La falta de controles, decisiones discrecionales y el crecimiento acelerado del gasto amenazan el derecho a una jubilación digna de los trabajadores de base en el estado.
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Foto: AFP
El presidente interino de Perú, José Jerí, declaró estado de emergencia en Lima y el Callao debido al incremento de homicidios y denuncias por extorsión. De acuerdo con la Asociación Nacional de Transportistas (Anitra), en lo que va del año han sido asesinados un total de 47 conductores.
Asimismo, el número de denuncias por extorsión ha aumentado un 28.8 por ciento con respecto al 2024 cuando se registraron más de 15 mil 500 casos; mientras que de enero a septiembre de 2025 más de 20 mil.
La medida afecta a más de 10 millones de personas y estará vigente 30 días, con patrullajes militares y policiales en las calles; además, se restringieron los derechos de reunión y libre tránsito, prohibieron que dos personas circulen en la misma motocicleta y se permite el ingreso de autoridades a domicilios sin orden judicial.
El estado de emergencia entró en vigor a las 00:00 horas del 22 de octubre, tras semanas de protestas masivas que dejaron un civil muerto y más de 100 heridos.
Por último, el mandatario Jerí afirmó que la acción busca frenar la violencia y recuperar la estabilidad ante la presión social y la crisis política que acumula siete presidentes desde 2016.
La falta de controles, decisiones discrecionales y el crecimiento acelerado del gasto amenazan el derecho a una jubilación digna de los trabajadores de base en el estado.
La subdirectora señaló que los tres alumnos implicados ya fueron canalizados al DIF de Chalco para recibir atención psicológica.
El operativo concluyó con la detención de cuatro presuntos responsables, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades.
Pese a la destitución, el funcionario se negó a dejar su cargo.
Si el problema continúa, podría superar las 25 mil muertes anuales en 2030, un 279% por encima de lo proyectado por ONU.
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La decisión se dio en medio de un contexto de presiones políticas de EE. UU. hacia los aliados del gobierno cubano.
Tijuana tiene una tasa de 138 homicidios por cada 100 mil habitantes, razón por la que ocupa el primer lugar del ranking mundial.
Este plan contempla un fondo de dos mil 223 millones de pesos para remediación ambiental, sin embargo, los afectados contemplan 20 mil millones.
Especialistas señalaron que la molestia principal radica en la falta de coherencia entre las promesas de combatir privilegios y corrupción.
Aunque se crearon más de un millón de puestos de trabajo, la informalidad laboral también creció.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.