Cargando, por favor espere...
El 17 de febrero, trabajadores de Salud del Estado de México (Edomex) se manifestaron en varios puntos de la entidad y en la Ciudad de México; sus demandas, como otras exigencias desarrolladas en Sonora, Puebla, Veracruz y Oaxaca, no son nuevas: mejores condiciones laborales, pago de salarios de enero, insumos y abasto de medicamentos en hospitales y clínicas. Sorprendentemente, esa denuncia por la carencia de insumos hospitalarios básicos en todas las unidades médicas del Edomex y la destitución del titular de la Secretaría de Salud (SS) estatal por omitir esta situación, el Gobierno Federal respondió con granaderos para detener y reprimir la inconformidad: fueron acorralados y su derecho a la manifestación pública fue también violado.
Sin duda, el recién estrenado gobierno de Claudia Sheinbaum y la “Cuarta Transformación” (4T) reprimen las protestas sociales, envían policías y “encapsulan” a los manifestantes; sobre tales demandas, el Gobierno Federal no difunde nada o muy poco; sólo que, en marzo, se entregarán insumos médicos: ¿Acaso el gobierno usará a los granaderos contra los inconformes que denuncien injusticias y arbitrariedades provenientes de sus funcionarios? y ¿cuál es el fondo de las crecientes protestas del personal de Salud a cinco meses de iniciado el gobierno de la Presidenta?
Hay evidencias recientes: Tras el recorte al sector Salud en 2025, el sistema de salud deberá funcionar con menos dinero, porque se asignaron únicamente 881 mil millones de pesos (mdp), 12 por ciento menos que lo destinado en 2024, una disminución real de 122 mil mdp. Así, ¿cómo se ampliará el acceso a servicios médicos, mejorar infraestructura, conservar al personal hospitalario, o cómo se garantizará el abasto de fármacos?
Con menos dinero, el derecho a la salud de los mexicanos ya no se garantiza; y el bienestar de la población se arriesga más; aspectos referidos por instituciones como el Centro de Investigación Económica Presupuestaria, el Instituto Mexicano para la Competitividad y México Evalúa fueron más allá: a inicios del año, solicitaron a Sheinbaum que condicionara y reformara el servicio de Salud para impedir que tales instituciones gasten menos de lo asignado.
En diciembre pasado, más de 100 organizaciones pertenecientes al Colectivo Cero Desabasto advirtieron sobre la reducción de recursos; y aseguraron que si se aprobaba, la salud pública sufriría y los derechos humanos resultarían violentados; además, estos recortes tendrían un impacto profundo en los servicios de salud: debilitarían el sistema, que ya tiene abundantes limitaciones y deficiencias; y compararon cifras: esos 881 mil mdp apenas representan el 2.5 por ciento del Producto Interno Bruto, muy bajo respecto del seis por ciento recomendado por la Organización Mundial de la Salud, porque los Estados deben alcanzar un mínimo para garantizar la salud de su población.
La reducción de los recursos y su mala aplicación provocan la crisis del sistema de salud mexicano desde hace décadas; pero a partir de 2019, Andrés Manuel López Obrador decidió “matar” al Seguro Popular, que tenía 52 millones de afiliados y representaba 41 por ciento de la población en ese año; el proyecto era bueno porque brindaba acceso a servicios de prevención y promoción de salud, ofrecía medicina general y especializada, asistía urgencias, cirugía general, brindaba también servicios para tratamientos caros o susceptibles de muerte. El Seguro Popular desapareció para centralizar y garantizar el acceso oportuno a la salud; pero resultó en que hoy existen 54.4 millones de mexicanos sin acceso a clínicas u hospitales: pasamos de la sartén a la lumbre.
En tiempos del Covid-19, el Gobierno Federal calificó a los médicos como héroes; pero hoy, cuando salen a inconformarse porque no pueden ejercer su trabajo o reclamar sus salarios mensuales, son recibidos por granaderos para que los repriman y violen su derecho constitucional a la libre manifestación. En un comunicado del 18 de febrero, ante las protestas, Sheinbaum declaró que, desde el tres de marzo, comenzará la distribución de fármacos hasta 2026; y se comprometió a que el paciente “no gaste absolutamente nada en ningún medicamento, sino que todos sean gratuitos, independientemente de si es un cuadro básico o un cuadro más complejo”; el tiempo dirá si fueron más mentiras y demagogia.
Sobre la exigencia del pago al salario de los trabajadores y sobre la petición para destituir a Macarena Montoya Olvera de la SS mexiquense, no mencionó nada. Hoy, quienes ayer fueron héroes, son recibidos con granaderos. La cara represiva Morena y la 4T no puede ocultarse; y los mexicanos debemos denunciarlos porque eso sí es “por el bien de todos”. Por el momento, amigo lector, es todo.
Los sucesos de 2024, aunque parecen normales, se enmarcaron en las elecciones mexicanas y estadounidenses; y las perspectivas para 2025 se vislumbran complicadas y difíciles.
Con menos dinero, el derecho a la salud de los mexicanos ya no se garantiza; y el bienestar de la población se arriesga más.
Escrito por Miguel Ángel Casique
Columnista político y analista de medios de comunicación con Diplomado en Comunicación Social y Relaciones Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).