El gobernador Rubén Rocha Moya fue captado en el exclusivo restaurante Archiebald de Polanco, CDMX.
Cinco cuerpos humanos sin vida y una balacera que dejó tres personas muertas, dos militares heridos y un sicario detenido este sábado en Culiacán, fue el saldo del decimosegundo día de violencia continua que enfrenta Sinaloa tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y pese a que el Ejército mexicano desplegó 600 elementos.
El hallazgo de los cadáveres ocurrió sobre la carretera México 15. Todos eran personas de sexo masculino de entre 25 y 35 años, estaban semidesnudos, cubiertos de sangre, con signos de violencia, tenían los ojos cubiertos con cinta y portaban sombreros con las iniciales “MZ”.
De acuerdo con los informes oficiales, las víctimas fueron reportadas al mediodía y son un mensaje de una pugna interna entre dos facciones del Cártel de Sinaloa: “Los Chapitos” y los aliados de “El Mayo” Zambada.
Para el levantamiento de los cuerpos, al lugar acudieron elementos de los tres órdenes de gobierno y de la Fiscalía estatal.
Alrededor de las 15:00 horas se registró otro enfrentamiento entre sicarios y policías municipales sobre la zona de Tres Ríos. Los vecinos del lugar reportaron varias ráfagas de balazos durante casi una hora. Fue hasta las 15:45 horas que el Ejército arribó; lograron abatir a tres sujetos y detener a otro, pero dos militares resultaron heridos.
Mientras los hechos violentos ocurrían en la entidad, el gobernador Rubén Rocha Moya fue captado en el exclusivo restaurante Archiebald de Polanco, Ciudad de México. Minutos más tarde, en un mensaje en su cuenta de X, informó del saldo del enfrentamiento asegurando que la situación estaba “controlada” y pidió a la ciudadanía “evitar frecuentar la zona” por la continuación del operativo.
Desde el pasado 9 de septiembre, la creciente violencia en Sinaloa sigue agudizando y afectando a la capital y zonas conurbadas con la escasez de alimentos y el desplazamiento forzoso de familias enteras.
El colectivo ¡Aquí No! acusó que, tras 12 años de litigios contra el proyecto de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), las autoridades federales han privilegiado a la empresa sobre los derechos de las comunidades indígenas y la protección ambiental.
Una joven de 19 años fue localizada sin vida en una vivienda de Culiacán; el Gobierno federal envió un nuevo contingente militar tras la jornada violenta registrada en la entidad.
Tras la llegada de una empresa que promete progreso, se encuentran intereses políticos, irregularidades y posibles afectaciones a un ecosistema que internacionalmente está protegido.
Mientras el Estado reporta apoyos y presupuestos, comunidades tarámaris sobreviven entre comedores vacíos y viviendas colapsadas frente a una política social que no llega al territorio.
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Escrito por Pedro Márquez Rosales
Periodista por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. | X: @PedroMrquez_