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A partir de este viernes 13 de diciembre, el delito de extorsión se perseguirá de oficio y se sancionará con penas de entre 10 y 15 años de prisión. Además, las penas podrán duplicarse en casos con agravantes, como el cobro de deudas tipo "gota a gota" o el secuestro exprés, luego de que la jefa de Gobierno, Clara Marina Brugada, firmó el decreto que reforma el Código Penal de la Ciudad de México (CDMX).
El decreto fue aprobado por unanimidad en el Congreso de la CDMX el miércoles 11 de diciembre, como parte de las acciones para combatir este delito. La propuesta fue impulsada por la diputada local Tania Nanette Larios Pérez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI); así como la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, y la propia jefa de Gobierno, Clara Marina Brugada Molina.
El decreto fue firmado también por el secretario de Gobierno, César Cravioto, y la consejera Jurídica, Eréndira Cruzvillegas. Como parte de los esfuerzos para combatir este delito, Brugada recordó que se habilitó la línea de atención directa 55 50 36 3301, para que las víctimas puedan reportar casos sin necesidad de presentar una denuncia formal, dado que la extorsión será investigada de oficio.
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Solicitó a la FGR la integración de una carpeta de investigación por posibles conductas delictuosas.
Aún no existen pruebas que vinculen estos casos con delitos como secuestro o agresiones sexuales.
En México, 19 mil 542 pacientes están a la espera de recibir un trasplante.
Una vez más la explanada del Primer Cuadro de la Ciudad volverá a vestirse de morado y escuchar el grito del dolor, pero también el clamor de las víctimas, de las madres, de las jóvenes que siguen pidiendo justicia.
La jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó al gabinete que la acompañará durante su administración.
Se trata del segundo ataque directo contra un funcionario de esa demarcación en fechas recientes.
Morena intentó aprobar un dictamen con 41 votos, aunque se requerían 44, desatando protestas de PAN y PRI.
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La protesta estuvo encabezada por la líderesa social y comerciante, Diana Sánchez Barrios.
Estas prácticas generan pérdidas anuales estimadas en siete mil millones de pesos.
La falta de vigilancia de la policía y monitores han ocasionado no sólo accidentes, sino ahora los criminales utilizan estas vialidades para sorprender y asaltar a los automovilistas.
La decisión puso en riesgo el funcionamiento de más de 29 mil vehículos que brindan servicios esenciales a los ciudadanos.
Los hechos ocurrieron en el sector Cuautepec, cuando el Policía Segundo Jonathan Israel Rodríguez Bustillos perdió la vida debido a las heridas sufridas durante un enfrentamiento armado con presuntos delincuentes.
"No se debe lucrar con estas acciones, pues ayudan a recuperar la autoestima de quienes padecen cáncer."
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera