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Violar la Constitución es corrupción
Los morenistas dicen combatir la corrupción, pero reciben dinero en efectivo sin explicar su origen, abusan de menores, violan a mujeres; ahora ellos invitan a violar flagrantemente la Constitución. ¿No es esto un acto de corrupción?
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El pésimo gobierno morenista cruzó la raya y violentó la Constitución. Ha cometido un atentado contra la Carta Magna. Si los morenistas pretenden modificar la Ley, existe un mecanismo para hacerlo: reunir dos terceras partes de los votos en la asamblea plenaria. Pero como no los tienen, usan subterfugios como el que su mayoría parlamentaria usó en el Senado de la República para agregar un artículo transitorio (un fatídico 13°) a ley secundaria que regula el funcionamiento del Poder Judicial. Ese artículo afirma: “la persona que a su entrada en vigor ocupe la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal durará en ese encargo hasta el 30 de noviembre de 2024”.

Este 13° Transitorio –“archirechazado” por los juristas, pero “hiperapoyado” por los legisladores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena)— viola dos de los 136 artículos que contiene nuestra Constitución. El 97° y el 100°, que a la letra indica: “Artículo 97°… Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior.”; “Artículo 100°… Salvo el Presidente del Consejo, los demás Consejeros durarán cinco años en su cargo, serán substituidos de manera escalonada, y no podrán ser nombrados para un nuevo período”. (las negritas son mías). La prolongación del mandato del ministro-presidente Arturo Saldívar es inconstitucional, lo mismo que el alargamiento del periodo de cinco años de los miembros del Consejo de la Judicatura.

¿Por qué razón el desastroso gobierno morenista decidió utilizar un subterfugio en las reformas de una ley secundaria? Porque no tiene la mayoría calificada que requiere para cambiar la Constitución; es decir, no reúne las dos terceras partes (el 66 por ciento) de los votos de los diputados presentes en el momento de la votación. Sin embargo, el día de la votación, las cosas estuvieron así: 261 votos a favor, 181 votos en contra, siete abstenciones. En total hubo en la asamblea 449 asistentes, y los 261 votos de estos 449 asistentes representaron el 58.12 por ciento; es decir, los morenistas no alcanzaron el 60 por ciento de los votos, cuando requerían el 66 por ciento. Por ello recurrieron a la trampa y al engaño, para satisfacer las presiones políticas de Palacio Nacional y cumplir la voluntad de su desastroso gobierno.

Ahora el problema tendrá que ser ventilado en el campo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre cuyos ministros penden, desde ahora, las amenazas lanzadas desde Palacio Nacional que, en términos llanos, pueden leerse de la siguiente manera: “quienes no autoricen violar la Constitución son corruptos; por tanto, quienes violen la Constitución, no son corruptos”. ¿Qué le parece, amable lector? Por lo visto los morenistas dicen combatir la corrupción, pero reciben dinero en efectivo sin explicar su procedencia, abusan de menores, son acusados de violación y toquetean a mujeres; y ahora son los que invitan a violar flagrantemente la Constitución. ¿No es esto un acto de corrupción? Evidentemente sí, se trata de un acto de corrupción, por lo que la moral morenista puede sintetizarse con sencillez: “son corruptos todos los que no son de Morena; pero los morenistas, aunque incurran en terribles actos de corrupción, no son corruptos”.

Una vez que la SCJN tenga que resolver si el controvertido 13° Transitorio es inconstitucional, la votación se va a poner complicada, porque se necesitan ocho votos de los 11 ministros que la integran y, como el ministro-presidente no puede votar, quedan 10 votos, los cuales, según varios medios de comunicación, están divididos de la siguiente manera: tres son allegados o están “alienados” a Morena (hay que recordar que se presionó para que el exministro Medina Mora renunciara para que tal posición fuera ocupada por Margarita Ríos Fajart, quien fue nombrada por el Presidente de la República, sin que éste tuviera facultad para ello); cuatro son “imparciales” y tres no están “alineados”. Los no alineados y los imparciales solo sumarían siete votos; y si los “alineados” votan en contra de la acción de inconstitucionalidad, se rebasaría por completo la línea roja y la Constitución sería pisoteada.

Si se pasa la línea roja, es decir si se viola la Ley de leyes, estaremos entonces ante una dictadura. En su perorata en la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo aseguró que estábamos frente a una encrucijada, la misma que enfrentó Alemania en 1939. Es decir, si permitimos que la Constitución sea violentada y que nuestra incipiente democracia se debilite, de acuerdo con lo dicho por el diputado Muñoz Ledo, avanzaríamos hacia una dictadura nazi como la de Adolfo Hitler.

Los pasos hacia la dictadura están dados: la cancelación arbitraria del nuevo aeropuerto de Texcoco; la suspensión de proyectos de inversión extranjera con consultas espurias; la violación de los derechos civiles de la gente mediante la aplicación de la extinción de dominio; la ampliación del catálogo de delitos penales que ameritan prisión preventiva para que, por “quítame estas pajas”, puedan meter a la gente a la cárcel; la desaparición del Ramo 23, que permitía la construcción de obras y servicios públicos básicos con recursos federales en favor de los pueblos; la cancelación de los fideicomisos que impulsaban a la ciencia; la falta de vacunas para el cuadro básico y las medicinas para los niños con cáncer o personas que padecen VIH-Sida; la desaparición de programas importantes como el Seguro Popular, que afilió a más de 60 millones de mexicanos y su sustitución por un sistema de salud “como el de Noruega”, pero que todavía no se ve por ningún lado; el incumplimiento de brindar mayor seguridad pública y en la semana que corre la vivencia del día más violento del año, con al menos 115 asesinatos; el precio de gasolinas por encima del que hubo en el gobierno de Enrique Peña Nieto, sin fecha para que la refinería de Dos Bocas comience la producción; el infame control de la pandemia de Covid-19, que ha colocado a México entre los primeros lugares de contagio y muerte; las vacunas que no llegan en número suficiente o la que está aún en una desconocida etapa de investigación, todavía no tiene nombre ni “frasquitos” para dosificarla; la criminal inundación que se ensañó con los tabasqueños pobres; la falta de apoyo económico a todos los damnificados de la región chontalpa y una gran lista de etcéteras…

Hasta ahora, lo único a la vista es la construcción de la dictadura, con un sistema de vigilancia Big Brother mediante la creación del padrón de usuarios de telefonía móvil que los morenistas proveerán con datos personales biométricos, los cuales estarán en manos del gobierno y, con un descuido, no lo dude el lector, terminarán en el mercado negro o en manos de la delincuencia.

Una vez que se pasa el umbral de ilegalidad, solo queda el camino hacia la dictadura. Sin embargo, cuando ésta ha logrado eliminar los poderes que conforman la República –el Ejecutivo, el Legislativo, y el Judicial– siempre se generan “los contrapesos”, y queda un poder capaz de resistir y, a la vez, construir los cambios que la sociedad requiere. Ese poder es el pueblo educado y organizado. Así que debemos estar listos al llamado en defensa de la Constitución, a movilizaciones de protestas y demandas. La libertad está de por medio.


Escrito por Brasil Acosta Peña

Doctor en Economía por El Colegio de México, con estancia en investigación en la Universidad de Princeton. Fue catedrático en el CIDE.


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