Vagoneros denunciaron este martes las constantes agresiones físicas y verbales, además de la “fabricación de delitos” en su contra por la Policía Bancaria Industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El presidente de la Federación de Comercio Popular y Prestadores de Servicio (Fecoppres), Raúl Arturo Pérez Marín, quien representa a mil 500 vagoneros, denunció que “esta administración que está a punto de terminar ha sido la más violenta y sangrienta en contra de los vendedores ambulantes al interior del Sistema de Transporte Colectivo Metro”.

Además de las constantes detenciones en las que, para dejar libres a los vagoneros, cobran multas desde 300 y hasta mil 500 por vendedor. Sostuvo que al día tres vagoneros son detenidos, y sin recibir algún documento que acredite su infracción.

“Tenemos el caso del compañero vagonero asesinado en la estación Pino Suárez “, puso como ejemplo en conferencia de prensa, Pérez Marín.

En los últimos tiempos ha habido “desapariciones forzadas de otros compañeros, más la fabricación de delitos hacia los vagoneros como la siembra de droga, armas y las más comunes y frecuentes como el robo de radios transmisores, candados de mano de uso policiaco y resistencia de particulares”.

El dirigente de vendedores informales agregó que estos modus operandi son incontables y frecuentes. “Lo más doloroso es que basta la palabra de los policías para que un juez de control configure estos delitos, sin una profunda investigación que en la mayoría de los casos no se hace”.

Raúl Arturo Pérez insistió en que su gremio es víctima de una persecución injustificada por parte de personal de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). "Se trata de casos graves de corrupción, fabricación de delitos, criminalización y movilización sistemática contra las más de mil personas que se dedican a trabajar para llevar sustento a sus hogares".

"Son acciones de años descaradas, constantes y con consigna de la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX), Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y demás autoridades del sistema de impartición de justicia.

Por ejemplo, dijo, lo que ocurrió en julio pasado, cuando un policía agredió a sus compañeras vagoneras, lo que derivó en una riña por la molestia de sus compañeros ante el abuso contra las mujeres.

Al conocer el hecho, lo documentaron, y esto provocó que la autoridad le fabricará delitos; “pesó más el testimonio de un policía que mis pruebas ante la Fiscalía capitalina", se quejó.

Policías tienen amenazados a sus hijos 

Refirió que "el juez de la Unidad 14 del Reclusorio Norte validó únicamente las pruebas del Ministerio Público para procesarme por los cargos de robo de 'candados de seguridad’ y resistencia de particulares agravados, por lo que alcanzaría una sentencia de nueve años y seis meses de cárcel".

A todas luces, sostuvo, es un caso más de corrupción, parcialidad y fabricación de delitos de la FGJCDMX, que no investiga, solo consigna con pruebas falsas, mis pruebas se basan en indagatorias de la Comisión de Derechos Humanos como videos, dictámenes médicos, testimoniales, que prueban grado de tortura hacia mi persona, ¿dónde queda el respeto a nuestros derechos y al principio de presunción de inocencia en el que se basa el sistema judicial mexicano?".

Raúl Arturo Pérez mencionó que a raíz de esto ha sido perseguido y sus hijos están amenazados por la policía.

“Me golpearon más de 15 policías para quitarme mi teléfono donde grabé pruebas de los abusos policiales, allanaron mi morada, atacaron a mis compañeros, alrededor de 60 policías fueron enviados para detener arbitrariamente a mujeres, niños y adultos mayores, ¿acaso es un delito trabajar para mantener nuestros hogares?”, cuestionó.

Protestarán próximo viernes

Advirtió que llegarán a dónde nos lleve la defensa de nuestros derechos, así lo establece el artículo 10 constitucional, y adelantó que el próximo viernes “iremos a protestar pacíficamente y solicitar al jefe de Gobierno Martí Batres Guadarrama atienda está problemática, instruya la realización de mesas de trabajo con los titulares de la SSC Pablo Vázquez Camacho, y del Metro Guillermo Calderón Aguilera y dar soluciones al problema".

Manifestó que no sólo hablan de irregularidades en su caso con el número de folio 0141588/2023, sino son al menos nueve, tres de mujeres y el resto hombres, de los cuales cinco no tienen relación con el gremio.

Si no hay para cubrir la multa, no dan comprobantes de cobro, lo que hace sospechar de corruptelas de servidores públicos. También el Congreso local debe poner atención a este hecho y adecuar las leyes en esta materia y frenar los abusos policiacos, denunció.