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Con bombo y platillo, el cinco de febrero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó 20 iniciativas de reformas constitucionales que serán impulsadas para que sean aprobadas antes de que concluya su mandato. En un evento al que no asistieron los representantes de los poderes Legislativo y Judicial, con el gabinete en pleno y acompañado de su esposa, como si se tratara de un régimen monárquico, muy a su estilo arrancó con un discurso en el que efectúo la exposición histórica del tema, hizo alusiones a la visión humanista de Hidalgo y Morelos, plasmada en aquel documento memorable conocido como Los sentimientos de la nación, que aseveró eran la justificación para formular las enmiendas legales.

De nueva cuenta sustenta sus determinaciones con generalizaciones vacuas, arranca afirmando que la meta de su gobierno es “la mejor distribución de la riqueza y el presupuesto público”, “nuestro objetivo es la reivindicación del pueblo y el combate a la corrupción”, “nuestro objetivo es que se eleve el salario del peón”, y así una larga lista de frases estruendosas que difícilmente podrían ser contrariadas, pues resultan lógicas y cargadas de humanismo, pero pocas pasan la prueba de la concreción.

Llama la atención la urgencia de colocar en la agenda pública las propuestas legislativas al acercarse la conclusión del sexenio, y sobre todo ante la proximidad del arranque formal de las campañas electorales, pero también resulta interesante la variedad de temas que se abordan.

De aprobarse las propuestas del Ejecutivo, impactarán distintos ámbitos como la situación electoral, el maltrato animal, el derecho a la salud, las pensiones, los derechos de los pueblos indígenas, el combate a la corrupción o los salarios de maestros y policías. Lo dicho, nadie en su sano juicio puede estar en contra de las propuestas, sin embargo, constituyen generalidades en las que no se precisa cómo se materializarán; sólo se enuncian con el propósito de manifestar discursivamente compromiso con el pueblo para obtener respaldo electoral, pero en virtud de la inviabilidad, la mayoría de ellas fueron rechazadas por los legisladores y salió a culparlos de oponerse al bienestar del pueblo. A efecto de demostrar lo anterior, quiero traer a cuenta algunas de las propuestas presidenciales. Veamos. 

Reforma al Artículo 4º. “Establece que el estado garantizará atención médica integral, universal y gratuita, incluyendo estudios médicos, intervenciones quirúrgicas y los medicamentos necesarios”. Vaya incongruencia. Por principio ya está asentada tal aseveración, pero como es del conocimiento público la realidad demuestra que sólo existe en el papel, e incluso aunque un sistema de salud como el de Dinamarca fue un compromiso de campaña, y para ello se desaparecería el Seguro Popular y lo sustituirían por el INSABI y posteriormente por el IMSS–BIENESTAR, incluso se habló de la apertura de una “megafarmacia”, lo cierto es que los hospitales públicos siguen sin medicinas, pasa mucho tiempo para que agenden una cita con un especialista y casi nunca hay material quirúrgico, por ello aunque se lograra la mencionada reforma, la realidad demuestra que sólo son buenas intenciones, pues a pesar de las promesas tenemos un pésimo sistema de salud en México.

Reforma al Art. 123. En materia de vivienda. “Se establece que toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo estará obligada a proporcionar viviendas cómodas e higiénicas a sus personas trabajadoras.” “Propone la creación de un fondo nacional de la vivienda, al cual las empresas realizarán aportaciones para constituir depósitos a favor de sus trabajadores.” Una vez más, la demagogia al descubierto; por principio, ya existía tal derecho contenido en la ley; de ahí deriva la existencia de diversos organismos como INFONAVIT o los institutos de vivienda locales, traer a cuenta el tema constituye un engaño más, pues la edificación de vivienda para los trabajadores no es un logro de esta administración. ¿Cuáles son los complejos habitacionales para los obreros en el país hechos por este gobierno? ¿Si ya existe el precepto legal, por qué no se materializa? ¿Cuál es la intención de traerlo a cuenta de nuevo? Está claro, también aquí se pretende manipular y engañar a los trabajadores, hacerles creer que se busca cumplir un derecho para el pueblo, pero no se cumple en la práctica a pesar de sus más de cinco años de gobierno, es un acto más de vil y pura demagogia.

Reforma electoral. La iniciativa presentada por el Presidente contempla reformas a los artículos 35; 41; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 60; 63; 73; 99; 105; 110; 111; 115; 116 y 122 para reducir gastos destinados a campañas y partidos políticos, así como la disminución del número de regidores en gobiernos municipales y eliminar candidaturas plurinominales, esto implicaría ajuste para el Congreso, ya que la Cámara de Diputados se constituirá por 300 legisladores y el Senado, con 64.

“La reforma propone la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) en lugar del actual Instituto Nacional Electoral (INE). El INEC sería la única autoridad administrativa electoral del país, absorbiendo las funciones de los órganos públicos locales. Ahora, a la demagogia se suma la intolerancia y la antidemocracia, pues se pretende suprimir la representación de otras fuerzas políticas ahora que se tienen los recursos del Estado y programas clientelares para ganar elecciones. Durante años, desde la oposición, los morenistas obtuvieron voz y se defendían posiciones desde los cargos de representación proporcional; pero hoy en el poder, intentar desaparecer el INE, como venganza tardía por no haberlo consumado antes, deja ver el deseo de controlar todas las elecciones con algún incondicional, como saben hacer los morenistas.

Reforma al poder judicial. Propone que las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las magistradas y los magistrados de circuito, las juezas y los jueces de distrito; y las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, sean elegidos de manera directa y secreta por la ciudadanía en elecciones ordinarias. La pretensión es clara, con recursos públicos, manipulando programas, y quizás colocando a incondicionales se pretende hacer de lado la carrera judicial y, de paso, quitar incómodas resoluciones, es una clara muestra de autoritarismo.

Los anteriores ejemplos son sólo una muestra de las verdaderas intenciones del Presidente; se habla de las pensiones al cien por ciento, pero no se dice cómo fondearlas; se habla de simplificación administrativa, pero el objetivo es desaparecer los organismos autónomos, se habla de derechos indígenas o de los animales, pero sólo es fraseología general.

Está claro, el mandatario federal sólo pretende confundir a la opinión pública con el objetivo de obtener simpatías electorales, hablar de reformas le permite manipular a la opinión pública, más aún al centrarse en el bienestar común, pero hablar de justicia social sin trastocar a los grandes monopolios, sólo es demagogia.

Las reformas constitucionales que impulsa AMLO, se parecen tanto al cretinismo parlamentario del que hablara el gran Carlos Marx en sus tratados; con la propaganda de la 4T se piensa que basta con enmiendas legales para cambiar la condición de los menesterosos, cuando lo que se requiere es un cambio de forma de organización social, por otra que privilegie la satisfacción a plenitud de las necesidades del pueblo, de lo contrario los cambios a los ordenamientos legales sólo serán buenas intenciones con fines electorales.