Muchas de las mediciones que se emiten obedecen, en más de una ocasión, a un carácter subjetivo, es decir, dependen del planteamiento mostrado por el investigador para interpretar tal fenómeno de la realidad.
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El 15 de febrero, principalmente en Chihuahua y otros estados norteños, ocurrió el nuevo apagón, dejando sin energía a 4.6 millones de personas; la CFE aplicó luego cortes de suministro en 23 estados. Además de las bajísimas temperaturas que sufre la población, numerosos sectores industriales pararon o redujeron producción. El Presidente salió al paso declarando que la escasez de gas “se debe fundamentalmente a las heladas, a la situación del mal tiempo en el norte, principalmente en Texas, donde se generó esta situación”. ¡Así de simple! Pero recordemos que en diciembre hubo otro apagón (y antes uno en el Sureste); el penúltimo atribuido al incendio de unos pastizales; éste, a la nevada en Texas. Buscando culpables: “... el director general de las divisiones CFEnergía y CFEInternacional, Miguel Reyes, arremetió en conferencia de prensa contra los Gobiernos anteriores por generar una “dependencia del gas natural” de Estados Unidos, lo que supone “el origen de este problema” (SinEmbargo, 18 de febrero). Pero, ¿y este gobierno qué ha hecho? Lo real es que se exhibió una grave debilidad estructural: nuestra profunda dependencia energética, aunada a la incapacidad del gobierno de López Obrador para administrar el país.
Ciertamente, por la inusual tormenta invernal en Texas aumentó allá la demanda de gas, la producción colapsó, y el precio pasó de tres a 400 dólares por unidad. Dicho sea de paso, vemos cómo en una economía capitalista, cuando más apremian las necesidades de la población, más aumentan los precios. Antes que atender necesidades y la vida misma de la gente, en este caso, muriendo de frío, se impone la ganancia empresarial. El mercado, con su ley de oferta y demanda no es, pues, el mecanismo más racional y humano de asignación de recursos. Pero volvamos a nuestro tema.
El 17 de febrero, Texas prohibió la exportación del gas, impactando la generación y suministro de electricidad aquí. Pero eso fue solo el detonante; la causa es que producimos la electricidad fundamentalmente con gas natural importado, de Texas (primer productor de gas y petróleo en EE. UU.), de donde procede 90 por ciento de nuestro consumo; con esa fuente de generación la CFE produce el 40 por ciento de la electricidad del país, y se genera el 64 por ciento del total nacional. Mas, ¿en qué consisten la dependencia y los problemas energéticos?
Primero, Pemex viene disminuyendo su producción de gas. Según la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el consumo ha aumentado 32 por ciento en los últimos 12 años, mientras la producción cae sostenidamente: en 2007 se produjeron cuatro mil 880 millones de pies cúbicos diarios; en 2018, fueron dos mil 738, y en 2019 se produjeron dos mil 587 (véase cómo en este gobierno sigue cayendo), y la importación sube. “... hace años que México perdió su independencia energética (...) En 2020 la importación ya era el doble (...) de lo generado en el país...)” (BBC, 18 de febrero). Tanta es nuestra vulnerabilidad que, cuando Estados Unidos quiera presionar a México, casi literalmente, moviendo una palanca podría paralizar la economía y dejarnos en el frío y la oscuridad.
Segundo, el sistema de almacenamiento es muy limitado. “... las reservas no alcanzan ni para dos días (...)” (Expansión, 20 febrero 2021). Holanda, en cambio, tiene para 151 días y Alemania, para 100. Es responsabilidad gubernamental ampliarla, en lugar de despilfarrar millonadas en obras locas. Tercero, el gobierno compraba anualmente coberturas, contratos de protección de mediano plazo que garantizan el aprovisionamiento de cantidades fijas y un precio máximo; este gobierno no lo hizo, y como resultado se suspendió el suministro y los precios se hicieron inalcanzables, sin que pudiéramos hacer nada, salvo “protestar”: el estéril derecho al pataleo. Además, como dice John Hilfiker, S&P Global Platts, El País, 18 de febrero: “... México compra el 30% de su gas natural en el mercado spot, es decir, en tiempo real. No tienen compromisos contractuales para ese suministro de más larga duración, entonces es uno de los compradores que primero se ven afectados cuando no hay suficiente oferta. Esto es un problema para la empresa (Pemex), ya que su modelo de negocios no contempla pagar precios tan altos por la energía que impulsa sus operaciones...”.
Como panacea, López Obrador impone su reforma a la Ley de Industria Eléctrica, que da exclusividad a la CFE en generación, obstruye la inversión extranjera y rechaza el desarrollo de energías limpias, dejándonos anclados al carbón y el combustóleo (les falta incluir el uso de leña). Si la CFE fuera monopolio paraestatal, pero eficiente, no habría problema, pero la propia 4T, con su ineficacia, la pone en tela de juicio.
Reducir la dependencia exige reorientar el gasto con criterio de racionalidad económica y bienestar social; también la capacidad de almacenamiento, y la generación de electricidad con energías limpias. Y más que bloquear la inversión extranjera, debe aprenderse a tratar con ella para evitar sus peligrosos excesos y el daño que causa cuando se la deja en absoluta libertad; se puede lograr asociación sin daño a la soberanía, como muestra el ejemplo chino. Es posible también generar energías limpias con inversión mexicana, privada o pública. Al respecto, el portal DW (19 de febrero) cita declaraciones de Pablo Necoechea, consultor en temas de energía: “... México cuenta con una capacidad instalada para generar electricidad a través de energía renovable de un 31%”. John McNeece, investigador sobre energía y comercio del Centro de Estudios México-Estados Unidos, dice: “... México es uno de los países del mundo con mejor potencial para la energía solar, lo que se llama insolación (...) Imperial City, que produce 2000 megawatts de energía solar y su similar ciudad en México, Mexicali, evidentemente con las mismas condiciones solares, no produce nada (...) Las energías limpias, como la eólica y solar, requieren una fuerte aportación de capital inicial, pero su operación es a un costo muy bajo y sin combustibles” (citado por Rafael Fernández de Castro, El Financiero, 19 de febrero).
Sin embargo, frente a la dependencia del gas norteamericano y las empresas de energía limpia, el gobierno y sus empresarios, como Armando Guadiana (senador por Morena y magnate del carbón) no conciben una solución superior a los combustibles fósiles; viven un falso dilema: o energías limpias con empresas trasnacionales, o energías nacionales, pero sucias, con carbón y combustóleo, que son más caras: producir un megawatt/hora con combustóleo cuesta el doble que con energías renovables (CFE). Las energías caras y sucias benefician a los señores del carbón, pero afectan a los consumidores: con la 4T el precio ha subido. “En 2021, los mexicanos pagan 12 por ciento más por la electricidad que consumen en sus hogares desde que el Gobierno Federal decidió, en 2019, aumentar la tarifa eléctrica que había permanecido fija desde 2016...” (El Sol de México, CFE, 17 de febrero). Y los industriales han advertido que con la reforma se generará electricidad más cara, que elevará los costos de operación industrial hasta un 60 por ciento, y muchas empresas quebrarán.
Como conclusión, es cierto que la dependencia es resultado del neoliberalismo, pero igual lo es que el gobierno actual, con tiempo ya suficiente, no ha hecho lo necesario para resolver el problema. Dedica los recursos a construir obras inútiles y gravosas. No tiene la más remota idea de la planeación, ni de las prioridades en el gasto público y la inversión, y es incapaz de prever y resolver situaciones de crisis.
Muchas de las mediciones que se emiten obedecen, en más de una ocasión, a un carácter subjetivo, es decir, dependen del planteamiento mostrado por el investigador para interpretar tal fenómeno de la realidad.
Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer los resultados de la medición de la pobreza para 2024 en nuestro país.
Prestigiados analistas e investigadores de universidades, institutos y asociaciones civiles opinan que los avances de la lucha contra la pobreza en México no son para celebrar.
El gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T) festejó que, durante el sexenio pasado, 13.4 millones de mexicanos dejaron la pobreza.
La medición de la pobreza se ha convertido en uno de los criterios sustanciales para evaluar el desempeño gubernamental y las posibilidades de un crecimiento con desarrollo de un país.
El gobierno federal presume una ligera disminución en la pobreza estatal pasando del 60.4 por ciento en 2022 a 58.1 en 2024, pero esa “mejora” no altera las causas de fondo.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) era la institución encargada de medir la pobreza y el impacto de la política social en México, pero a mediados de este año sus funciones fueron transferidas al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Pero cabe preguntar: ¿cómo salieron de la pobreza 13 millones de mexicanos si la política económica del sexenio anterior fue por demás desastrosa?
La entidad financiera insistió en que la certidumbre jurídica y el empleo formal serán clave en la reducción de los niveles de pobreza
El especialista del Colmex negó que 13.4 millones de mexicanos hayan salido de la pobreza y asegura que los datos del Inegi están “cuchareados”.
El índice evalúa 173 ciudades en cinco categorías: estabilidad, atención médica, cultura y medio ambiente, educación e infraestructura.
Por más que algunos artífices del Gobierno de México se empeñen en acomodar su discurso por “cambiar” la situación de pobreza, marginación y miseria en que vivimos los mexicanos, los testimonios de las amas de casa, obreros, jefes de familia, campesinos o albañiles se imponen.
El rezago educativo y la falta de servicios básicos siguen afectando a millones
En zonas rurales, los hogares en Chipas registraron un ingreso promedio de 9 mil 862 pesos al mes para una familia de cuatro personas.
A pesar de su tamaño económico, México ocupa uno de los últimos lugares en generación de valor por hora trabajada, con efectos ya visibles en su Producto Interno Bruto (PIB).
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Escrito por Abel Pérez Zamorano
Doctor en Economía por la London School of Economics. Profesor-investigador de la Universidad Autónoma Chapingo.