Cargando, por favor espere...
El Reporte Especial de esta semana nos habla de las múltiples funciones de un grupo creado en este sexenio: los Servidores de la Nación, empleados del Gobierno Federal y activistas de Morena; promotores del voto y encargados de enlistar a beneficiarios de programas sociales, promoviendo, con la entrega de apoyos monetarios, la figura presidencial para garantizar votos a favor de los candidatos del partido gobernante en los próximos comicios.
Si en sexenios anteriores el candidato triunfante convirtió a sus promotores del voto en funcionarios públicos, asignándoles buenos sueldos y diversas funciones importantes, como levantar el padrón para las siguientes elecciones, enlistar a los beneficiarios de los programas sociales; supervisar, coordinar y vigilar importantes programas como la aplicación de vacunas contra terribles epidemias… si Presidentes electos del pasado premiaron a los promotores del voto de su partido, asegurándoles un brillante futuro… si en el pasado, un partido en el gobierno podía ahorrarse el pago de miles de sus activistas, porque la administración pública absorbía este gasto… en fin, si todo esto sucedía con gobiernos anteriores, entonces los mexicanos permanecemos anclados en el pasado gracias a la “Cuarta Transformación” y sus engendros, como los superdelegados y los “servidores” de la Nación.
Lo que estamos presenciando en México durante este periodo electoral es la historia de siempre, solo que enriquecida con las experiencias electorales de 2018, con la campaña de promesas de apoyo con programas sociales, una manera “refinada” de comprar los votos. Afortunadamente, muy pronto la realidad mexicana ha comenzado a desmentir tantas promesas descabelladas y autoalabanzas de honestidad, rectitud moral, democracia y combate a la corrupción como características esenciales del “nuevo régimen”.
La estrategia de cargar al erario el pago de una maquinaria electoral que garantice la continuidad en el poder del partido gobernante es parcial, inequitativa, antidemocrática y abusiva; atenta contra el derecho de los demás partidos, de los otros candidatos y de todos los ciudadanos; los opositores no tienen la posibilidad de usar los recursos públicos para influir en la población ni para financiar sus actividades y efectuar su labor propagandística; han quedado en desventaja frente al aparato electoral del Estado, encabezado por el Primer Mandatario; por lo tanto, este proceso es injusto e ilegal.
Estos posibles excesos del poder público, de los funcionarios –principalmente del Poder Ejecutivo– están prohibidos por la ley en reglamentos y artículos constitucionales que hicieron necesaria la creación de un instituto autónomo encargado de vigilar la vida electoral y con facultades para evitar irregularidades y delitos por parte de cualquier participante en los comicios, incluidas las autoridades y el propio Presidente de la República, obligando a todos a respetar la Ley Electoral y con facultades para sancionar a quien transgreda los preceptos constitucionales en esta materia; esto no es coartar la libertad de expresión, sino garantizar el respeto a las libertades y derechos de todos los individuos; por eso no tienen razón el Presidente y todos sus correligionarios, que pusieron el grito en el cielo cuando el INE dictaminó que no deberían transmitirse de manera íntegra las conferencias “mañaneras” y acusaron a su titular de atentar contra la libertad de expresión y otros derechos del Presidente; el titular del Poder Ejecutivo no es cualquier ciudadano, sino el representante de todos los mexicanos, cuya mayoría le confirió un poder excepcional no para abusar de él sino para impedir todo atropello y poner el ejemplo de equidad, imparcialidad y respeto de la ley en materia electoral; ya no solamente es servidor de su partido, aunque también proteja sus libertades y derechos, ahora la protección se la debe también a todas las organizaciones políticas.
Pero los lineamientos de las autoridades electorales no han sido respetados por el Poder Ejecutivo; hace tiempo que el Presidente abusa de su investidura utilizando recursos públicos para promover su imagen y garantizar el triunfo de su partido en las próximas elecciones.
La vieja maniobra no ha pasado completamente desapercibida para el pueblo; los comentarios surgen y se abren paso; las críticas abundan y van desde la preocupación y el asombro hasta la indignación y la condena por el uso del poder para inclinar el proceso electoral en el sentido que convenga al gobierno y su partido, al más puro estilo de quienes estuvieron al frente del país 90 años antes de Morena.
El ocaso del movimiento estudiantil fue, al mismo tiempo, el ocaso de la cultura juvenil de la rebeldía política.
Será la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quien administrará el Fondo de Pensiones para el Bienestar y estará constituido en el Banco de México.
Los movimientos que buscan capitalizar la efervescencia de la fallida política de la Cuarta Transformación son los grupos más conservadores del país.
La centralización del poder practicada por el Presidente de la República atropella y coarta los derechos de los mexicanos más pobres; incluso, lo más lamentable, la aplican también algunas autoridades estatales y municipales.
"Si ya hicieron esto en el 2021, pues no les va a costar trabajo volverlo a hacer en el 2024 y entonces México se encamine hacia un narco-estado”.
La Constitución es la mejor herramienta de una república democrática para salvaguardar los derechos humanos de las personas.
En representación del presidente de México, AMLO, asistió a la rendición de protesta la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
Las mujeres creyeron ver en el proyecto de la “Cuarta Transformación” una salida a su situación marginal, pero a dos años de gobierno del presidente López Obrador, los resultados muestran una realidad completamente diferente.
Solo cuando gobierne el pueblo, pues hoy no es así, podremos salir de los atropellos que se cometen con el doble discurso de la 4T.
Las declaraciones de López-Gatell no tienen certeza, pues en días pasados, los contagios por Covid-19 ha superado en algunos, más de 20 mil casos.
El fondo documental se encuentra disponible desde 1998, y a partir del año 2002 abierto sin restricciones.
Gálvez Ruiz hizo comentarios sobre los datos de las finanzas de la organización civil y las percepciones de sus directivos y periodistas.
La “democracia” gringa ha entrado en una crisis, que a su vez revela una profunda polarización social entre los WASP (Blancos, Anglosajones y Protestantes) y los que quieren un gobierno que incluya en las decisiones del gobierno a las minorías raciales.
“Estamos hablando de un acto propagandístico, es un enfrentamiento entre grupos, pero también es un acto de provocación”.
La tenue línea que divide a los diferentes poderes de la Unión se observa imperceptible. Los incorruptibles hacen uso del Poder Judicial al libre albedrío.
Escrito por Redacción