Tras el conato de golpe de Estado a manos de hordas bolsonaristas, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva dio un vuelco a la aislacionista política exterior de su antecesor y situó de nuevo a Brasil en el mundo. En la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) se presentó como el poderoso actor de la “ola roja” regional que enfrenta el juego de poder de las superpotencias.

Si México y Brasil superan el mito de su “rivalidad geopolítica” serán un binomio clave para la integración latinoamericana y un solo retén contra los amagos golpistas. La proyección regional y global de las fortalezas estratégicas de estos países es la prioridad geopolítica de los gobernantes.

En América Latina, la nueva izquierda pragmática –formulada con ideas de los demócratas estadounidenses y la antigua socialdemocracia europea– tiene esta visión para lidiar con la depurada estrategia del capitalismo corporativo contemporáneo.

Es poco probable que esta América Latina y el Brasil de Lula cambien su neutralidad en el contexto global vigente; menos aún con el conflicto que Estados Unidos (EE. UU.) y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) alientan contra Rusia en Ucrania.

Todo indica que aun cuando el mapa sudamericano se tiñe de un rojo progresista, los dilemas locales impactarán en la relación intrarregional con diversa intensidad. Del Pacífico al Atlántico se suceden turbulencias político-económicas que generan la incertidumbre debido a la expansión del extractivismo y la delincuencia trasnacional como actores del capitalismo.

En Chile, la minería impone el megaproyecto Dominga, valuado en dos mil 500 millones de dólares (mdd) y divide a la sociedad. En Perú se eternizan la ingobernabilidad y represión a los ciudadanos, en tanto que la enorme deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) frena el desarrollo de Argentina.

La masiva emigración centroamericana es consecuencia de la histórica explotación de las compañías trasnacionales de EE. UU. que hoy escatiman recursos financieros para impulsar el desarrollo de esa región. En Colombia, Gustavo Petro reasume el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y revive la esperanza de apagar los focos de tensión aún activos.

A este entorno regional llega el nuevo gobierno de Lula da Silva, que también enfrenta el rechazo de la oligarquía tradicional y la burguesía industrialista en Minas Gerais y Sao Paulo. Es sabido que para defender sus intereses, esta derecha, aliada del capitalismo trasnacional, está a la espera de esgrimir su herramienta favorita: la guerra híbrida, en su versión de guerra judicial y mediática.

No obstante, a esta ofensiva Lula contrapone sus probados triunfos en el exterior. Retorna a su activismo dentro del BRICS (grupo que integra con Rusia, India, China y Sudáfrica, principales economías emergentes) al mismo tiempo que incrementa las inversiones de China, India y Japón.

El retorno al mundo

Aun bajo dictaduras o gobiernos altermundistas, Brasil ha figurado entre las 10 economías más grandes y se prevé que este año mantendrá esta posición, afirma David Wright, de Bizlatin Hub. Para marcar un hito en la política mundial, Lula se propone reinsertarlo en la escena regional

Sin embargo, el contexto actual difiere del de sus mandatos anteriores. De ahí que se esperen nuevas estrategias que reviertan el aislamiento y desprestigio internacional que marcaron la política exterior de Jair Bolsonaro.

Por tanto, la agenda internacional del Brasil de Lula para 2023 es amplia y compleja, pues presidirá varias citas multilaterales (G20, BRICS y Mercosur); y para presentar una política sólida y congruente en su retorno al sistema global, necesita resolver también varios problemas contables.

Uno es la vergonzosa deuda de Brasil con la Organización de Naciones Unidas (ONU). Pese a ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad de ésta (2022-2023), de no cubrir ese adeudo le será suspendido su derecho a voto en ese organismo, advierten Mónica Hirst y Juan G. Tokatlian.

Otro problema para la reinserción global de Brasil es su intención de adherirse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En 2017 el conservador Michel Temer solicitó la adhesión y más tarde, con apoyo de EE. UU., Bolsonaro la impulsó a cambio de ceder el estatus de Brasil en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Hoy es significativo que el fundador del Partido de los Trabajadores (PT) trabaje en el cambio de su plan de adhesión conforme a las modificaciones que exige la OCDE. Así lo anunció su ministro de Hacienda en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza: “No es una situación del todo o nada. Hay espacio para la discusión y Brasil puede hacer esos cambios”.

Mientras atiende este obstáculo, Lula usa la diplomacia para reclamar a las potencias su incumplimiento al Acuerdo de París. Su ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático, Marina Silva, pidió que honren su compromiso con el Acuerdo de París de aportar 100 mil mdd anuales a los países en desarrollo a fin de mitigar los daños ambientales.

Y en su esperada primera gira internacional, que inició en Buenos Aires al participar en la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), Lula marcó el retorno de Brasil a ese foro, luego de que Bolsonaro suspendiera las asistencias de Brasil durante toda su gestión (2019-2022).

Al afirmar que la CELAC es un espacio de integración de los países latinoamericanos, incluida Cuba, ratificó el principio regional que antes había invocado su canciller Mauro Vieira: “nuestra ideología será la de la integración”.

De ahí el plan conjunto con Argentina de avanzar hacia la emisión de una moneda sudamericana para usarse en flujos financieros y comerciales, que reduzca costos operativos y la vulnerabilidad externa de la región.

Y a la par, como no se escuchaba desde hacía tiempo en foros regionales, en la CELAC Lula lanzó un mensaje a favor de Cuba y Venezuela, rechazó el bloqueo multidimensional de Washington a La Isla y afirmó que los cubanos “no quieren crear un modelo brasileño ni copiar el modelo de EE. UU., quieren hacer su propio modelo”.

El envío de una misión diplomática a Venezuela para reabrir su embajada fue otro gesto previsible pero muy celebrado. Esa relación histórica fue suspendida por Bolsonaro al reconocer a Guaidó por lo que, ante la acción de Lula, el presidente venezolano Nicolás Maduro anunció que su país está preparado y apoya la iniciativa de una moneda latinoamericana.

El brasileño adelantó que pretende reanimar el Mercado Común del Sur (Mercosur) y visitó Uruguay, que ha sido socio remiso. Aprovechó la atención que capturó para anunciar su visita a EE. UU. en febrero y, en marzo, un viaje a China, su primer socio comercial desde 2009 y que ha reiterado su deseo de fortalecer la cooperación con la CELAC.

Agenda interna

En cuanto asumió su nueva presidencia, Lula desplegó una serie de acciones inéditas dentro de su agenda interna. Una fue crear una red de 37 ministerios –contra 23 que dejó Bolsonaro– para atender las prioridades económico-sociales.

A la par, mantiene su propuesta de reforma tributaria para reajustar el Impuesto Sobre la Renta a personas físicas bajo el principio de “que los más ricos paguen más”. El proyecto prevé la exención de quienes ganan hasta cinco mil reales mensuales (unos mil dólares), pero los ingresos mayores serán gravados con base en una tasa progresiva hasta el monto de 20 mil dólares. En Brasil, la mayoría de los pobres gana 600 dólares en promedio.

Esas primeras medidas fueron opacadas por el asalto de mil 500 violentos seguidores de Bolsonaro a las instituciones federales en Brasilia. Hoy se sabe que muchos de ellos acamparon frente al Cuartel General del Ejército antes de lanzar su acometida.

De ahí que el ministro de Defensa, José Múcio, respondiera a cuestionamientos por esa crítica situación: “si me preguntan si nos hemos ocupado del ocho (de enero) no lo hemos hecho. Es un asunto de la justicia”. En los días siguientes, Lula intensificó sus encuentros con jefes de las Fuerzas Armadas, al tiempo que dejó ver su desconfianza hacia algunos militares.

El 17 de enero, la Corte de Justicia dio plazo de tres días a Bolsonaro para explicar el contenido de un borrador que fue encontrado en casa del exministro de Justicia, Anderson Torres, que preveía una intervención militar en el Tribunal Superior Electoral (TSE) en caso de que perdiera la elección de octubre.

El Partido Democrático Laborista pidió al juez Benedito González que exigiera al expresidente esclarecer su vínculo en ese “embrión de golpe de Estado”. Al radical personaje se le investiga también por posible abuso de poder en los comicios luego de haberse reunido con embajadores a los que mostró información falsa que rechazaba el resultado final.

El 20 de enero, Lula discutió con empresarios y el jefe de la Federación de Industrias de Sao Paulo un plan para desarrollar la industria brasileña de defensa para generar empleos. Y el 22 de enero destituyó al comandante del ejército, general Júlio César de Arruda (designado por Bolsonaro apenas el 30 de diciembre) y lo reemplazó con el general Miguel Ribeiro.

Arruda fue criticado por “no mostrar disposición” para ganar la confianza del presidente en el cuerpo a su mando tras el intento de golpe. Algunos analistas temen que esa destitución agrave la tensión entre el nuevo gobierno y el comando de las fuerzas armadas, pero otros estiman como necesaria esa salida para mantener la autoridad del presidente.

Pese a la sombra provocada por la revuelta, Lula mantuvo su agenda y denunció el trato inhumano al que el capitalismo expoliador somete a los indígenas yanomamis. En la mayor comunidad de este pueblo, en la zona amazónica del Estado de Roraima y fronteriza con Venezuela, el presidente exclamó: “si alguien me hubiera contado que en estas tierras se trataba de forma tan inhumana a este pueblo, como hoy he visto, no lo hubiera creído”.

Lula aseguró, además, que su gobierno ha tomado en serio la propuesta de eliminar la minería ilegal en ríos amazónicos por el daño ambiental que ocasionan y declaró emergencia sanitaria en esa región. Según la estatal Agencia Brasil en solo un lustro, esa comunidad indígena sufrió la muerte de 570 niños a causa de la desnutrición, la malaria y la neumonía.

En su diálogo con rectores y académicos, Lula garantizó la autonomía de universidades e institutos de educación superior y ofreció escuchar sus demandas y no elegir “al rector que le guste a Lula, pues a quien debe gustarle es a los profesores y funcionarios; a la comunidad que debe saber quién gestiona y cómo, para su bien”. Aprovechó también para pedir a éstos que lo ayuden a derrotar el odio y las falsas noticias.