La violencia sexual, la explotación y la discriminación, son sólo algunos de los desafíos que enfrentan millones de personas que huyen de sus países cada año, principalmente las mujeres y niñas en desplazamiento forzado, informó la Organización de las Naciones Unidas, en el marco del Día Mundial de las Personas Refugiadas, 20 de junio.

Asimismo, reconoció el acceso limitado a servicios de salud, educación y protección lo cual aumenta su vulnerabilidad.

Ante este panorama, la Agencia para refugiados de la ONU (ACNUR) indicó que trabaja de manera constante para garantizar su protección, proporcionando acceso a servicios esenciales como atención médica, apoyo psicosocial, y programas de prevención y respuesta ante la violencia de género.

También, la agencia promueve la participación activa de las mujeres en los procesos de toma de decisiones, reconociendo que su inclusión es crucial para la construcción de comunidades resilientes y para la protección de sus derechos fundamentales.

México como destino final

En 2024, la Agencia encuestó a más de 14 mil personas que ingresaron de manera irregular a México. De estas, el 41 por ciento indicó que este país sería su destino final, frente al 26 por ciento registrado en 2023. Las nacionalidades más representadas son Cuba con un 82 por ciento, Haití con 64 por ciento, El Salvador con 56 por ciento, Nicaragua, Honduras y Guatemala con el 46, 45 y 40 por ciento, respectivamente.

Además, el informe “Tendencias y desafíos del desplazamiento forzado en México 2024” reveló que el 55 por ciento de las personas viajaban en grupo familiar, y un tercio eran niños, niñas o adolescentes, lo que muestra un desplazamiento más amplio de núcleos familiares completos. El 53 por ciento de las personas encuestadas mencionó haber sido víctima directa de violencia, mientras que el 43 por ciento citó la inseguridad como principal causa de salida de su país.

En cuanto a la seguridad en su ruta hacia México, el 58 por ciento de los encuestados reportó haber sufrido algún incidente, como robo, extorsión, amenazas físicas y secuestro, especialmente en el norte del país, donde esta cifra asciende al 64 por ciento.