El 66 por ciento de los 118 millones de enfermos registrados durante 2024 no se pudieron atender en el sector público de salud, lo que muestra que la eliminación del Seguro Popular, la creación del Insabi y la posterior transición al IMSS-Bienestar debilitaron las garantías presupuestarias y el sistema de salud del país en General, así lo aseguró el estudio “Cambios en la Atención Pública de la Salud en México (2018–2024): Evidencia desde la ENIGH y Perspectivas Comparadas”, realizado por la organización México Evalúa., 

En México, 44.5 millones de personas, el 34.2 por ciento de la población, carece de acceso a servicios públicos de salud. Esta cifra se ha duplicado desde la llegada de los gobiernos de Morena al poder, pues en 2018, 20.1 millones de personas no tenían seguridad social, pero para 2024 la cifra fue poco más de doble. 

Aunado a e ello, de los 118 millones de mexicanos que presentaron alguna enfermedad en 2024, el 66 por ciento no se pudo atender en el sector público, el 41 por ciento se vio obligado a acudir a médicos particulares y 25 por ciento se auto-medicó o no recibió atención. 

El estudio muestra que durante el año pasado las consultas médicas en el sector público cayeron 20 por ciento respecto a 2018 (59.8 millones menos). Para la población sin seguridad social, la reducción fue aún más severa: 37 por ciento (46.7 millones menos). Ante el deterioro de las opciones públicas, 7 de cada 10 personas que tuvieron un problema de salud, quedaron fuera de la atención del sector público.

México Evalúa concluyó que la situación de salud pública en se ha deteriorado, pues hay una “menor cobertura, mayores gastos de bolsillo para las familias y una creciente desigualdad en la atención (…) Entre 2018 y 2024, el gasto de bolsillo en salud de los hogares aumentó 41.4 por ciento mientras que en las familias de menores ingresos se duplicó (83 por ciento). Asimismo, el número de hogares que enfrentan gastos catastróficos en salud creció 64.5 por ciento”. 

El sector más afectado resulta la población con empleo informal, pues al no estar afiliada a la seguridad social, sus gastos en atención particular aumentaron drásticamente, principalmente en estados rezagados como Oaxaca. El gasto en medicamentos también se elevó a más del doble (116 por ciento), lo que refleja los persistentes problemas de abastecimiento. 

“Los datos de la ENIGH muestran con claridad que las familias mexicanas cargan cada vez más con el peso del financiamiento de la salud. La política pública debe revertir esta tendencia, porque un sistema de salud que empobrece a sus usuarios no cumple su función esencial”, declaró Jorge Cano, coordinador del Programa de Gasto Público de México Evalúa. 

Tras su análisis, la ONG propone cinco medidas para revertir el deterioro del sector salud. Entre ellas: avanzar en la integración de los distintos subsistemas de salud (IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA, IMSS-Bienestar, estatales), para construir un sistema único, universal y sin fragmentación laboral o institucional.

En segundo lugar, plantea un modelo de financiamiento de la salud pública basado en impuestos generales, en lugar de cuotas obrero-patronales, además de definir e implementar un paquete de servicios básicos universales con garantías explícitas en cuanto a tiempos máximos de espera, mecanismos de exigencia y procesos de evaluación de cumplimiento robustos. 

Como número cuatro plantea establecer un modelo de participación privada en el abasto de medicamentos, con regulación de precios, trazabilidad digital, y mecanismos de cobertura universal. Y en el último punto se propone fortalecer las capacidades estatales y municipales para mejorar la provisión de servicios y disminuir desigualdades regionales.