El avance del crimen organizado sobre la política local; una reforma judicial excluyente; restricciones presupuestales que desmantelan servicios públicos y una digitalización gubernamental acelerada sin garantías anticorrupción, son los cuatro ejes que identificó la organización México Evalúa para determinar el deterioro por el que atraviesa el Estado mexicano.

De acuerdo con la organización, el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, integrantes del círculo cercano a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, reveló el grado de infiltración del crimen organizado en el núcleo político de la capital.

El ataque, que según la Fiscalía General de Justicia de la CDMX: fue ejecutado con un alto grado de profesionalismo, exhibió la capacidad de los cárteles para imponer sus reglas mediante la violencia, hecho que puso en duda la autoridad del Estado en su centro neurálgico y deja vulnerable a cualquier otro municipio ante la expansión de los regímenes criminales, aseguró México Evalúa.

Con respecto a la reforma judicial excluyente, la organización dijo que desplazó el mérito profesional con una competencia electoral marcada por la inequidad. Además, documentó que más de la mitad de las candidaturas a jueces y magistrados federales compiten en condiciones desiguales, con distorsiones en la distribución de vacantes y boletas. Este rediseño sin contrapesos debilita la legitimidad de un poder fundamental para la justicia en el país.

Mientras tanto, con relación a la cuenta pública, aseguró que enfrenta limitaciones severas, toda vez que el presupuesto ha dejado de cubrir funciones esenciales del Estado, afectando principalmente servicios como salud y seguridad. Esta contracción fiscal desmantela la capacidad operativa del gobierno y multiplica la vulnerabilidad de la población, al tiempo que facilita el avance de actores que suplen al Estado con estructuras paralelas.

En materia de digitalización gubernamental, impulsada como una solución de eficiencia, presenta riesgos sustanciales al carecer de controles suficientes. La nueva ley para eliminar trámites busca digitalizar el 80 por ciento de los procesos sin rediseñar los existentes, sin garantizar derechos digitales y sin participación ciudadana en su diseño. En este tema, México Evalúa y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtieron que la iniciativa debilita la rendición de cuentas, ignora las brechas tecnológicas y puede perpetuar las ineficiencias bajo una nueva fachada.

Finalmente, México Evalúa hizo un llamado al Gobierno Federal para que asuma un liderazgo firme y comprometido con la recuperación del Estado; de lo contrario, la transformación será sólo una promesa incumplida en un país cada vez más fracturado por la opacidad y la simulación.