años, vive en “La Colonia”, su familia no sabe que lleva meses atrapada en Tapachula, cumpliendo con trámites en la Comar; hasta el momento no ha logrado nada.

Dar un paso atrás no es una opción. Ella salió huyendo de su país por el asesinato de un familiar y para salvarse de la violencia en Honduras, la opción fue migrar y llegar a EE. UU.

Pasa los días a la espera, guarecida en un cuarto forrado de plástico sobre un andador, donde cientos de migrantes se han refugiado por meses. Para tener un poco de dinero se ha empleado en el lavado de ropa ajena y está acompañada por otro connacional porque reconoce que la zona no es tan segura para una mujer que viaja sola.

“Vamos a esperar a ver qué dice el nuevo presidente (Trump) y la nueva presidenta (Sheinbaum), si ella dice que recogerán a todos los migrantes y los mandarán a su país, con tal de que salgamos con vida de México, pues ya lo tengo que pensar, ha sido muy difícil estar por meses sin saber dónde poder establecerme”, lamentó en entrevista.

Mientras tanto, en el INM, las oficinas son resguardadas por elementos de la Guardia Nacional, ya que, desde la semana pasada, muchos migrantes acudieron, pero han surgido molestias por las nuevas indicaciones.

Los agentes del INM aún no tienen información definitiva para atender a las personas con citas programadas para fechas posteriores, incluyendo el periodo del 31 de enero al cinco de febrero. 

La invitación “cortés”, por el momento, “insta” a los migrantes a desalojar ordenadamente el área, a la espera de nuevas instrucciones, porque no hay intención de engañarlos; pero tampoco se emiten nueva instrucciones desde el centro del país.

No cesan las caravanas

El año pasado, el Gobierno de México detectó un récord de más de 925 mil migrantes irregulares de enero a agosto pasado, un aumento interanual de casi 132 por ciento.

Aunque el mayor ingreso es por el río Suchiate, Chiapas, las autoridades mexicanas encontraron un mecanismo de dispersión para disimular la atención del flujo migratorio: envían a los migrantes a ciudades como Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, estado limítrofe con Centroamérica, a Villahermosa, en Tabasco, a Mérida, en Yucatán o a Chetumal, en Quintana Roo para dispersarlos, según el director del Centro de Dignificación Humana (CDH), Luis Rey García Villagrán.

También reveló que las caravanas sirvieron para que miles de migrantes que no fueron atendidos avanzaran fuera de Chiapas; pero lamentablemente, transitar por México sin papeles los somete a muchos riesgos. La estimación actual advierte que existen unos 30 mil migrantes varados en territorio nacional.

Sólo este fin de semana, en la frontera sur, hay tres caravanas activas: una que va camino a Pijijiapan, ya muy cerca, para pasar a territorio oaxaqueño; una más que permanece varada desde hace varios días en Escuintla a la espera de que el INM les expida la Forma Migratoria Múltiple, trámite que se complica ahora con las nuevas políticas emprendidas por Donald Trump y que impactan a México; la tercera carava apenas pudo llegar a Huixtla, es decir, solamente ha avanzado 41 kilómetros desde que salió de Tapachula.

Siendo una ciudad fronteriza con Guatemala, Tapachula ha sido punto de partida para muchos de los migrantes que enfrentan dificultades laborales en la región. Su situación migratoria los coloca en desventaja para contar con un empleo bien remunerado.

Con apenas una semana en el cargo, Trump ha emitido varias órdenes ejecutivas para frenar la inmigración ilegal. Éstas incluyen deportaciones masivas, el despliegue de tropas en su frontera sur y la detención de 538 personas en situación irregular –hasta el cierre de esta edición–, según datos proporcionados por la Casa Blanca.

Además, Donald Trump reactivó el programa “Quédate en México”, que obliga a los migrantes a esperar la resolución de sus casos migratorios del lado mexicano. Esto significa que el país atravesará una nueva aglomeración de migrantes de distintas nacionalidades, que buscan el sueño americano.

Mientras tanto, en Chiapas, las autoridades estatales y municipales anunciaron que se organizan para brindar atención a los chiapanecos que sean retornados con la agresiva política migratoria estadounidense, endurecida por un presidente republicano que busca satisfacer al electorado que lo respaldó.