Expertos señalan que, aunque ha habido avances normativos desde 2012, los resultados en su aplicación han sido efímeros o muy limitados.
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Foto: Internet
La Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad, una reforma constitucional que faculta al Congreso de la Unión expedir una Ley General en materia de feminicidio, con el fin de prevenir, investigar y sancionar este delito de manera uniforme en todo el país. Además, la modificación busca establecer protocolos y sanciones homogéneas a nivel nacional.
Tras la aprobación en el pleno, con 467 votos a favor, la iniciativa fue enviada a los 32 congresos estatales para su ratificación; se requiere el aval de al menos 17 legislaturas locales para que la reforma entre en vigor.
La reforma modifica el artículo 73 de la Constitución, lo que permitirá definir de manera idéntica el tipo penal de feminicidio en todo el territorio, garantizar investigaciones con estándares uniformes de perspectiva de género y aplicar sanciones equitativas a los agresores.
Pese al consenso, legisladores de oposición advirtieron que, sin un presupuesto suficiente y reformas estructurales, la violencia contra las mujeres persistirá sin cambios significativos.
“No es solamente que falte una ley, a México le falta y tiene un grave problema de impunidad, de investigaciones deficientes y de instituciones que llegan demasiado tarde o que nunca llegan”, señaló la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN), Laura Esquivel Torres.
En el mismo sentido, el diputado Erubiel Lorenzo Alonso Que, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), indicó que en 2025 se registraron más de 700 feminicidios, aunque la cifra real podría ser mucho mayor, pues miles de asesinatos de mujeres no se investigan bajo esta tipificación.
Por último, los legisladores hicieron referencia al feminicidio de Edith Guadalupe Valdés, ocurrido el 15 de abril, como un caso que evidencia la profundidad de la problemática social e institucional en el país, marcada por la lentitud o la falta de reacción de las autoridades.
Expertos señalan que, aunque ha habido avances normativos desde 2012, los resultados en su aplicación han sido efímeros o muy limitados.
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Escrito por Fernanda Trujano Chavarría
Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UAEM.