En 2023, con elecciones en los estados de México y Coahuila –cuyos resultados serán fundamentales para las federales y presidencial de 2024– se prevé que la inflación se mantenga alta, sobre todo en alimentos y otros productos básicos, y que se disipe el efecto del publicitado aumento de 20 por ciento al salario mínimo.

La misma previsión anticipa que el alza generalizada de precios no supere el 8.5 por ciento que alcanzó en 2022; pero también que la posible recesión en la economía de Estados Unidos (EE. UU.) ocasione crecimiento nulo o incluso descenso económico en la mexicana, que se profundice la pérdida de empleos y descienda más el poder adquisitivo de los salarios.

En este marco, los expertos, entre ellos los del grupo financiero Citibanamex, han calificado como “demasiado optimistas” las previsiones económicas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), como la de que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) será del tres por ciento en 2023.

La mayoría de los especialistas en economía prevén que será de únicamente la mitad o menor, como es el caso del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas A.C. (IMEF), que el 14 de noviembre de 2022 calculó que sería del 1.1 por ciento, aun sin la influencia de la posible recesión estadounidense.

Consultado al respecto, el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Gregorio Vidal reveló a buzos: “efectivamente, la situación del crecimiento en 2023 no será la de 2022, y el alcance de la disminución estará vinculado al comportamiento principalmente de la economía estadounidense; para México es clave la economía estadounidense.

“Si hay una recesión en EE. UU., aunque sea mínima, va a afectar mayormente a México, sin ninguna duda… desde el lado mexicano no se está haciendo nada para actuar en ese terreno y el espacio que se tiene es mínimo, si es que hay algún espacio”.

Otro riesgo radica en las sanciones de hasta 30 mil millones de dólares (mdd) y más problemas con importaciones y exportaciones en el caso de que se pierda el conflicto con EE. UU. y Canadá, debido al incumplimiento del gobierno mexicano sobre el Tratado de Comercio México, EE. UU. y Canadá (T-MEC), como han previsto los especialistas en comercio internacional.

Presupuesto electorero

Un análisis de la organización México Evalúa, publicado en octubre pasado, reporta que el gasto social del Gobierno Federal de este año no tiene el objetivo de abatir las desigualdades, sino que tiene la mirada política puesta en las elecciones.

“México Evalúa analizó temáticamente el Paquete Económico 2023, e identificó los 10 riesgos más importantes. Varios de ellos se enfocan en la propuesta de gasto del Ejecutivo, más inclinada a la carrera por las elecciones presidenciales que a aliviar los problemas sociales más acuciantes”.

Consultado al respecto, Jorge Cano, investigador del Programa Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, informó a buzos: “el gobierno utiliza el gasto público de manera electoral; lo que hemos notado es que, desde 2022, se ha enfocado mucho en fortalecer esos programas prioritarios y vincularlos mediáticamente con el partido en el poder”.

Este vínculo del gasto público con los asuntos electorales se incrementará en 2023 –anotó Cano– y mencionó el caso de las pensiones para adultos mayores: “Es un programa que va a incrementar su presupuesto en más de 300 mil millones de pesos (mdp); este programa va a concentrar entre 33 y 35 por ciento del total del programa de subsidios”.

También afirmó que el reparto de apoyos monetarios no beneficia a los sectores más necesitados y que se efectúa a costa de recortes presupuestales o de la desaparición de programas sociales destinados a educación, salud, seguridad pública y medio ambiente, lo que perjudica a la población más vulnerable, incluida la beneficiaria de esos programas sociales.

El gasto federal 2023 aumentó de siete a ocho billones de pesos; y con la aprobación de la Cámara de Diputados se asignaron 872 mil mdp a los programas sociales del “bienestar”, cantidad muy por encima de los 600 mil mdp del presupuesto y equivalente a un aumento del 20 por ciento con respecto al destinado en 2022.

Para las organizaciones civiles especializadas en problemas sociales, este gasto representa un alivio temporal para los beneficiarios, pero perpetúa la pobreza porque tales medidas no se orientan a fomentar mejores condiciones de vida ni a estimular el desarrollo económico y social.

Este año tampoco se alcanzará el servicio sanitario “igual al de Dinamarca” que anunció el Presidente en 2018, y las familias mexicanas seguirán sin atención médica pública ni abasto suficiente de medicinas gratuitas y pagando de su bolsillo médico, estudios de laboratorio y medicamentos.

Jorge Cano denunció que el recorte al presupuesto destinado al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) e IMSS-Bienestar –dependencias encargadas de brindar atención médica y medicamentos gratuitos a la población carente de afiliación laboral– será del cuatro por ciento respecto a 2022; pues solo se le asignaron 127 mil 800 mdp de pesos en 2023.

Inflación, gran amenaza

En 2022, la inflación general se mantuvo por encima del ocho por ciento; pero la de los alimentos con mayor demanda estuvo entre 14 y 15 por ciento, pese a los dos multipublicitados programas “antiinflacionarios” que el gobierno activó el año pasado.

Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), advirtió, el 17 de octubre, que la inflación en alimentos continuaría a finales de 2022 y se mantendría durante 2023; y el 15 de noviembre, el IMEF previó que la inflación general sería de 5.1 por ciento.

Gregorio Vidal, investigador en economía por la Universidad Autónoma Metropolitana, refirió a este semanario que, en la inflación general, “destacan los aumentos de un conjunto de productos que impactan directamente el consumo de la población y eso se mantendrá en 2023.

“Puede seguir bajando el ritmo general de inflación y puede seguir reduciéndose un poco el precio de los alimentos, pero siempre en cifras que estarán afectando los ingresos de la población”.

El 1° de diciembre de 2022, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) anunció que, a partir del 1° de enero de 2023, el salario mínimo se incrementaría en 20 por ciento pero, según lo ocurrido en años recientes, ese incremento en los ingresos laborales será anulado por el aumento en los precios de productos y servicios; porque los empresarios de inmediato lo trasladan a sus costos.

La Comisión Nacional del Salario Mínimo (Conasami) informó que la cuota general de éste pasaría de 172 a 207 pesos diarios; y que en la frontera norte el incremento sería de 260 a 312 pesos diarios, beneficiando a 6.4 millones de trabajadores formales, cifra que equivale a solo el 10 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), integrada por 60.4 millones de personas, según el último reporte sobre ocupación y empleo del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), publicado el 29 de noviembre de 2022.

Con respecto al incremento del 20 por ciento, Gregorio Vidal comentó que éste plantea un problema: “no es equivalente en otros sectores de la población, ése es el problema. Entonces está como achatándose toda la estructura de los ingresos de los asalariados, sin que los que ganan más vayan mejorando en las mismas condiciones que los que ganan salario mínimo”.

Explicó, asimismo, que de los 60.4 millones de personas del PEA, más de la mitad (53.6 por ciento, es decir, 32.4 millones), laboran en la informalidad; es decir, sin contratos laborales ni prestaciones sociales, y a estos trabajadores en nada beneficia el citado incremento salarial del 20 por ciento.

El 30 de noviembre de 2022, Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México (Banxico) alertó que si bien este aumento salarial busca mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, también puede convertirse en uno de los factores que eleven el nivel de la inflación si las empresas trasladan su costo al precio de los productos.

Sobre la creación de empleos en 2022, aspecto relacionado directamente con el crecimiento económico, el IMEF explicó, el 15 noviembre de 2022, que los empleos formales reportados recientemente por el IMSS “no son necesariamente nuevos, ya que se ha registrado una formalización de empleos”.

Detalló que, en un marco de bajo crecimiento de la economía, como ocurre hoy en México, el aumento en la cantidad de empleos se refiere más a la regularización de los puestos ocupados por trabajadores en activo, que no habían sido registrados ante el IMSS.

En el agro, la crisis es peor

Este año, La crisis golpeará más a los trabajadores del campo debido a la desatención del gobierno de AMLO, en cuyo sexenio se ha alentado la compra de productos básicos en el extranjero, cuyos precios en dólares han contribuido a elevar los precios de la canasta alimentaria.

“Efectivamente –explicó Vidal– lo que nos reporta el comportamiento del comercio exterior es que hay un incremento en las importaciones de alimentos básicos; en particular de granos básicos; y además se ha optado por facilitar las importaciones de un conjunto de productos.

“Por un lado se supone que al aumentar las importaciones se están obteniendo mejores condiciones de precios en lo que se está importando como un mecanismo para frenar la inflación. Pero hay elementos contradictorios porque, por un lado, se dice que se busca producir todos los alimentos necesarios en el país, sin que exista necesariamente consistencia en todas las decisiones que se están tomando por parte del gobierno para alcanzar esa meta”.

En agosto de 2022, el coordinador general del Congreso Agrario Permanente (CAP), José Amadeo Hernández Barajas, advirtió que la situación del campo es tan crítica que, entre 2021 y 2022, se dejaron de sembrar seis millones de hectáreas de tierras de cultivo; y afirmó que, en los precios de fertilizantes y agroquímicos, los incrementos llegaron al 30 por ciento.

Hernández Barajas denunció que la desaparición de apoyos destinados al desarrollo agrario se ha traducido en mayor dependencia alimentaria respecto al mercado exterior con EE. UU., al que se compra aproximadamente 50 por ciento de los alimentos consumidos en México.

Esta dependencia ha provocado el alza en los precios de los productos básicos, lo que afecta no solo a los productores del campo, sino también a los consumidores. Por ello es urgente un incremento del 13 por ciento en los apoyos al campo que quedan, particularmente al Programa Especial Concurrente para que pase de 365 mil 700 a 413 mil 405 mdp este año, propuso el líder del CAP.

El 26 de agosto de 2022, la Confederación Nacional Campesina (CNC) denunció que las políticas del Presidente hacia el campo no solo han perjudicado a quienes viven de la actividad agrícola, sino que también se ha profundizado la crisis alimentaria que perjudica a decenas de millones de mexicanos.

En el marco del 84 aniversario de la fundación de la CNC, su dirigente, Ismael Hernández Deras, reveló que ya no se siembran por lo menos cuatro millones de hectáreas; que se han reducido en 50 por ciento los presupuestos de los programas agropecuarios; y que con la desaparición de la Financiera Rural se cerraron las puertas del crédito destinado a adquirir tractores e implementos agrícolas.

Hernández Deras aseveró que con la baja producción en el campo se incrementan los costos de la alimentación de las familias debido a que se han duplicado las importaciones de maíz, arroz, trigo y sorgo, granos comprados sobre todo a EE. UU.

Recesión en puerta

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió, el 11 de octubre de 2022, que el mundo se perfilaba hacia una recesión, cuyos efectos no solo se sentirían en EE. UU, sino en los países de América Latina y el Caribe, entre ellos México.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) previó, el 19 de octubre de 2022, que México caería en recesión con EE. UU.; mientras que el 17 de octubre la agencia informativa especializada Bloomberg anticipó también que EE. UU. llevaría a México hacia una recesión.

Bloomberg también reportó que, con base en cálculos técnicos, existe 100 por ciento de probabilidades de que en EE. UU. se desacelere el crecimiento económico en 2023 debido a los aumentos en las tasas de interés fijadas por la Reserva Federal –institución equivalente a un banco nacional o de Estado como Banxico– para intentar contener la inflación.

Carlos Capistrán, analista en jefe del Bank of América (BA) para Canadá y México, coincidió con este pronóstico; y el pasado 31 de octubre indicó que, de hecho, en los últimos meses de 2022, se observa una disminución en el envío de remesas de mexicanos radicados en EE. UU., y en las exportaciones de México.

A este panorama “colmado de nubarrones” se suma el conflicto derivado de la actitud del actual Gobierno Federal de no cumplir con el T-MEC.

El ocho de noviembre anterior, cinco días después de su primera reunión con la representante comercial estadounidense, Katherine Tai, la titular de la Secretaría de Economía (SE), Raquel Buenrostro, reveló, en el Senado de la República, que los gobiernos de EE. UU. y Canadá habían declarado “no satisfactorias” las repuestas de su homólogo mexicano en dos ocasiones.

Según expertos, entre ellos el exnegociador comercial mexicano, Idelfonso Guajardo, si se pierde ese diferendo, las sanciones económicas podrían ser hasta de 30 mil mdd; además de que se vería afectado el comercio bilateral con EE. UU., país del que proviene al menos el 50 por ciento de los alimentos que consumen los mexicanos y al que se destina la mayor parte de las exportaciones importantes, como las automotrices y otras manufactureras.

Al cierre de  esta edición, el gobierno de EE. UU. advertía que, ante la falta de solución a sus inconformidades, podría recurrir a un “Panel de Controversias” del T-MEC, del que saldrían las sanciones a México.

El 28 de noviembre de 2022, después de reunirse con el Presidente, el Secretario de Agricultura de EE. UU., Tom Vilsack, publicó en Twitter una advertencia: que de eliminarse la compra de maíz amarillo estadounidense habría un “impacto significativo” sobre las relaciones entre los dos gobiernos; y que su gobierno podría recurrir a otra controversia en el marco del T-MEC, como la que está en curso en materia de energéticos.

En resumen: 2023 será un año socioeconómico muy complicado, sobre todo para varios millones de familias que apenas salen al paso con el salario mínimo o cuyas ventas dependen de la economía informal… pero ninguno de estos gravísimos problemas parece importarle a AMLO, quien ahora solo está preocupado por la sucesión presidencial de 2024 y los resultados de los comicios estatales de este año en los estados de México y Coahuila.