El morenista Salomón Jara Cruz cumplió ya dos años cuatro meses al frente del gobierno de Oaxaca y se le complicaron los pendientes: no ha hecho nada para localizar a 915 mujeres desaparecidas (2.5 por día) denunciadas por los colectivos de madres buscadoras, ni ha destinado recursos financieros para crear la fiscalía especializada contemplada en la legislación estatal desde 2019.

Pero la crisis de desapariciones no se detiene y, además, la vox populi reporta que Jara Cruz no es bien visto en el Palacio Nacional, donde Claudia Sheinbaum Pardo le ha retirado su apoyo político. Tal versión se difunde desde el inicio de 2025, cuando la mandataria visitó Oaxaca.

También se informa que hay al menos 10 familiares en su equipo de trabajo, entre los que destacan sus sobrinas Sheila y Lourdes Bolaños, la primera se desempeña como directora de Administración y la segunda como aviadora de Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar; y que su nuera Tania Caballero es diputada local con un sueldo de 280 mil pesos mensuales.

Otro asunto que empeora la situación de Jara fue la desaparición y asesinato de la defensora de derechos humanos Sandra Estéfana Domínguez y su esposo Alexander Hernández, cuyos cuerpos fueron hallados el 24 de abril, crimen del que se sospecha fue investigado sólo parcialmente para efectos de archivo. Esta suposición se basa en que la activista desaparecida denunció en varias ocasiones a funcionarios cercanos al gobernador.

El pasado 15 de abril, los trabajadores del Hospital Dr. Aurelio Valdivieso –uno de los principales nosocomios de la capital, en el que se atiende a los pacientes de las ocho regiones oaxaqueñas– acusaron a Jara de ordenar al director del centro médico que no entregara recetas a los pacientes porque los medicamentos no alcanzan.

Días después, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) declaró que un niño originario de la agencia El Zacatal, perteneciente al municipio de San Juan Guichicovi, perdió la vida porque la clínica local no le brindó el transporte requerido para trasladarse con urgencia a un hospital especializado.

En el ámbito de la educación se suscitó otro incidente grave: César Figueroa Jiménez, alcalde de Miahuatlán, despojó violentamente a los estudiantes que ocupaban el albergue Dr. Juan Manuel Celis Ponce, haciendo uso de la fuerza policiaca. Poco después, en entrevista con la prensa estatal, confesó que había actuado así con la autorización de Salomón Jara. Además, como “chivo en cristalería”, Figueroa Jiménez despotricó ante la prensa oaxaqueña porque no le gustó que se le cuestionara por presentarse ebrio a los actos públicos.

 En Oaxaca, la pobreza laboral se incrementa: tan solo en un año (de 2023 a 2024) pasó del 58.7 al 63.9 por ciento; la tasa de trabajo informal es del 80.2 por ciento; se estima que el 80.6 por ciento de la población no cuenta con recursos suficientes para adquirir la canasta básica alimentaria.

 La percepción de inseguridad resulta muy elevada, pues entre marzo de 2024 y marzo de 2025 subió poco más de 10 puntos, del 57.8 al 68.9 por ciento; es decir, siete de cada 10 habitantes expresan temor a ser víctimas de un delito. En diciembre pasado, sin embargo, la tasa llegó a 70.2 y se cometen entre tres y cuatro homicidios por día.

Con el gobernador Salomón Jara Cruz no hay “primavera oaxaqueña” ni “buenos tiempos”, pero sí más pobreza, inseguridad, desapariciones, ataques a la educación y un sistema de salud en crisis. Si los oaxaqueños pensaron que con el priista Alejandro Murat no podían estar peor, hoy se van de espaldas con el morenista.

La realidad hará reflexionar al pueblo de Oaxaca, que más temprano que tarde deberá deshacerse del morenismo, hoy encumbrado en el poder estatal y federal. Por el momento, querido lector, es todo.