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La tóxica combinación del vicioso poder de las corporaciones y la nula ética de las cúpulas políticas se traducen en corruptelas que laceran al interés del Estado y sus ciudadanos.
Ofrecer y aceptar sobornos multimillonarios, encubrir masacres de poblaciones inermes, recibir bienes y dinero por favores políticos, incitar y amafiarse para expoliar a la nación, reformar leyes a favor de unos o traficar con influencias, son corrupción. Y si bien esas prácticas no son exclusivas de América Latina (AL), el hartazgo social y la creciente independencia del sistema judicial ya llevó a la cárcel a expresidentes de la región. Los únicos antídotos contra la impunidad son la transparencia y rendición de cuentas; fortalecerlos es el gran reto para el continente.
Nuestra región no es la más corrupta del mundo. Aquí, por primera vez en la historia, se observa la acción sistemática e independiente del sistema judicial que ya logró procesar a varios exmandatarios. Son, pues, trascendentes los sucesos en AL, y dos ejemplos ilustran ese optimismo: el reciente arresto de los expresidentes de Colombia y Ecuador.
Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia (2002-2006 y 2006-2010), era hasta el cuatro de agosto el político más influyente de Colombia y gran aliado de Estados Unidos (EE. UU.). Ese día, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó su arresto y ello profundizó la enorme brecha ideológica en el país de las esmeraldas, del exquisito café, la guerrilla más antigua, las plantaciones de coca y el mayor número de desplazados internos del planeta.
La Corte acusa a Uribe por presuntos delitos de soborno y fraude procesal, si bien muchos añaden otros de lesa Humanidad. Para algunos logró la seguridad del país y para otros impuso el fascismo antiinsurgente que causó miles de muertos.
Su detención amenaza la frágil reconciliación nacional, tras el acuerdo de paz de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que concluyó la guerra interna más duradera del continente. Sin embargo, abre la esperanza de luchar contra la impunidad.
Para no juzgar al exsenador del partido Centro Democrático, de Uribe, revivió el cinco de agosto su plan de reforma judicial. Su colega Paloma Valencia, aseguró: “Colombia tiene ya demasiadas heridas y la detención de Uribe dificulta toda reconciliación”. No obstante, el 12 de agosto, y por primera vez en la historia del país, la CSJ registró a Uribe como el preso número un millón 87 mil 985.
Decidido a victimizarse, el hombre a quien sus adeptos llamaron El Gran Colombiano, culpó a sus adversarios por Twitter: “Hoy fui reseñado como preso. Sin pruebas, solo inferencias. Impidieron a abogados contrainterrogar a su principal testigo. Pido transparencia”.
Uribe Vélez ingresó al servicio público como director de Aeronáutica Civil, luego fue alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia, presidente y senador. Conservador de cepa, impulsó una dura ofensiva contra las FARC con su política de seguridad democrática.
El caso que lo llevó de ser denunciante a denunciado, y a su arresto, es por soborno y fraude procesal contra el senador Iván Cepeda, al que acusó de manipular a falsos testigos y beneficiar a paramilitares. En 2012, Cepeda lo contrademandó y la CSJ falló a su favor, pues en seis años no halló evidencias que respaldaran la denuncia de Uribe, quien sostiene que hay ánimo persecutorio.
A su vez, el Tribunal Superior de Medellín acusa a Uribe por las masacres de El Aro, La Granja (1996) y el asesinato del líder Jesús María Valle (1998), cuando Uribe gobernaba Antioquia. Otros tres asuntos nublan aún más su prontuario: las llamadas “chuzadas del DAS” (Departamento Administrativo de Seguridad), los falsos positivos e injurias a periodistas en 2009.
En su presidencia, el hoy extinto DAS hizo intercepciones y vigilancia ilegales a defensores de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales (ONG), líderes políticos y periodistas, a los que Uribe calificó como “terroristas”.
En 2017, la CSJ condenó al exdirector del DAS, Jorge Noguera, y pidió investigar al expresidente. A su vez, el exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, sostuvo que esos actos fueron parte de la “política de seguridad democrática que impulsó la presidencia”.
El caso de los falsos positivos dio la vuelta al mundo. Entre 2002 y 2008, militares cometieron asesinatos extrajudiciales a civiles, que indebidamente calificó como “muertos en combate”.
Poderosos tras las rejas
En Perú, todos los expresidentes vivos han sido acusados de corrupción.
Alan García. Dos veces presidente, se suicidó en 2019, cuando la policía lo detenía por aceptar presuntos sobornos de Odebrecht. Su mensaje póstumo afirma: “Otros se venden, yo no”.
Pedro Pablo Kuczynski. Detención preliminar por lavado de activos.
Alejandro Toledo. Supuestos nexos con Odebrecht y sobornos por 20 mdd.
Ollanta Humala. Soborno de tres mdd para su campaña.
Alberto Fujimori. Confesó peculado por 15 mdd para darlos a su exasesor Vladimiro Montesinos. Purgó siete años y seis meses de prisión, fue indultado.
En Brasil
Michel Temer. Preso por liderar una organización criminal y recibir sobornos a cambio de favores a empresas condenadas por el escándalo del Lava Jato, en contratos con la firma Electronuclear.
Panamá: Ricardo Martinelli. Por audios ilegales y malversación de fondos. También sus dos hijos, por supuesta vinculación con sobornos de Odebrecht en EE. UU.
Guatemala: Otto Pérez Molina. En prisión preventiva por el escándalo de fraude en aduanas y en prisión preventiva. También está presa la vicepresidenta Roxana Baldetti.
Álvaro Colom. Acusado de corrupción en el modelo de transporte.
Alfonso Portillo, preso por corrupción.
Honduras. Rafael Callejas. Se declaró culpable, en 2016, por conspiración de crimen organizado y fraude electrónico en el Fifagate.
Nicaragua. Arnoldo Alemán Condenado en 2003 a 20 años por lavado de dinero, malversación y delitos electorales. Liberado en 2009, pero vetado para salir al extranjero.
Según Human Rights Watch, en tres años hubo dos mil 500 civiles víctimas de esa política. El informe histórico Ejecuciones Extrajudiciales en Colombia 2002-2010: obediencia ciega en campos de batalla ficticios, del Centro Nacional de Memoria (CNM), plantea 10 mil víctimas.
Uribe niega haber ordenado esos asesinatos; asegura que enfrentó y sancionó toda violación contra los derechos humanos. Reclama que los “voceros del terrorismo” saben que la Fiscalía General de la Nación (FGN) levantaba los cuerpos.
Ante nuevas denuncias en 2008 afirmó: “retiré a 27 altos militares”. Hoy purgan sentencia, por esas ejecuciones, más de 800 miembros de bajo rango del ejército, pero ninguno de los 16 generales activos y retirados fue investigado.
Siendo senador, Uribe llamó “violador de niños” al periodista Daniel Samper Ospina, quien en su columna hizo una sátira de la región del expresidente, en un tuit del 14 de julio de 2019; Samper protestó y advirtió medidas legales y se burló del nombre de la hija de una senadora del partido de Uribe.
El expresidente lo acusó de atacarlo a él y a su familia por hacer “publicaciones pornográficas con menores”. Samper lo denunció por injuria y la CSJ falló a su favor; ordenó a Uribe eliminar esas calumnias de su cuenta y retractarse.
Aliado y héroe
El 14 de agosto, el vicepresidente estadounidense Mike Pence llamó “héroe” a Uribe y pidió en Twitter el fin de su arresto domiciliario. “Al estar el expresidente Álvaro Uribe bajo arresto domiciliario, nos unimos a todas las voces amantes de la libertad alrededor del mundo para llamar a los funcionarios colombianos a que dejen que este héroe, quien ha recibido la Medalla Presidencial de la Libertad, se defienda como hombre libre”.
En septiembre de 2009 quedó al descubierto la cercanísima relación Washington-Bogotá en la era de Uribe, cuando el colombiano declaró ante el pueblo estadounidense, en la víspera de la visita de George Walker Bush: le “ruego mantener la ayuda” para derrotar a la guerrilla y al narcotráfico con el Plan Colombia.
Y aunque entre 2001 y 2016, EE. UU. invirtió 10 mil millones de dólares (mdd) en ayuda militar a Colombia –el mayor presupuesto bélico de la potencia, tras el concedido a Israel– el delito no disminuyó. En cambio, en mayo de 2018 Nicholas Casey, en The New York Times, reveló que cables diplomáticos desclasificados en EE. UU. sugerían nexos de Uribe con narcotraficantes.
Al analizar los primeros tres años de la gestión de Uribe, el investigador Leonardo Carvajal sostuvo que “narcotizó” la política exterior y priorizó a EE. UU., mientras ocupaban el servicio exterior “políticos o empresarios afectos al gobierno, pero sin experticio alguno en materia internacional”.
Bucaram preso
El 12 de agosto fue detenido, en un allanamiento, el expresidente de Ecuador, Abdalá Bucaram (1996-1997), acusado de delincuencia organizada. Nueve días antes, el exmandatario y sus tres hijos (ahora prófugos) fueron detenidos y luego liberados en una investigación por comercio ilegal de insumos médicos (pruebas y mascarillas) en medio de la pandemia.
Bucaram fue depuesto por acusaciones de nepotismo y corrupción, así como por “incapacidad mental para gobernar” y se exilió 20 años en Panamá esperando que prescribieran los procesos en su contra.
Se le acusa de ordenar el asesinato del israelí Shy Dahan en su celda el ocho de agosto. Él y otro conciudadano transportaron 100 mil dólares con documentos falsos de identidad, como elementos de la Administración de Control de Drogas (DEA) de EE. UU. La embajada israelí en Ecuador urge a la justicia a investigar el caso.
Multinacionales y poder corruptor
Diecinueve expresidentes latinoamericanos fueron investigados por corrupción con Odebrecht, en la mayor red de sobornos extranjeros en la historia; también un expresidente y otro preso. La cifra de exministros y altos funcionarios que enfrentan la acción penal es casi imposible de cuantificar, afirma Antonio José Chinchetru.
2010. El excandidato presidencial de centroizquierda en Colombia, Gustavo Petro, con información del empresario Carlos Totto, denuncia al fiscal Néstor Humberto Martínez de encubrir al “Cártel de la contratación” de las constructoras: Odebrecht, Luis Carlos Sarmiento, Conalvías, Odinsa y Sálini Impregilo.
2014. La Policía Nacional Brasileña inicia pesquisa Lava Jato (Lavado de Autos) de la Policía Federal Brasileña (PFB). La constructora Odebrecht colaboró con la justicia y dio la lista de beneficiarios de sobornos en la región.
2015. Odebrecht tenía obras en toda AL con ganancias extraordinarias.
La corrupción es la principal preocupación de los colombianos, a pesar de que la pesquisa de los sobornos de la trasnacional brasileña Odebrecht no ha dado resultados por el “contubernio de funcionarios, magistrados y medios hegemónicos, cartelizados para invisibilizar” esa red, publicó el analista Camilo Rengifo, del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico.
2016. La ONU advierte que “más del 80 por ciento de la población mundial vive con un serio problema de corrupción por trasnacionales”.
2019. En su estudio Diario de Ética de Negocios, los expertos Michael A. Sartor y Paul W. Beamish sostienen que para eludir su responsabilidad en la corrupción del sector público, las multinacionales tipifican a su favor ese concepto en sus manuales de ética y cabildeo.
2019. Kevin E. Davis, en su libro Entre la Impunidad y el Imperialismo: Regulación del Soborno Trasnacional (Oxford, 2019), señala que el riesgo de la lucha anticorrupción es que “los EE. UU. usan ese argumento para ir a otros países”, pretextando perseguir la actividad criminal.
2020. El Capítulo 27º del nuevo Tratado de Comercio México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) impone normas anticorrupción (pago de sobornos, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos); programas de compliance y códigos de ética para empresas y obliga a las partes a adoptar y/o mantener leyes que penalicen la oferta –o petición– de beneficios indebidos por funcionarios que afecten el comercio y la inversión transnacional.
Para que el pobre tenga derecho al fruto de su trabajo se hace necesario plantear un nuevo modelo económico, capaz de producir la riqueza al menor costo y con un eficiente reparto de dicha riqueza.
El responsable por las muertes de mexicanos en pandemia, Hugo López Gatell, debe pagar ante la justicia sus omisiones en el servicio público durante la gestión de la pandemia.
La “irresponsabilidad” de Estado Unidos (EE.UU.) complicó el pacto nuclear firmado con Irán en 2015.
El candidato de la Alianza Va x la CDMX, Santiago Taboada, afirmó que la mala administración de los recursos pasa en las 16 alcaldías y que son principalmente los morenistas quienes han hecho ese Cártel Inmobiliario.
Los apoyos corresponden a las Becas del Bienestar Benito Juárez, uno de los programas más emblemáticos de AMLO
La alcaldesa de Cuauhtémoc anunció que no se incorporará a Morena, pero formará una organización política para luego conformar un nuevo partido político en 2025.
El Congreso de la CDMX aprobó solicitar a los titulares de las 16 alcaldías información sobre el Sistema Único de Registro de Estacionamientos Públicos existentes en su demarcación.
Por si creía usted querido lector que los gritos y abucheos contra los gobernadores o contra los líderes sociales de oposición, en los eventos que organiza la Presidencia de la República y en los que asiste el presidente Andrés Manuel López Obrador, son p
El legislador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, adelantó que presentará una iniciativa para que las casas encuestadoras estén sujetas al escrutinio de la seriedad conque aplican el método de investigación.
Con vallas en pasillos y escalinatas, los manifestantes portaron pancartas donde se leía: “silencio por la justicia” y “somos tres poderes, el Judicial es el que protege”.
The Economist posicionó a México en la categoría de “regímenes híbridos”, un retroceso en cuanto a democracia, ya que está más cerca de los “regímenes autoritarios” que a las “democracias plenas".
Al cumplir noventa años de vida, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) busca “reencontrarse” con la sociedad y recuperar el terreno perdido, así como ganar la “confianza” de los mexicanos.
El encuentro entre los mandatarios de México y EE. UU. benefició más a este último, ya que comprometió a México en varios aspectos, entre otros, a destinar 1,500 mdd en la frontera para evitar el paso de migrantes.
El pasado jueves 15 de febrero el presidente de Morena en la CDMX, Sebastián Ramírez, anunció la designación del diputado local ex perredista Janecarlo Lozano.
La UAC atraviesa su peor crisis financiera debido a los recortes que el gobierno de López Obrador aplicó a la educación superior sin considerar sus efectos en la educación y futuro de miles de jóvenes.
Escrito por Nydia Egremy .
Internacionalista mexicana y periodista especializada en investigaciones sobre seguridad nacional, inteligencia y conflictos armados.