Pidieron 10 mil pesos al dueño de un establecimiento.
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El PRI en el Congreso local anunció que votará en contra de la ratificación de la Fiscal Ernestina Godoy, sin ceder a ningún tipo de presión, ya que están a favor de un proceso legislativo transparente y apegado a la ley, no por la violación sistemática de la legalidad con que se ha caracterizado dicho proceso por parte de los diputados de Morena y sus aliados (PT y PVEM).
Además, destacaron que la mayoría oficialista ha convertido el procedimiento jurídico en un acto de simulación para afianzar sus intereses partidarios.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso de la CDMX recordó que Morena impulsó la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que permite perpetuar en el cargo a Ernestina Godoy mediante un proceso “Fast-Track”, omitiendo evaluaciones y certificaciones de confianza necesarias para acreditar la idoneidad de la persona que desempeñará el cargo.
En contraparte, el Revolucionario Institucional apoyó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para frenar los efectos de la llamada “Ley Godoy” y que han mantenido un diálogo cercano y permanente con organizaciones y colectivos de las víctimas.
Por ello, los diputados del PRI votarán en contra de la ratificación de Ernestina Godoy como Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, ya que, afirmaron, no se puede legitimar la violación del proceso legislativo ni los principios que se establecen en la Constitución Política de la Ciudad de México.
Pidieron 10 mil pesos al dueño de un establecimiento.
Será el miércoles 8 de octubre cuando el juez defina si la imputada queda vinculada a proceso por asociación delictuosa.
Las autoridades de la máxima casa de estudios informaron que los implicados se encuentran bajo investigación.
Las autoridades del STC explicaron que la separación existe desde 2021, sin modificaciones; además, aclaró que resulta común en zonas con curvas.
Comerciantes rechazan el aumento del IEPS aplicado a bebidas azucaradas, saborizadas y cigarros.
Los vecinos han solicitado atención mediante escritos a las autoridades locales sin obtener respuesta.
Las autoridades indicaron que el homicidio calificado conlleva penas de 20 a 50 años de prisión en la capital del país.
Más de tres mil 500 personas han sido desalojadas de reuniones ilegales, donde circulaba presuntamente alcohol adulterado y drogas.
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El alcalde morenista, Janecarlo Lozano no recibe a los vecinos y argumenta que no es su problema.
Tras la revisión de ambos planteles, las autoridades concluyeron que se trató de falsas alarmas.
Un comensal se acercó a la mesa de Yunes y lo llamó “traidor”.
Los estados con precios más altos son: Baja California Sur, Sinaloa y Durango.
Exigen medidas rigurosas para evitar la venta de drogas e impedir el consumo de bebidas alcohólicas en las instalaciones.
Aún permanecen 13 personas internadas; 5 en estado muy grave y 4 delicadas.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera