Habitantes reportan enfermedades respiratorias, pérdida de cultivos, contaminación de agua y muerte de ganado.
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Foto: Reuters
En 2018, cuando el Movimiento de Regeneración Nacional asumió el poder, el Gobierno Federal, en ese entonces encabezado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) atribuyeron el desabasto de gasolina al combate del robo de combustible, huachicol, siete años después, la falta de hidrocarburos en estaciones de servicio se justificó a fallas logísticas en la distribución.
Sin embargo, para el consultor en economía Pedro Tello, la ausencia de equipo suficiente para trasladar gasolina obedece a un conflicto financiero con los proveedores “la falta de pagos a transportistas impide que las pipas operen de manera regular”, manifestó en entrevista con el periodista Luis Cárdenas.
Afirmó: “gasolina sí hay, lo que no hay es suficiente equipo para trasladarlas a las estaciones de servicio por un problema de falta de pago a proveedores”.
Dicha situación afectó la semana pasada a diversas estaciones de servicio en entidades como Chiapas, Nuevo León, Estado de México y Ciudad de México. Aunque Petróleos Mexicanos (Pemex) asegura que el suministro se normalizó, persisten reportes de escasez y denuncias ciudadanas, principalmente en redes sociales.
El 18 de agosto, el Gobierno Federal reasignó a Pemex el control total de la distribución de gasolinas. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Ejército transferirá las pipas adquiridas en 2019 durante la administración del expresidente AMLO, con el fin de mejorar el control y combatir el robo de combustible, pero, el nuevo esquema no ha logrado evitar interrupciones en el abasto.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en 2019 se identificaron problemas estructurales en el Plan Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas, entre ellos contrataciones incompletas de operadores y una deficiente planeación logística; así como el incumplimiento en la compra de pipas y un bajo número de contratos firmados, lo cual limitó la capacidad operativa.
Pese a las recomendaciones de la ASF, Pemex no corrigió su estrategia y en agosto de 2025, se reportaron nuevas afectaciones por desabasto en al menos 22 municipios de Chiapas, 42 estaciones en Nuevo León y zonas específicas de Tlalpan, Coyoacán y Ecatepec. Mientras la empresa asegura que el suministro ya se regularizó, usuarios de redes sociales aún señalan irregularidades como limitación en su movilidad y largas filas en estaciones de suministro.
El plan de negocios de Pemex plantea que en dos años se pondrá al corriente con los pagos pendientes. No obstante, sus limitaciones financieras y operativas ponen en duda esa meta, concluyó el consultor.
Habitantes reportan enfermedades respiratorias, pérdida de cultivos, contaminación de agua y muerte de ganado.
La instalación, cercana a Cadereyta, procesa crudo robado y opera con una capacidad de hasta 10 mil barriles diarios.
El proceso por violencia familiar continúa y podría resolverse mediante una salida alterna.
Las compañías también obtuvieron convenios con la CFE, gobiernos estatales y dependencias locales.
El delito se persigue de oficio y este martes se definirá si enfrenta el proceso en libertad mediante una posible suspensión provisional.
Pemex compró la planta a un sobreprecio de 216 millones 664 mil 40 dólares, cantidad que debía devolverse como reparación del daño.
La situación compromete las obligaciones internacionales de la compañía estatal y la calificación soberana de México.
Las indagatorias lo relacionan con esquemas de lavado de dinero, evasión fiscal y extracción ilegal de combustibles.
La disminución se debió a la declinación natural de los yacimientos.
Pemex continúa apoyándose en recursos gubernamentales para enfrentar sus compromisos financieros.
La investigación de la FGR se centra en operaciones con recursos de procedencia ilícita y por la posible participación en el esquema financiero del caso Agronitrogenados.
El esquema habría generado millones de dólares mediante el contrabando ilegal de combustible.
Pobladores cuestionan informes oficiales y exigen estudios independientes.
La presidenta afirmó que no protegerá a ningún funcionario señalado por presuntos actos de violencia y confirmó que el exdirector de Pemex no ocupará ningún cargo federal mientras la Fiscalía de Morelos investiga el caso.
Se desconoce cuántas de las 212 autoridades municipales en funciones han comenzado a elaborar sus Atlas.
Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.