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El Reporte Especial de esta semana nos habla de las múltiples funciones de un grupo creado en este sexenio: los Servidores de la Nación, empleados del Gobierno Federal y activistas de Morena; promotores del voto y encargados de enlistar a beneficiarios de programas sociales, promoviendo, con la entrega de apoyos monetarios, la figura presidencial para garantizar votos a favor de los candidatos del partido gobernante en los próximos comicios.
Si en sexenios anteriores el candidato triunfante convirtió a sus promotores del voto en funcionarios públicos, asignándoles buenos sueldos y diversas funciones importantes, como levantar el padrón para las siguientes elecciones, enlistar a los beneficiarios de los programas sociales; supervisar, coordinar y vigilar importantes programas como la aplicación de vacunas contra terribles epidemias… si Presidentes electos del pasado premiaron a los promotores del voto de su partido, asegurándoles un brillante futuro… si en el pasado, un partido en el gobierno podía ahorrarse el pago de miles de sus activistas, porque la administración pública absorbía este gasto… en fin, si todo esto sucedía con gobiernos anteriores, entonces los mexicanos permanecemos anclados en el pasado gracias a la “Cuarta Transformación” y sus engendros, como los superdelegados y los “servidores” de la Nación.
Lo que estamos presenciando en México durante este periodo electoral es la historia de siempre, solo que enriquecida con las experiencias electorales de 2018, con la campaña de promesas de apoyo con programas sociales, una manera “refinada” de comprar los votos. Afortunadamente, muy pronto la realidad mexicana ha comenzado a desmentir tantas promesas descabelladas y autoalabanzas de honestidad, rectitud moral, democracia y combate a la corrupción como características esenciales del “nuevo régimen”.
La estrategia de cargar al erario el pago de una maquinaria electoral que garantice la continuidad en el poder del partido gobernante es parcial, inequitativa, antidemocrática y abusiva; atenta contra el derecho de los demás partidos, de los otros candidatos y de todos los ciudadanos; los opositores no tienen la posibilidad de usar los recursos públicos para influir en la población ni para financiar sus actividades y efectuar su labor propagandística; han quedado en desventaja frente al aparato electoral del Estado, encabezado por el Primer Mandatario; por lo tanto, este proceso es injusto e ilegal.
Estos posibles excesos del poder público, de los funcionarios –principalmente del Poder Ejecutivo– están prohibidos por la ley en reglamentos y artículos constitucionales que hicieron necesaria la creación de un instituto autónomo encargado de vigilar la vida electoral y con facultades para evitar irregularidades y delitos por parte de cualquier participante en los comicios, incluidas las autoridades y el propio Presidente de la República, obligando a todos a respetar la Ley Electoral y con facultades para sancionar a quien transgreda los preceptos constitucionales en esta materia; esto no es coartar la libertad de expresión, sino garantizar el respeto a las libertades y derechos de todos los individuos; por eso no tienen razón el Presidente y todos sus correligionarios, que pusieron el grito en el cielo cuando el INE dictaminó que no deberían transmitirse de manera íntegra las conferencias “mañaneras” y acusaron a su titular de atentar contra la libertad de expresión y otros derechos del Presidente; el titular del Poder Ejecutivo no es cualquier ciudadano, sino el representante de todos los mexicanos, cuya mayoría le confirió un poder excepcional no para abusar de él sino para impedir todo atropello y poner el ejemplo de equidad, imparcialidad y respeto de la ley en materia electoral; ya no solamente es servidor de su partido, aunque también proteja sus libertades y derechos, ahora la protección se la debe también a todas las organizaciones políticas.
Pero los lineamientos de las autoridades electorales no han sido respetados por el Poder Ejecutivo; hace tiempo que el Presidente abusa de su investidura utilizando recursos públicos para promover su imagen y garantizar el triunfo de su partido en las próximas elecciones.
La vieja maniobra no ha pasado completamente desapercibida para el pueblo; los comentarios surgen y se abren paso; las críticas abundan y van desde la preocupación y el asombro hasta la indignación y la condena por el uso del poder para inclinar el proceso electoral en el sentido que convenga al gobierno y su partido, al más puro estilo de quienes estuvieron al frente del país 90 años antes de Morena.
El Coneval reconoció que uno de los retos más urgentes para el sistema de salud en México, es atender las secuelas del Covid-19.
La reforma judicial de AMLO propone la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros de la SCJN.
“La verdad, pensábamos que AMLO iba a transformar a la comunidad de nosotros en una comunidad mejor, pero, pues no: hoy estamos peor que antes", denunció doña Guadalupe, mujer mayo-yoreme de Sinaloa.
Una Secretaría de Agricultura convertida en cementerio donde despachan dos o tres personajes de poca valía intelectual y de nula experiencia para atender las necesidades del campo.
La economía mexicana persiste pese a que entre julio y septiembre de este año logró un ligero crecimiento de 0.1 por ciento respecto al trimestre anterior.
Los senadores no avalaron la reforma educativa tras la discusión de los cambios constitucionales en lo particular.
Ante la urgencia de dinero para desarrollar a la CFE; el gobierno de AMLO abrió las puertas de esta empresa a inversionistas privados
Sin embargo, López Obrador fue muy optimista esta mañana al reiterar que “pensamos que nos va a ir bien este año”.
Cada vez resultan más desagradables las preguntas oficiosas.
Los grupos de poder y el gobierno enajenaron a la población para evitar que participe en la solución de sus males económicos y sociales.
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza destacó que entre 2018 y 2020, el ingreso laboral se redujo en un 11 por ciento, mientras que la carencia de salud creció al 78 por ciento.
Son cinco las denuncias por abuso sexual, y el morenista ha argumentado que se trata de desprestigio en su contra.
"Será considerablemente justo reducir el impuesto sobre beneficios de las empresas tecnológicas".
El PND, parece que tras su aprobación va a tener varios problemas y uno de los que se ve es con el Poder Judicial, pues hay abogados que están listos para los juicios de amparo contra la aplicación del documento sexenal del presidente López Obrador.
Así lo dio a conocer el presidente López Obrador durante su conferencia matutina
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Escrito por Redacción