A partir del día de mañana, sábado 24 de agosto, entrará en vigor la Ley Paola Buenrostro, esto luego de su publicación, este viernes 23 del mismo mes, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Cabe destacar que la Ciudad de México se convierte en la segunda entidad federativa del país en adoptar esta tipificación, tras Nayarit, que lo hizo en marzo pasado. La ley subraya la urgencia de reconocer el transfeminicidio como una figura penal autónoma y específica, dado que se trata de un crimen de odio contra mujeres trans.

La Ley Paola Buenrostro lleva el nombre en memoria de Paola Buenrostro, una mujer trans y trabajadora sexual asesinada el 30 de septiembre de 2016. Tras su muerte, la lucha por justicia de su amiga y defensora de derechos humanos, Kenya Cuevas, rompió barreras sociales y mediáticas sobre la violencia letal contra las mujeres trans en México.

La ley implica reformas al Código Civil, a la Ley Orgánica de la Fiscalía y a la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, con el objetivo de incluir a la familia elegida en el proceso de justicia. Esto busca garantizar que las víctimas no sean enterradas en fosas comunes como desconocidas y que sus identidades de género sean respetadas en los documentos oficiales.

Además, la ley busca asegurar el acceso a la justicia para las víctimas de violencia transmisógina y castigar con severidad la violencia extrema contra mujeres trans.

Las reformas al Código Penal, publicadas este viernes, establecen penas de entre 35 y 70 años de prisión para quienes cometan transfeminicidios en la Ciudad de México. La condena puede incrementarse hasta en una tercera parte si el delito se comete por motivos relacionados con la identidad o expresión de género de la víctima. También se agravará la pena si el delito se comete en el contexto del trabajo o explotación sexual, así como trata de personas, si es cometido por más de una persona, en presencia de familiares o contra menores, personas con discapacidad y adultas mayores trans, entre otros.

Finalmente, la ley estipula que los condenados por transfeminicidio serán inscritos en el Registro Público de Personas Agresores Sexuales, con una duración mínima de diez y máxima de 30 años.