Organizaciones civiles sostienen que ningún beneficio económico justifica esta práctica
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Foto: Reuters
En 2018, cuando el Movimiento de Regeneración Nacional asumió el poder, el Gobierno Federal, en ese entonces encabezado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) atribuyeron el desabasto de gasolina al combate del robo de combustible, huachicol, siete años después, la falta de hidrocarburos en estaciones de servicio se justificó a fallas logísticas en la distribución.
Sin embargo, para el consultor en economía Pedro Tello, la ausencia de equipo suficiente para trasladar gasolina obedece a un conflicto financiero con los proveedores “la falta de pagos a transportistas impide que las pipas operen de manera regular”, manifestó en entrevista con el periodista Luis Cárdenas.
Afirmó: “gasolina sí hay, lo que no hay es suficiente equipo para trasladarlas a las estaciones de servicio por un problema de falta de pago a proveedores”.
Dicha situación afectó la semana pasada a diversas estaciones de servicio en entidades como Chiapas, Nuevo León, Estado de México y Ciudad de México. Aunque Petróleos Mexicanos (Pemex) asegura que el suministro se normalizó, persisten reportes de escasez y denuncias ciudadanas, principalmente en redes sociales.
El 18 de agosto, el Gobierno Federal reasignó a Pemex el control total de la distribución de gasolinas. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Ejército transferirá las pipas adquiridas en 2019 durante la administración del expresidente AMLO, con el fin de mejorar el control y combatir el robo de combustible, pero, el nuevo esquema no ha logrado evitar interrupciones en el abasto.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en 2019 se identificaron problemas estructurales en el Plan Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas, entre ellos contrataciones incompletas de operadores y una deficiente planeación logística; así como el incumplimiento en la compra de pipas y un bajo número de contratos firmados, lo cual limitó la capacidad operativa.
Pese a las recomendaciones de la ASF, Pemex no corrigió su estrategia y en agosto de 2025, se reportaron nuevas afectaciones por desabasto en al menos 22 municipios de Chiapas, 42 estaciones en Nuevo León y zonas específicas de Tlalpan, Coyoacán y Ecatepec. Mientras la empresa asegura que el suministro ya se regularizó, usuarios de redes sociales aún señalan irregularidades como limitación en su movilidad y largas filas en estaciones de suministro.
El plan de negocios de Pemex plantea que en dos años se pondrá al corriente con los pagos pendientes. No obstante, sus limitaciones financieras y operativas ponen en duda esa meta, concluyó el consultor.
Organizaciones civiles sostienen que ningún beneficio económico justifica esta práctica
Desde 2019, el Gobierno Federal ha otorgado recursos por casi dos billones de pesos (bdp) a Petróleos Mexicanos (Pemex). No obstante, la compañía mantiene un crecimiento marginal en su producción de hidrocarburos líquidos, señaló el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Las utilidades de la empresa cayeron 69.7 por ciento en el segundo trimestre del año.
El mayor pago de impuestos y los efectos cambiarios presionaron los resultados de la petrolera.
El incidente, detectado el martes, es el noveno de 2026 en la región, reavivando la exigencia de soluciones por parte de las comunidades locales.
Ejército, Guardia Nacional y personal de Pemex aseguraron un inmueble donde fueron localizadas pipas, tanques y maquinaria; la FGR mantiene abierta la investigación.
El hidrocarburo superó las estimaciones de la Secretaría de Hacienda.
Los ayuntamientos rechazaron autorizar el uso de explosivos para actividades de exploración petrolera y advirtieron que el Plan Estratégico de Pemex 2025-2035 contempla reactivar la evaluación de yacimientos mediante fracturación hidráulica.
Falta de infraestructura y altos costos logísticos afectan la capacidad de los establecimientos para apegarse al acuerdo.
FGR investiga una presunta red encabezada por Ingemar, empresa ligada al exgobernador Ernesto Ruffo Appel, que habría introducido de forma ilegal casi 800 millones de litros de gasolina y diésel.
La agencia advirtió que la petrolera mexicana es la más débil en América Latina.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a 34 servidores públicos de 20 instituciones federales por faltas graves y no graves. Las sanciones incluyen inhabilitaciones, destituciones y multas de hasta 1.8 millones de pesos.
La petrolera atribuyó el incidente a la inundación de sistemas de drenaje por lluvias atípicas.
Habitantes reportan enfermedades respiratorias, pérdida de cultivos, contaminación de agua y muerte de ganado.
La instalación, cercana a Cadereyta, procesa crudo robado y opera con una capacidad de hasta 10 mil barriles diarios.
La derrama que no llegó a la mesa
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.