A poco que se consulten las noticias publicadas en el estado de Michoacán, se encuentra uno con el reporte de severas crisis en ámbitos fundamentales para la vida del estado y es verdaderamente difícil definir cuál problema es más y cuál es menos grave. No obstante, es de mencionarse que los profesores y los trabajadores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, al día de redactar estas líneas (lunes 12 de noviembre), no han cobrado completo su salario del mes de octubre y, según se dice, no hay dinero, ni alternativa viable para conseguirlo, menos aún hay recursos para hacer lo pagos por lo que resta del año (apenas se dijo que la SHCP había otorgado 110 millones de pesos de los 850 que se calcula que se necesitan, pero los universitarios no han recibido un solo peso).

El daño no se inflige solamente a profesores y trabajadores universitarios. Si aceptamos, como es en realidad, que las principales dependencias universitarias se encuentran ubicadas en las ciudades de Morelia y Uruapan y, si tomamos en cuenta la derrama quincenal de recursos que se causa cuando los pagos son oportunos, concluiremos que son muchos los negocios que están resultando afectados por esta falta de dinero. Hasta ahora, cabe agregar como muy positivo, las clases y la gran mayoría de las actividades académicas, no han sido suspendidas y, por tanto, en lo fundamental, los estudiantes no han sido afectados, no obstante, ya existen emplazamientos a huelga para fines de este mes por parte de los sindicatos representativos por lo que no se puede asegurar que la continuidad de las actividades académicas esté garantizada hasta la salida de vacaciones de fin de año.

El problema ya es crónico y no se mira la luz al final del túnel. La universidad arrastra un importante déficit. En los cinco años que van de 2013 a 2017, a la universidad se le programaron 12 mil 743 millones de pesos y ejerció 15 mil 912 millones de pesos, por lo que el déficit acumulado asciende a tres mil 169 millones de pesos y, en lo que concierne al cálculo por alumno inscrito, la universidad recibe 50 mil 388 pesos al año, cantidad que es muy inferior a la media nacional que es de 60 mil pesos. Pero no es todo. Casi siempre que se trata el problema, se menciona como afectados a maestros y trabajadores que no reciben sus sueldos y prestaciones de manera completa y oportuna, y eso es cierto, pero poco o nada se insiste en que los estudiantes tienen que aportar en cuotas de diferentes modalidades, cada vez más dinero, haciendo cada vez más difícil su educación.

Por su parte, el Colegio de Bachilleres de Michoacán, institución con más de cien planteles en el estado, ha estado informando que necesita más de 200 millones de pesos para enfrentar sus compromisos de fin de año y, también, sus estudiantes, cada año ven aumentadas las cuotas de recuperación. Nada alentador. Y ojalá aquí terminara este recuento de problemas graves, pero no es así. Los maestros del Sistema Telebachillerato acaban de recibir una negativa rotunda por parte de la directora general del subsistema, Cecilia Lazo de la Vega, quien rechazó sus peticiones de regularizar 16 planteles que se han fundado en el estado por iniciativa de padres de familia y maestros, “ya que este subsistema educativo carece de recursos para abrir más planteles”. No se dijo por parte de la directora general que los planteles fundados por los ciudadanos no fueran necesarios, incluso sostuvo que habría que ver qué otro tipo de plantel podría instalarse en la zona. Aquí aparece nuevamente el sobado argumento: “no hay recursos”.

En el mismo sentido se ha hablado de cerca de 30 mil personas que resultaron afectadas por las lluvias y las inundaciones recientes. La ciudad de Morelia por fin adquirió la declaratoria de desastre natural por la presencia de lluvia severa ocurrida el día 21 de octubre de 2018 (no pase por alto el amable lector que estamos hablando de tres semanas después). Lo anterior servirá para que el municipio acceda al Fondo Nacional de Desastres (Fonden). Michoacán ha sido víctima de tres desastres naturales en las últimas semanas: la noche del 10 de julio, unas pavorosas corrientes de agua en las faldas del cerro de El Quinceo y luego las inundaciones en la zona poniente de Morelia en la confluencia de los ríos Grande y Chiquito. Los damnificados perdieron colchones, camas, refrigeradores, estufas, roperos, ropa, muebles en general, electrodomésticos y automóviles, pero, aunque ya se hizo la declaratoria de desastre natural, nadie sabe cuándo van a llegar los recursos porque la SHCP no los ha aprobado todavía y lo que es mucho peor, el mentado Fonden solo cubre daños a estructuras de viviendas que se encuentren asentadas en zonas consideradas “sin riesgo” por lo que todo lo mencionado anteriormente no será repuesto. Una vacilada, pues, que no se convertirá en realidad jamás si los afectados no reclaman su derecho a acceder a los recursos de la nación.

Ahora bien, por si no fuera suficientemente sombría la situación financiera de Michoacán (y no es el único estado ni las mencionadas hasta aquí son las únicas carencias), ha trascendido que el gobierno del estado se está preparando para afrontar recortes al presupuesto que le llega de la federación, ello, como consecuencia de las declaraciones del Presidente electo, el Lic. Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que se recortará un 15 por ciento a las participaciones a estados y municipios para el año 2019. Michoacán arrastra ya un déficit presupuestal de siete mil millones de pesos, más lo que se acumule esta semana, que se debe a gastos “no presupuestados” en su nómina. Michoacán forma parte del tercio de entidades federativas que reciben el mayor porcentaje de participaciones federales, por tanto, la anunciada reducción tendría repercusiones devastadoras.

¿Qué pasa? ¿Es cierto que no hay recursos? ¿Somos un país pobre? Nada de eso. Según un estudio reciente del banco Credit Suisse, en México existen 39 personas que disponen de más de 10 mil millones de pesos, mientras que hay 96 millones de habitantes que viven bajo la línea de pobreza o, dicho de otra manera, el uno por ciento más rico del país se reparte el 40 por ciento de la riqueza nacional y si el rango se amplía al 10 por ciento más adinerado, se encuentra que recibe siete de cada 10 pesos de la riqueza del país. Esto se llama, aquí y en China: injusta, injustísima distribución de la riqueza, en este caso, de una economía que es la 14 del mundo (estaremos representados en la reunión del G-20, o sea, de los países más ricos del mundo, que se celebrará en los próximos días en Buenos Aires). Así de que, un poco contrario a la agenda nacional, me permito sostener que, más allá de aeropuertos allá o acullá, trenes mayas o, incluso, nuevas versiones del Prospera que distribuyan algo de efectivo, mientras no se modifique la injusta distribución de la riqueza que azota a nuestro país, muy poco, casi nada, habrá cambiado.