La guerra de exterminio entre los grupos del crimen organizado convirtió este año a Chiapas en el segundo estado más violento del país y el primero con mayor número de ataques armados dirigidos a influir en los resultados de los comicios del dos de junio. 

Además de sus enfrentamientos entre sí y con las fuerzas de seguridad pública, las bandas delictivas siguen llevando a cabo secuestros “exprés”, emboscadas a civiles, cobros de piso, narcomenudeo y robo de automóviles, además de traficar con migrantes nacionales, centroamericanos, caribeños y aún de otros continentes.

Esta dinámica de violencia se da particularmente en los 20 municipios considerados como “focos rojos” por las mismas autoridades locales y federales, cuyas principales corporaciones –entre ellas la Guardia Nacional y el Ejército– nada o muy poco hacen para detener a los delincuentes.

Por ello, ante la nula o débil respuesta de las instituciones públicas, varios sectores sociales de la entidad han alzado la voz para exigir que se ponga un alto a la espiral de violencia en la que se hallan envueltas las ciudades más pobladas, donde se realizan las actividades comerciales y turísticas del estado.

Las acciones delictivas empezaron a elevarse en 2023, cuando los cárteles del narcotráfico con mayor presencia nacional y varias organizaciones delictivas locales, como los Motonetos de San Cristóbal de Las Casas, intensificaron sus disputas por el control de las plazas y rutas del tráfico de drogas provenientes de Sudamérica.

En entrevista con buzos, Omar David Jiménez Ojeda, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), afirmó que jamás antes se habían documentado tan altos niveles de violencia en la entidad a causa de su delimitación fronteriza con Centroamérica.

Esta situación geográfica, explicó, ha resultado “sumamente atractiva para los cárteles o instancias delincuenciales, que a pesar de los retenes oficiales se disputan sin el mínimo pudor, y quizás con la complicidad del gobierno”, el control de los municipios fronterizos: Ciudad Cuauhtémoc, Comitán y Frontera Comalapa.

Jiménez Ojeda dijo que las autoridades gubernamentales han abdicado del poder público que se les confirió al no reaccionar como deberían hacerlo frente a las atrocidades que los grupos delictivos están cometiendo en contra de los pobladores y, motivado por su propia reflexión, cuestionó: “¿para qué necesitamos un gobierno?”.

El catedrático dio él mismo la respuesta: “El gobierno debe mantener las condiciones de vivir en sociedad bajo ciertas reglas, cuidando y garantizando los derechos de las personas: Pero cuando la debilidad institucional llega a la esfera estatal se está en un grave problema, ya que toda esa situación no se construye de la noche a la mañana”.

El investigador recordó que desde hace 12 o 15 años algunos conflictos indicaban la presencia de problemas de descomposición social en varios municipios, los que además evidenciaba que las capacidades institucionales eran insuficientes para enfrentar una nueva situación.

Es por esta razón que hoy, detalló, “no se percibe un clima de seguridad en la entidad, y ahí el Estado está quedando a deber toda vez que los casi seis millones de chiapanecos estamos a merced de la delincuencia organizada. Es bien sabido que dos o tres expresiones de la delincuencia organizada se vinieron a instalar a Chiapas y que por la posición fronteriza de la entidad rivalizan por la posesión de los espacios donde fluyen tanto las drogas ilícitas como los migrantes”, explicó.

A decir del experto en materia de seguridad pública, el estado se encuentra en su peor momento y “por más que nos digan que estamos bien, salta a la vista que no, ya que somos nota nacional diaria por algún lamentable acontecimiento”.

Jiménez afirmó que la veta de reclutamiento juvenil más rica del crimen organizado en el estado se halla en Los Altos, especialmente en San Cristóbal de las Casas, donde un estudio sociológico contabilizó que entre dos mil 500 y tres mil jóvenes están siendo utilizados como carne de cañón por las bandas delictivas. 

El investigador dijo que de continuar esta situación la entidad llegará a un nuevo “pico” de violencia; y que para evitarlo es necesario que el gobierno estatal haga lo mismo que hicieron los de Nuevo León, Baja California y Sinaloa para reducir los altos índices delictivos que reportaban.

“Si se observa, Sinaloa ya no es lo que era hace 10 o 15 años. Ahora el foco rojo es Chiapas, pero lo que pasa es que es un proceso que dura de ocho a 10 años”, comentó el catedrático de la UNACH, quien además detalló que ahora las actividades del crimen organizado se han diversificado.

Recordó que en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa el “discurso” fue la conversión de militares en policías y la militarización de los policías a fin de combatir el narcotráfico, la actividad primaria de la delincuencia organizada, pero que hoy en día ésta opera en otros rubros y está presente en bares, cobrando derecho de piso, extorsionando, lavando dinero sucio y traficando o esclavizando migrantes.

Jiménez Ojeda dijo que el Chiapas de hoy “no es el del pasado, aquel que recibía a sus visitantes con las puertas abiertas de sus hoteles, restaurantes y con la tranquilidad en sus carreteras para conocer sus bellezas naturales o ruinas arqueológicas. Ese Chiapas está ausente”.

Por ello, enfatizó, el principal reto en materia de seguridad del gobierno estatal electo consiste en reducir las actividades criminales en los seis años venideros a fin de que el turismo, la segunda actividad económica más importante de la entidad, recupere el nivel que tenía hace dos décadas.

Otros municipios con alta incidencia delictiva citados por Jiménez son Ocozocoautla, Berriozábal, Tuxtla Gutiérrez, La Concordia, Villaflores, Villacorzo, Mapastepec, Tapachula, Escuintla, Motozintla, Frontera Comalapa, Rayón, Benemérito de las Américas, Chicomuselo y Pantelhó.