La iniciativa de MC incluye un estímulo fiscal de 25 % del salario para empresas que los registren ante el IMSS.
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Foto: Internet
Legisladores del Congreso de la Ciudad de México proponen penas de siete a 14 años de prisión y de 500 a mil días de multa para quien ocupe un inmueble ajeno; en casos agravados, como despojo a familiares, personas en situación de dependencia o con uso de armas o participación de notarios públicos, las sanciones podrían aumentar de 10 a 20 años de cárcel.
La iniciativa, presentada por la coordinadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Tania Larios Pérez, busca modificar los artículos 237 y 238 del Código Penal local para endurecer las sanciones y frenar un delito que, según la legisladora, se ha vuelto uno de los más frecuentes y complejos en la capital.
Larios Pérez advirtió que las víctimas de despojo enfrentan procesos largos, costosos y burocráticos, lo que retrasa la recuperación de sus bienes y obstaculiza el acceso a una justicia efectiva.
El proyecto subraya que el despojo no sólo afecta la propiedad de los inmuebles, sino también el tejido social y la salud emocional de las personas afectadas. Señala además que la falta de registros actualizados de propiedad inmobiliaria facilita la falsificación de documentos, la simulación de actos de autoridad y el uso de vacíos legales para apropiarse de viviendas.
La iniciativa del PRI advierte que la falta de consecuencias reales ha generado impunidad e incentivos para repetir estas conductas.
“Las leyes existen, pero su aplicación es ineficaz; los registros de propiedad están desactualizados, los procedimientos son inaccesibles y los costos legales resultan tan altos que muchas personas desisten antes de obtener justicia”, ante ello, concluyó buscan aplicar sanciones más duras a fin de inhibir la comisión de este delito.
La iniciativa de MC incluye un estímulo fiscal de 25 % del salario para empresas que los registren ante el IMSS.
La demarcación registra 235 carpetas de investigación en 2026 y forma parte del grupo de alcaldías con mayor incidencia de este delito, junto con Cuauhtémoc y Benito Juárez.
Un creador de contenido denunció el intento de fraude en redes sociales; autoridades recomiendan no entregar dinero, celulares u objetos de valor a desconocidos.
La bancada guinda analizará la llamada Ley Trasciende, que busca legalizar la eutanasia y garantizar el derecho a una muerte digna para personas con enfermedades incurables o incapacitantes.
La presidenta mantiene niveles estables de respaldo ciudadano, mientras la seguridad, el crimen organizado y la corrupción continúan como las áreas peor evaluadas.
Por todos los muchachos afectados y por sus padres, hago votos porque el asunto se resuelva pronto y con justicia.
Eduardo Lima, especialista en derecho penal, compartió con buzos que sin protocolos ágiles, las denuncias quedan atrapadas en procesos tortuosos y complica la recuperación de inmuebles.
Del 31 de julio al 2 de agosto, el Jardín Hidalgo albergará danzas de las ocho regiones de Oaxaca, megacalenda, gastronomía, mezcal, moles y bazar artesanal con entrada libre.
Royfid Torres acusó que el portal oficial del Mundial 2026 omite contratos, empresas, ubicaciones de obras y deja sin justificar casi 6 mil millones de pesos del presupuesto.
A un año de la creación del gabinete contra el despojo, vecinos y afectados entregarán un pliego de siete demandas a la fiscal Bertha Alcalde y al secretario César Cravioto; piden replicar el modelo del Estado de México, donde aseguran que ya se recuperaron más de 2 mil propiedades.
El director del STC afirmó que continuarán los operativos para liberar pasillos y andenes ocupados por vendedores. También anunció la revisión de permisos, la reubicación de comerciantes y nuevas medidas para mejorar la movilidad y la seguridad.
Las líneas 1, 2 y 7 operarán una hora más los viernes y sábados, con salidas cada 10 minutos y la misma tarifa de 6 pesos.
La Secretaría de Cultura ya trabaja en la reconstrucción de las esculturas; Brugada defiende las pintas en la alcaldía Cuauhtémoc como una forma de libre expresión.
Las autoridades capitalinas informaron que a partir del 1 de enero de 2027 el trámite ya no estará disponible.
El derecho a la protesta como un instrumento de lucha popular hoy es violentado y lo ignoran quienes gobiernan tanto el país como cada una de las entidades y presidencias municipales.
Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera