Al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le tiembla la mano cada vez que se habla de una reforma fiscal en México porque sabe que implicaría el cobro de mayores impuestos a las grandes fortunas; por ello siempre da un paso atrás. En días pasados reiteró que en 2022 no habrá más impuestos porque “no se necesitanˮ.

Lo cierto es que el Presupuesto de Egresos de la Federación del siguiente año (PEF 2022) contiene un gasto público mayor al de los ingresos que el Gobierno Federal obtendrá el año que entra y para solventarlo tendrá que obligar a los trabajadores del país a que paguen más impuestos.

En una de sus conferencias matutinas de la primera semana de julio, el Presidente adelantó que no habría una reforma fiscal. “No va a haber reforma fiscal, porque cuando se habla de reforma fiscal, ¿qué es lo que se entiende? Aumentos de impuestos. Pues no va a haber aumentos de impuestos, porque no se necesitan, afortunadamente”.

El mandatario dice que no se necesitan más impuestos o elevar la tasa de los que ya existen porque su política de austeridad y el combate a la corrupción permiten a su gobierno disponer de los recursos financieros para fondear el gasto público de México.

En esa ocasión también dijo que el próximo año habrá un crecimiento económico y que por ello no es necesario recaudar más recursos fiscales e insistió en que el combate que su gobierno está dando contra la corrupción complementa sus requerimientos presupuestales.

Sin embargo, un análisis de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) advirtió que, en 2022, la economía mexicana solo crecerá un 3.4 por ciento –apenas 0.2 puntos más del pronóstico que había hecho en mayo pasado (3.2)– estimación muy por debajo del 4.1 por ciento que estima el Gobierno Federal en su PEF 2022.

Es obvio que esta institución de análisis económico no cree que la “austeridad republicana” y el combate a la corrupción vayan a cubrir las necesidades fiscales del gobierno de AMLO, como seguramente lo saben los asesores de éste, ya que la Miscelánea Fiscal –componente básico del PEF– incluyó el registro de los jóvenes de 18 años en adelante en el Sistema de Administración Tributaria (SAT) a fin de que si se ponen a trabajar tengan que pagar impuestos.

La Miscelánea fiscal fue aprobada por la mayoría de los diputados de Morena y sus aliados de los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) en San Lázaro y avalada por el Senado de la República para festejo del mandatario.

Un guiño de AMLO al capital

El presidente López Obrador tiene empresarios favoritos; uno de ellos es Carlos Slim Helú, con quien tiene una vieja alianza política y ahora que encabeza el Gobierno Federal ha hecho negocios público-privados con él; es el caso de la reparación del tramo de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México que se cayó en mayo de este año y la construcción de dos rutas del Tren Maya, uno de sus proyectos “emblemáticos”.

En agosto de 2019, López Obrador invitó a Slim Helú a su conferencia matutina de ese día, a fin de festinar públicamente su presencia en Palacio Nacional y quizás celebrar que para entonces ya se había reconciliado con el hombre más rico de México y uno de los multimillonarios más poderosos del mundo.

Este detalle tiene una explicación: un año antes, en octubre de 2018, López Obrador había criticado al capital privado cuando afirmó que su gobierno no estaría “al servicio de una minoría. Se acabó el predominio de una minoría y la vinculación del poder económico y político, que el gobierno esté solo al servicio de un grupo”.

Pero en los hechos, el gobierno de la 4T está al servicio de los grandes empresarios, entre ellos el Grupo Carso, de Slim Helú, y el Grupo Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, dueño de Banca Azteca y de la cadena comercial Elektra.

Por ello no es casual que vea con buenos ojos a los integrantes del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN), entre quienes se hallan Slim Helú; Emilio Azcárraga, presidente de Televisa; Daniel Servitje, ejecutivo del Grupo Bimbo; Claudio X. González, de Kimberly-Clark y Laura Díaz Barroso, de Banca Santander México.

En junio de este año, el Presidente sostuvo una reunión oficial con el CMHN, al final de la cual señaló: “se reafirmó el deseo, la voluntad, de trabajar juntos, de promover la inversión privada, que es fundamental. No se puede desarrollar el país solo con la inversión pública, se requiere de la inversión privada y se llegó a un muy buen acuerdo”.

Salinas Pliego, otro de los multimillonarios más allegados al Presidente, es considerado por la revista Forbes como el segundo hombre más rico de México, toda vez que en lo que va del actual “gobierno de los pobres” su fortuna pasó de 11 mil 100 millones de dólares (mdd) a finales de 2028 a 11 mil 700 mdd.

Pese a sus críticas al gran capital, en el Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia de la República se hallan el propio Salinas Pliego, Olegario Vázquez Aldir, del Grupo Empresarial Ángeles; Carlos Hank González, del Grupo Financiero Banorte; Daniel Chávez Morán, del Grupo Vidanta; Miguel Rincón Arredondo, de Bio Pappel; Sergio Gutiérrez Muguerza, presidente del Consejo Directivo de DeAcero; Miguel Alemán Magnani, presidente del Grupo Alemán y de la aerolínea Interjet y Bernardo Gómez, copresidente de Grupo Televisa y ahora ejecutivo de Univisión.

Recaudación tributaria a medias

México es uno de los países con una de las recaudaciones fiscales más bajas de Latinoamérica y del mundo. Ésta es la razón por la que, de acuerdo con los especialistas en esta materia, requiere de reforma tributaria a fondo que permita al Estado mexicano contar con mayores recursos financieros para cubrir sus gastos.

Los asesores de la 4T sugieren la aplicación de una estrategia tributaria encaminada sobre todo a obligar a la economía informal a pagar impuestos y evitar, asimismo, que esta siga en ascenso, como ha ocurrido en décadas pasadas. En este año, debido al confinamiento sanitario provocado por el Covid-19, al desempleo y a la carencia de apoyos a las pequeñas y medianas empresas, tuvo un incremento importante.

César Fragoso, académico del Departamento de Estudios Empresariales de la Universidad Iberoamericana (UIA) está a favor de una reforma fiscal y señala que una de las causas de la baja tasa de recaudación tributaria se debe a la informalidad laboral, que ronda en el 60 por ciento con respecto a la población económica activa (PEA) y en los dos últimos años aumentó como consecuencia de la pandemia.

Según la OCDE, la recaudación tributaria en México representa el 16.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), porcentaje más del 50 por ciento inferior al 34.2 por ciento promedio de los otros países que integran esta organización y ocupa el sexto peor sitio entre los países de América Latina.

En su informe Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe, la OCDE ubica a Cuba en el primer lugar en recaudación de impuestos, con el 41.7 por ciento; le siguen Brasil, con el 32.2 por ciento, y Argentina, con el 31.3 por ciento.

Fragoso señaló que no se observa en el futuro próximo una reforma fiscal en México porque la “narrativa” del gobierno de López Obrador es la austeridad republicana, pese a las grandes necesidades de ingresos que el Estado tiene para impulsar la economía. Por ello, dijo, el país “está perdiendo competitividad a nivel mundial”.

“El problema que tenemos en México es que hay un Impuesto Sobre la Renta (ISR) muy alto y tenemos una recaudación muy baja desde los contribuyentes. Estamos perdiendo competitividad ante países de Asia, en donde el ISR es del 32 por ciento, mientras que en México es del 15 por ciento”.

El académico sugirió que México debería reducir el ISR y desde su perspectiva, aumentar un poco más el impuesto al consumo, pues de esta manera se gravaría a toda la informalidad que existe en el país.

En la sección La mirada de la academia, de la misma institución, José Luis Vásquez Costa, coordinador de las licenciaturas en finanzas, contaduría y dirección de negocios, afirma que entre las modificaciones fiscales aprobadas por los legisladores para 2022, la más abusiva consiste en que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) pretende “marcar como contribuyentes a los jóvenes aun cuando no tengan ingresos”.

Vásquez Costa hace referencia al ordenamiento legal que dispone que a partir del próximo año todos los mexicanos con 18 años de edad en adelante tendrán que estar registrados en el SAT.

El fisco beneficia a los ricos

Viridiana Ríos, experta en políticas públicas, dijo en entrevista con la estación W Radio que en México las reglas y políticas fiscales benefician a los más ricos en detrimento de los más pobres. “Aunque no hubiera corrupción, el problema son las reglas y eso se tiene que acabar”. Esta afirmación da contenido a su nuevo libro titulado No es normal. El juego oculto que alimenta la desigualdad mexicana y cómo cambiarlo.

Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH), la cual evidenció que, en 2020, más de seis millones de mexicanos dejaron de formar parte de las clases medias y se sumaron a las filas de la clase baja. En 2018 había 53.5 millones identificados en la clase media, pero en 2020 esta cifra descendió a 47.2 millones.

En opinión de Ríos, las familias de clase media están definidas por ingresos mensuales que oscilan entre 25 mil y 58 mil pesos, con los que pueden satisfacer sus necesidades cotidianas y aun subsistir durante algunos meses sin tener trabajo. Por ello, el porcentaje de las clases medias es bajo y mucho menor al de las altas, que apenas rondan en el millón de personas. En el esquema tributario actual se les cobra lo mismo a las clases medias y altas, hecho en el que naturalmente no están de acuerdo las clases medias, dijo Viridiana Ríos.

“Hay dos razones por las que los ricos-más-ricos podrían estar pagando tan pocos impuestos como proporción de su ingreso: la evasión y la elusión. La evasión fiscal es una violación a la ley. Se refiere al ocultamiento de ingresos o al reporte falso de gastos o pérdidas para pagar menos impuestos. Al parecer esto es algo muy común. Se estima que a través de estas técnicas, las personas físicas con actividad empresarial evaden el 68 por ciento de los impuestos que deberían pagar”, dice Ríos en su libro.

En otros casos, explica, “los impuestos no se evaden, sino que simplemente se ‘eluden’. La elusión fiscal se refiere a utilizar estrategias contables para disminuir al extremo el pago de impuestos. Estas estrategias no son necesariamente ilegales, pero tampoco son del todo legales. Es decir, se juega con las áreas grises de los códigos fiscales o se explotan leyes o procesos que no están suficientemente regulados o que son sujetos a interpretarse ampliamente. La elusión fiscal requiere los conocimientos especializados de exclusivos despachos contables capaces de diseñar estrategias sofisticadas; por ello, solo está disponible para las personas de mayores ingresos”.

El PEF 2022 contempla un gasto público de más de siete billones de pesos; de los casi cuatro billones que proceden de impuestos, dos billones derivan de la aplicación ISR y un billón 213 mil millones del Impuesto al Valor Agregado (IVA). El uso de estos recursos fiscales, sin embargo, no se ve reflejado en mejores servicios públicos.

Georgina Ramírez Esquivel, catedrática de la Facultad de Contaduría y Administración de (FCA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dijo a buzos que por ley el cobro de impuestos es progresivo, pero a la fecha las autoridades hacendarias y el Poder Legislativo no han cumplido a cabalidad este mandato.

La muestra más a la vista de este incumplimiento la dieron los legisladores de la coalición Morena, PT y PVEM en el Congreso de la Unión al aprobar una modificación que en nada tocó a los causantes con mayores ingresos y puso en la mira los de los jóvenes de 18 años en adelante.

Consideró que es necesario trabajar en una educación cívica desde los primeros años escolares con la finalidad de crear en los ciudadanos una cultura del pago de impuestos. “No como ahora, pues tal parece que es mas una imposición, fiscalizar a los jóvenes, aunque no tengan ingresos”.

La otra parte que el Gobierno Federal queda a deber –ahora con mayor notoriedad que en sexenios anteriores– es “que no demuestra con buenos servicios públicos ni infraestructura el cobro de los impuestos”.

Para la académica, el PEF 2022 es solo “para cubrir la vanidad del presidente López Obrador, quiere trascender sin preocuparse por brindar salud, educación y servicios públicos. Ha ampliado recursos para grandes obras, pero no para estos rubros. Hubo excesos y es necesario que transparente los recursos”.

Ramírez Esquivel explicó que cobrar mayores impuestos no debe ser arbitrario “siempre y cuando éstos se demuestren en la realidad; es decir, en mejor educación, mejor salud, seguridad e infraestructura de todo tipo. Frente a ello, los ciudadanos, no se opondrían”. Sobre el aumento en las cifras de pobreza, la maestra dijo que este hecho “denota que lo que se esta captando no se está invirtiendo”.