Los habitantes de los municipios Tanlajás y San Antonio, asentados en la región huasteca de San Luis Potosí, están catalogados en situación de pobreza múltiple y pobreza extrema, padecen hambre y sus índices de desempleo y morbilidad son altos debido a la pandemia de Covid-19; a pesar de ello, ninguno de los tres niveles de gobierno ha elaborado un plan de apoyo para rescatarlos.

“El dinero ya no alcanza para adquirir lo básico; antes podíamos comprar un poco de fruta, verduras, huevo, frijoles, entre otros productos; ahora ya no, y ni pensar en comer carne, ya que el kilo está por encima de lo que gana en un día un campesino (entre 80 o 100 pesos diarios). Estamos padeciendo hambre; los niños y adultos mayores son quienes más lo resienten; lamentablemente esta situación empeoró con la crisis sanitaria”, reveló Josefina Martínez, madre de familia originaria de la comunidad de Tocoymohom, municipio de Tanlajás, ubicado en la huasteca potosina.

La situación socioeconómica de la señora Josefina es idéntica a la que viven los más de 789 mil habitantes de 17 de los 20 municipios huastecos de San Luis Potosí que según los datos de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) padecen pobreza alimentaria.

Las comunidades con mayores indicadores de pobreza múltiple pertenecen a las áreas rurales más alejadas de los centros urbanos, como es el caso de los municipios San Antonio, Tanlajás, Coxcatlán, San Martín Chalchicuautla y Aquismón, además de Tancanhuitz y San Ciro de Acosta.

En estos asentamientos, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), las familias padecen dos o tres carencias sociales entre las que destacan la alimentaria, la falta de atención médica y la de servicios urbanos básicos (agua potable, drenaje, vivienda firme, etc.).

En 2015, el 90.5 por ciento de la población de San Antonio fue catalogada en condición de pobreza; en Tanlajás este sector comprende el 89.3 por ciento y en Coxcatlán el 84.2. La carencia por acceso a la alimentación en San Antonio fue del 47.7 por ciento; del 43.1 por ciento en Coxcatlán y del 51.9 en Tanlajás, es decir, 10 mil 258 personas.

En lugar de cambiar en los pasados seis años, esta situación ha empeorado debido a la crisis sanitaria generada por la pandemia; ahora, el 50.28 por ciento de los habitantes de Tanlajás vive en extrema pobreza; ésta afecta al 48.66 por ciento de los pobladores de San Antonio y al 34.53 por ciento de los de Coxcatlán. El factor negativo de mayor impacto ha sido la pérdida de ingresos provocada, a su vez, por el desempleo.

“Somos campesinos, vendíamos nuestra mercancía y nos alimentábamos de la misma, (verduras y frutas); después llegó el gobierno del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y nos quitaron los apoyos, dejando más abandonado al campo. Y, por si fuera poco, la crisis sanitaria por Covid-19 afectó seriamente nuestras ventas, por lo que nos quedamos sin recursos, sin apoyo y olvidados”, aseguró Rodolfo Antonio López, campesino téenek de la comunidad de Tocoymohom.

En otra vivienda, construida con troncos y palmas por Vicente Santiago Ramírez y su familia –integrada por él, su esposa y cuatro niños– el único guiso de consumo cotidiano son los quelites, cocinados en un pequeño bracero donde arden los mismos materiales con que está construida su choza.

“Los quelites se han convertido en nuestro alimento diario. No hay más, en esta zona se dan de manera abundante, de otra manera, moriríamos de hambre, decirlo pareciera exagerado, pero es nuestra cruel realidad”, indicó el señor Vicente Santiago. La crisis alimentaria que azota a las familias de la Huasteca potosina afecta mayormente a campesinos e indígenas, que no cuentan con dinero siquiera para comprar huevo, arroz o leche. Algunos han solicitado apoyo a las autoridades municipales, estatales y federales, pero no han recibido respuesta de ninguna de estas instancias gubernamentales.

Gobierno ciego y sordo frente al hambre

El planteamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en torno a que en México no hay hambre se contradice no solo en San Luis Potosí con sus casi 800 mil personas en pobreza alimentaria –la mayoría concentradas en la Huasteca– sino además por la existencia de más de 60 millones de pobres que satisfacen sus necesidades básicas, entre las que destaca la alimentaria, cuyos pacientes son al menos 20 millones, de acuerdo con el presidente local del Banco de Alimentos (Baali), Héctor D’Argence Villegas.

“Sí, lastima el mensaje del presidente. Sentimos mucho pesar que lejos de reconocerlo y hacer algo por las familias, las evada, las desconozca como si no existieran; entonces, ¿qué esperanza tiene esa gente y nosotros como mexicanos?”, comentó D´Argence sobre el discurso que el mandatario pronunció de manera virtual en septiembre de 2020, en el marco del 75 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuando aseguró que, a pesar de la crisis sanitaria y económica en México, “no hay hambre”.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advierte que la seguridad alimentaria existe “cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana”.

En su último informe sobre seguridad alimentaria y nutrición en el mundo, emitido en 2018, esta institución reveló que el número de las personas mal alimentadas o con hambre en el mundo había aumentado, pues en 2016 se habían contabilizado 804 millones con carencia alimentaria crónica; y en 2017 se detectaron 821 millones.

En México, la inseguridad alimentaria afecta principalmente a personas de las comunidades indígenas y rurales, y es menos aguda en las zonas urbanas. En el pasado reciente, este problema sobresalió por la crisis financiera de 2008 que, a su vez, generó un problema alimentario en el país; a tal grado que, en 2011, se incorporó el derecho a la alimentación en la Constitución; posteriormente se creó una Cruzada Nacional contra el Hambre, lo que originó el programa nacional México sin Hambre, incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Según estadísticas del Coneval, en 2014 había 55.3 millones de personas en situación de pobreza debido a que sus ingresos no eran suficientes para adquirir la canasta básica alimentaria completa, conformada por alimentos, bienes y servicios básicos como drenaje, agua potable y energía eléctrica; además, 24.6 millones de estas personas ni siquiera podían comprar la canasta básica.

En 2014, el Coneval registró que 5.2 millones de indígenas no tuvieron el ingreso mínimo indispensable para adquirir una canasta básica rural completa, que incluye alimentos, transporte, educación, vivienda, vestido, calzado y cuidado a la salud, cuyo costo entonces era de mil 615 pesos por persona, mientras que el ingreso promedio mensual de un hogar indígena –formado por cuatro personas– era de mil 277 pesos, y que aumentaba aproximadamente 300 pesos si contaban con algún apoyo de gobierno.

Para adquirir alimentos, solo necesitaban un ingreso mínimo mensual de tres mil 472 pesos; pero el gasto alimentario mensual promedio de un hogar indígena era de 804.33 pesos; es decir, que un hogar con cuatro integrantes gastaba alrededor de 201.08 pesos por persona al mes y solían comprar sus alimentos (seis pesos diarios), cuando el ingreso mínimo mensual por persona debería ser de 847 pesos, según datos del Coneval.

Pobreza alimentaria y males crónico-degenerativos

En la comunidad de Xolol, en el municipio San Antonio, habita la señora Lourdes de la Cruz, de 48 años de edad, quien hace ocho años fue diagnosticada con diabetes tipo 2; desde que sobrevino la crisis de salud y alimentaria su enfermedad crónica agudizó.

“Soy campesina, he trabajado la tierra por muchos años, también soy comerciante. Me movía en los pueblos cercanos para vender mis productos; así trabajaba hasta que se nos vino la pandemia de Covid-19. La situación de por sí era difícil; en mi caso ayunaba muy seguido, pues no tenía la solvencia para adquirir las tres comidas del día. Después todo empeoró, tanto que ahora ya no tenemos para comer y no recibimos apoyo del gobierno. A la gente pobre siempre la olvidan”.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut-MC 2020), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), detectó que el 56 por ciento de los hogares de la población rural con presencia indígena en la Huasteca potosina se encontraba en un nivel bajo severo, caracterizado por una disminución en la cantidad y calidad de su dieta.

Las mujeres indígenas sufren hambre, ya que solo comen dos veces al día (González, 2016; García, 2018). Está demostrado que un número menor de comidas y el ayuno prolongado se asocia a la recuperación de peso, lo que se refleja en la prevalencia de obesidad y sobrepeso en este grupo poblacional.

En la Ensanut-MC 2020 la obesidad en niños de cinco a 11 años fue detectada en el 29 por ciento de las localidades rurales; problema que persevera en la edad adulta y aumenta significativamente el riesgo de contraer enfermedades crónico-degenerativas, entre ellas, la diabetes y los males cardiovasculares, cuya presencia es mayor en las mujeres, tanto del medio rural como del urbano.

“Existen organizaciones sociales que nos apoyaron antes y después de la pandemia. De vez en cuando nos traen alguna despensa y me apoyan con mi medicamento. Sabemos de su esfuerzo y labor altruista; sin embargo, no es suficiente, y ése es un deber que debería asumir el gobierno municipal, estatal y Federal”, comentó la señora Lourdes.

Sergio Cruz Reyes, dirigente social en esa región, señaló que es urgente que los gobiernos apoyen a las comunidades vulnerables. “Sabemos que la canasta básica se compone de varios productos para que una familia se nutra de manera adecuada. Sin embargo, comunidades de los municipios de Tanlajás y San Antonio, principalmente, se encuentran en una situación de abandono, porque padecen una aguda crisis alimentaria. Nosotros, como activistas sociales, gestionamos ante diferentes instancias apoyos para estas familias; sin embargo, necesitamos que las autoridades realmente atiendan el problema”.

Cruz Reyes destacó que “si bien la Red Mexicana de Bancos de Alimentos ha creado comedores comunitarios en donde brinda alimentos a niños y mujeres embarazadas, es necesario fortalecer esta acción y llegar hasta las comunidades más alejadas; y no solo beneficiar a la población infantil y embarazadas, sino también a la población más afectada económicamente. Pero esto solo sería una solución inmediata, ya que el problema real radica en el modelo económico predominante en nuestro país y en gran parte del mundo; por lo que resulta importante incorporar estrategias como parte de las políticas públicas y de desarrollo social en México, pues implican un gasto que los hogares más pobres del país no pueden cubrir sin apoyo del Estado”.

La pobreza alimentaria es uno de los más graves problemas que el Estado mexicano debe resolver en cumplimiento del mandato constitucional que garantiza el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria, los cuales están reconocidos en el Artículo 4º de la Carta Magna.