La agencia atribuyó este proceso al intenso bombeo de agua subterránea y al peso cada vez mayor de la expansión urbana.
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Foto: Internet
Legisladores del Congreso de la Ciudad de México proponen penas de siete a 14 años de prisión y de 500 a mil días de multa para quien ocupe un inmueble ajeno; en casos agravados, como despojo a familiares, personas en situación de dependencia o con uso de armas o participación de notarios públicos, las sanciones podrían aumentar de 10 a 20 años de cárcel.
La iniciativa, presentada por la coordinadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Tania Larios Pérez, busca modificar los artículos 237 y 238 del Código Penal local para endurecer las sanciones y frenar un delito que, según la legisladora, se ha vuelto uno de los más frecuentes y complejos en la capital.
Larios Pérez advirtió que las víctimas de despojo enfrentan procesos largos, costosos y burocráticos, lo que retrasa la recuperación de sus bienes y obstaculiza el acceso a una justicia efectiva.
El proyecto subraya que el despojo no sólo afecta la propiedad de los inmuebles, sino también el tejido social y la salud emocional de las personas afectadas. Señala además que la falta de registros actualizados de propiedad inmobiliaria facilita la falsificación de documentos, la simulación de actos de autoridad y el uso de vacíos legales para apropiarse de viviendas.
La iniciativa del PRI advierte que la falta de consecuencias reales ha generado impunidad e incentivos para repetir estas conductas.
“Las leyes existen, pero su aplicación es ineficaz; los registros de propiedad están desactualizados, los procedimientos son inaccesibles y los costos legales resultan tan altos que muchas personas desisten antes de obtener justicia”, ante ello, concluyó buscan aplicar sanciones más duras a fin de inhibir la comisión de este delito.
La agencia atribuyó este proceso al intenso bombeo de agua subterránea y al peso cada vez mayor de la expansión urbana.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera