Creo que todas y todos los mexicanos supimos a buen tiempo que la opinión mayoritaria del país se inclinaba de manera clara, y en una actitud muy decidida además, en favor del actual Presidente de la República y de casi todos los candidatos que postulaba su partido. La gente estaba harta de la pobreza, la marginación y las carencias de todo tipo en que la habían sumido y mantenido los gobiernos anteriores, sin distinción de partido, y no estaba dispuesta a soportar, por ninguna razón, que las cosas siguieran igual. Exigía un cambio y estaba dispuesta a lograrlo a cualquier precio. El peligro de un estallido violento en caso de un fraude electoral se podía tocar con las manos.

El entonces candidato presidencial y actual primer mandatario lo sabía el primero de todos, y así lo dijo en varias ocasiones. Todos recordamos aquel discurso ante la convención nacional de banqueros en que les advirtió que nadie debería atreverse a abrir la jaula al tigre. Si alguien se atreve a hacerlo, amenazó, me voy a Palenque y ahí les dejo el problema. A ver quién es el bueno que haga frente a la fiera desatada (la cita no es literal). Afortunadamente, el Instituto Nacional Electoral (INE) se comportó a la altura de las circunstancias y nuestra endeble democracia funcionó eficazmente esta vez. A ello hay que sumar, por elemental espíritu de justicia, que quienes tenían en sus manos el poder y la capacidad para adulterar los resultados de la elección, también reaccionaron con madurez y responsabilidad: respetaron estrictamente la autonomía del INE y, llegado el momento, acataron el veredicto de las urnas. Así, entre todos, salvamos la paz y la convivencia de todos los mexicanos y las mexicanas que conformamos este gran país.

Hoy estamos ante un reto parecido. Se acercan las elecciones “intermedias” en las que se renovará la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se elegirán 15 gobernadores, algunos congresos locales, presidentes municipales y regidores, las alcaldías de la Ciudad de México, etc. Estarán en juego unos tres mil 200 cargos de elección popular, según los cálculos oficiales, razón por la que algunos la califican como la elección más numerosa y compleja en la historia reciente del país. Sin embargo, pienso que lo que lo vuelve un ejercicio democrático difícil, complejo y peligroso, como quizá nunca antes, es el estado de ánimo social en que nos encuentra. Hoy, a diferencia de la elección recién pasada, no hay una unidad clara en torno a un partido político; más bien, la sociedad se encuentra claramente dividida y polarizada a un grado tal que, al igual que la unidad en torno al candidato presidencial de Morena en 2018, hoy la división se puede palpar con la mano, o “cortar con un cuchillo”, según la conocida frase coloquial. Hay división en la ciudadanía. Y una división tan honda e irreconciliable que nadie con un mínimo de sentido común y de capacidad de observación la puede negar.

Lo que no está tan claro, lo que sí ofrece dudas evidentes y nos tiene que poner a reflexionar a todos, en primer lugar a los analistas políticos expertos y desprejuiciados, es lo siguiente: ¿por dónde pasa la línea divisoria actual entre mexicanos y mexicanas y de qué tamaño son los bloques separados por esa línea? En otras palabras, ¿de qué lado está ahora la mayoría y de qué tamaño es su ventaja sobre la minoría? ¿Qué tan monolíticos son esos bloques y cuáles son las probabilidades de que, al calor de la lucha electoral, crezcan unos a expensas de los otros? La importancia de la cuestión reside, según mi opinión, en que, caso de existir una mayoría del lado que sea, tiene que ser por fuerza una mayoría exigua, con una ventaja pequeña sobre la minoría que exige, por tanto, un instrumento de medición fino y ultrasensible para poder dimensionarla con seguridad y exactitud.

En eso reside, precisamente, el carácter difícil y peligroso de la próxima elección. Todos lo hemos visto y vivido varias veces en los pocos años de nuestra joven democracia: cuando las diferencias en los resultados que arrojan las urnas son mínimas, es cuando se torna más difícil hacer que los perdedores acepten su derrota; cuando se desatan con más virulencia las acusaciones recíprocas de fraude y los reclamos de triunfo por parte de ambos competidores; es cuando el terreno resulta más propicio para rebelarse contra del fallo de las urnas. Afortunadamente, siempre se han hallado los caminos y los medios para salir del paso y garantizar la paz y la tranquilidad de todos. Pero hoy las cosas pintan de otro color. La crispación social ha llegado a tal punto que hace temer al buen sentido que un fraude en la elección, o el simple desaseo en la conducción del proceso que haga creíble la acusación de fraude, desencadene las pasiones de los contendientes, desborden éstos los frágiles diques de la ley y nos arrastren a todos a un estallido violento y descontrolado cuyos daños son imprevisibles pero seguros.

Por eso hoy es más urgente que nunca que todos, pero en particular quienes tienen el poder y la responsabilidad en la conducción del país, cuidemos y midamos milimétricamente cada paso, acción y declaración sobre cuestiones electorales. Es deber colectivo preservar la competencia, respetabilidad, imparcialidad y apego a la ley de los órganos y tribunales electorales; que todos, empezando por el Presidente y los señores senadores de la República, obremos con limpieza, transparencia y apego a la ley a la hora de decidir la integración de tales organismos; que seamos muy respetuosos de su integridad y de sus atribuciones legales, sin pretender invadirlas o suplantarlas contraviniendo el derecho; que evitemos todo movimiento de piezas que pueda ser interpretado como un intento de cargar los dados en favor de tal o cual partido o candidato. En caso contrario, estaremos debilitando la capacidad de acción, la imparcialidad y la confiabilidad del instrumento de medición de los resultados electorales y, con ello, abriendo de par en par la puerta al peligro de un estallido violento que nadie desea.

El buen sentido aconseja también la extremada responsabilidad y transparencia en el manejo de los recursos públicos y los programas de gobierno destinados al beneficio de las clases más desprotegidas del país; en el manejo del presupuesto destinado a la publicidad del gobierno; en el trato con todos los medios de comunicación, evitando favorecer solo a los amigos y castigar a los insumisos con el dinero público. Recomienda también la extremada institucionalidad a la hora de nombrar y remover a los titulares de organismos relacionados con la administración pública o con la defensoría de distintos derechos ciudadanos, garantizando que todos se comporten con la mayor transparencia y apego a lo mandatado por la ley. Cancelar de una vez por todas las guerras mediáticas contra los opositores y disidentes políticos porque, en último término, son otras tantas maniobras ilegales para manipular y torcer la voluntad popular en las urnas. Hay que aprender a rebatir con argumentos, no con injurias.

Los antorchistas vivimos y sentimos en carne propia la intensificación de la guerra sucia en medios y redes. Vemos cómo aumenta el refriteo de viejas acusaciones falsas y cómo suben de tono las amenazas a nuestra libertad y a nuestra vida. Dejo aquí constancia de ello porque refuerza mi opinión sobre el carácter peligroso de la elección que viene, pero también porque creo que es algo que no debe tomarse a la ligera y la opinión pública nacional debe estar advertida. Se trata de calumnias e infundios sin sustento de ninguna clase; nuestro verdadero delito es ser opositores abiertos y verticales del proyecto reformista de la 4ª T. Por eso exigimos que cesen de inmediato las intimidaciones y que se respete de modo irrestricto nuestro derecho a disentir y a participar de pleno derecho en la vida política del país.

Es del dominio público que los programas sociales de la 4ªT están enfocados hacia gente previamente seleccionada por su fidelidad al gobierno, mientras discriminan y marginan abiertamente a los desafectos o insumisos. Las pocas despensas que se han repartido con motivo de la pandemia; los famosos minicréditos a empresas micro, pequeñas y medianas; el reparto de becas y la distribución de fertilizantes a los pequeños productores del campo siguen el mismo modelo electorero. Todo eso se ha hecho y se sigue haciendo con criterio partidista, basándolo en padrones levantados casi clandestinamente por miembros de Morena, y hoy se habla de sofisticados programas cibernéticos de geolocalización y de manipulación del voto de los beneficiarios. Esto es un delito tipificado por la ley vigente.

Se afirma también en los medios que la elección de los cuatro consejeros del INE que hacen falta, se está “cocinando” entre bambalinas para colocar gente adicta a la 4ªT. Es obvio que si eso llegara a suceder, esa institución, que ha sido clave para salvaguardar la democracia y la paz social, habrá perdido su independencia y su credibilidad y el fraude electoral quedará a la vista. Los ciudadanos y ciudadanas responsables de este país, que somos la inmensa mayoría, no lo debemos permitir. El Presidente no tiene ninguna facultad legal para autoerigirse en guardián de las elecciones, ni puede ser garantía de imparcialidad alguna porque sus intereses electorales y partidarios están a la vista de todos. Es un absurdo jurídico y un claro abuso de poder que pretenda ser juez y parte en los próximos comicios. También eso desnuda la intención de manipular los resultados de las urnas en la elección que viene.

A nadie conviene ni urge más que al gobierno, que las próximas elecciones se den en un clima de absoluta paz social y de plena confianza ciudadana en los órganos electorales, sin trampas ni presiones, abiertas o disimuladas, sobre los electores. Solo así los resultados, en caso de que le favorezcan, serán aceptados y respetados por todos los actores políticos; solo así podrán gobernar en paz y con pleno respaldo de la ley y del pueblo mexicano. Solo así podrán seguir construyendo, también en paz, su proyecto de la 4ª Transformación. ¿Es esto, acaso, mucho pedir?