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Entre 2018 y 2024, los tribunales federales emitieron sólo 26 condenas contra servidores públicos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con el registro público de sentencias del Consejo de la Judicatura Federal, ahora Tribunal de Disciplina Judicial.

En el reporte del Tribunal se refiere que el promedio, entre la fecha en que ocurrieron los hechos y la emisión de la sentencia fue de 8.6 años, el caso más antiguo tardó 16 en resolverse.

Entre los casos destaca la inauguración de la Estela de Luz, el 7 de enero de 2012, por el entonces presidente Felipe Calderón. Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la empresa III Servicios, subsidiaria de Petróleos Mexicanos, no contaba con la capacidad, infraestructura ni personal para ejecutar la obra, cuyo costo pasó de 393 millones a más de mil 300 millones de pesos. El contrato fue adjudicado de forma directa por Banjercito.

Dos años después, un tribunal federal giró órdenes de aprehensión contra 12 exfuncionarios por sobreprecios y ausencia de licitación; nueve de ellos evitaron la detención mediante amparos con una fianza de cinco mil pesos.

Cabe destacar que la condena al titular del Órgano Interno de Control de III Servicios, identificado en medios como Ernesto Villaseñor García, se dictó hasta 2024: cuatro años y seis meses de prisión, sin inhabilitación. El fallo estableció que, como asesor normativo, conoció la posible afectación al patrimonio del fideicomiso y de la paraestatal, pero no lo reportó a sus superiores.

La revisión de las sentencias del Tribunal reveló que los hechos de estas 26 condenas ocurrieron entre 2007 y 2019. Los delitos más frecuentes fueron ejercicio indebido del servicio público, falsificación de documentos agravada por la calidad de servidor público, peculado y delitos contra la administración de justicia.

La entonces Procuraduría General de la República (PGR) concentró 12 casos, seguida por el Ejército y Banjercito con cuatro cada uno, el SAT con tres y la Policía Federal con tres.

Otros expedientes confirmaron estos plazos extendidos, tan sólo en 2007, un agente del Ministerio Público Federal en el Estado de México recibió dinero de indiciados para otorgar libertad provisional, pero 764 mil 700 pesos desaparecieron; fue condenado por peculado en 2019, doce años después.

Mientras tanto, en Chihuahua, también en 2008, agentes de la Agencia Federal de Investigación participaron en un operativo ilegal en una casa de empeño, saquearon objetos y simularon pruebas; la sentencia llegó en 2024, con 16 años de diferencia y 30 años de prisión.

En Tamaulipas, en 2010, dos funcionarias de un centro penitenciario autorizaron la liberación irregular de una persona interna; la condena por delito contra la administración de justicia se dictó en 2023, trece años más tarde. Por otro lado, la Ciudad de México concentró cinco de los 26 casos.

Por último, la inhabilitación para ocupar cargos públicos estuvo ausente en al menos seis sentencias. Estos datos provienen de la base pública de sentencias del Consejo de la Judicatura Federal, difundidos por Milenio.