Se esperaría que la evidencia de presuntos delitos financieros cometidos desde el Estado y el sector privado –corrupción, tráfico de influencias, lavado de dinero, etc.– condujera al castigo de los responsables; pero hasta ahora han quedado en la exhibición de algunos “pecadores” y sus paraísos fiscales, y en impunes actos de guerra contra naciones inermes. Por ello crece el desencanto contra un sistema que ampara a los delincuentes financieros pero acosa y aplica penas arbitrarias contra quienes difunden esos abusos.

Todos los gobiernos, corporaciones, organizaciones civiles y organismos financieros blindan sus políticas y operaciones fundamentales. La falta de transparencia impide el derecho a la información de la sociedad relativo al quehacer del Estado y al sector privado; en ese contexto surgen las filtraciones cuyos autores persiguen intereses particulares.

Transparentar el ejercicio público es un mecanismo de control democrático con el que ciudadanos, medios y parlamentos garantizan el pleno acceso a la información. No actuar así institucionaliza la práctica de la filtración y legitima la sustracción de datos que, por definición, representa delito.

La filtración ha sido práctica histórica. Del traspaso de información de interés local y estatal se transitó a la difusión de políticas nacionales e internacionales que atañen a la política y seguridad global. Recientemente aumentó la publicación de inmensas bases con cuentas en paraísos fiscales, que incriminan a personalidades de diversos ámbitos en delitos de corrupción legal.

En general, a la justicia le lleva corto tiempo ubicar y someter a juicio a presuntos responsables de transmitir información política reservada o clasificada. El expresidente de Estados Unidos (EE. UU.) Barack Obama, como ningún otro mandatario en 40 años, aplicó mano dura para procesar, de manera más agresiva, a los informantes o soplones. En cambio, les lleva años el proceso para dar con quienes sustraen ilegalmente información financiera y la pasan a los medios.

Capitalismo y corrupción

El robo y difusión de información financiera de alto perfil revela un engranaje legal diseñado para no rendir cuentas. Ocultar dinero y activos en compañías falsas (off shore o de ultramar) es una mínima parte del esquema de poder y justicia que permea en el capitalismo contemporáneo.

Los escándalos mediáticos por esos datos distraen a la sociedad de un hecho clave: la corrupción es expresión del sistema. Resulta más atractivo dar los nombres de quienes crean empresas falsas en “paraísos” fiscales que denunciar el daño colosal a la economía y las finanzas de naciones pobres de las que se sustrae su riqueza legalmente.

Este año, la fortuna de 100 multimillonarios sumó más de 600 mil millones de dólares (mdd) según la revista estadounidense Forbes. En contraste, el sistema capitalista impuso penurias indecibles al 85 por ciento de la población mundial y solo benefició al 15 por ciento de ésta (el 0.1 por ciento).

Y mientras quedan impunes quienes saquean fondos destinados a construir carreteras, escuelas y hospitales, el impacto del SARS-COV2 profundizó la explotación de millones de trabajadores: obreros, campesinos, prestadores de servicios, amas de casa, comerciantes e intelectuales.

 El modelo ideológico-político permite que opere esa corrupción, aun con el revuelo en la prensa. Sigue intacta la operación de los “paraísos” fiscales, cuya existencia deriva de los vacíos legales que permiten eludir el pago de impuestos.

Eludir los perjuicios del capitalismo favorece que se intensifique el control del gobierno sobre la información, advierte la profesora Margot Susca, de la Escuela de Comunicación de la Universidad Americana.

La crítica a esa práctica se limita a los aspectos éticos y consecuencias socioeconómicas, como la disminución de la riqueza nacional o la inversión. En otros casos se apunta a la pérdida de legitimidad de las instituciones y al debilitamiento del Estado de Derecho, señala Joel A. Bravo Anduaga.

Y es que el capitalismo, en su estadio actual, es estructuralmente mafioso, corrupto y parasitario. El analista Marcelo Colussi escribe: “permite acumular riquezas en forma demencial, inmoral y abominable”. Y antes, Bertold Brecht sentenció: “Es delito asaltar un banco, pero más delito es fundarlo. Pues detrás de toda fortuna, inexorablemente hay sangre”.

Secretos a la luz

Difundir información secreta –política o militar– implicó altos costos para los autores de distintas épocas. Aquí, un recuento de los casos más señalados.

Cartas Hutchinson (1722). Benjamín Franklin, siendo Jefe de Correos en las colonias, recibió cartas para un oficial británico del gobernador de Massachusetts, Thomas Hutchinson, quien pedía a Inglaterra enviar más tropas a Boston para detener a los colonos rebeldes. Franklin informó de las cartas al independentista John Adams, quien las publicó. En consecuencia, Hutchinson debía huir del país, aunque admitió su rol cuando tres inocentes fueron acusados por haber difundido las cartas.

Tratado Guadalupe-Hidalgo (1848). El reportero John Nugent publicó en The New York Herald una copia del Tratado que terminó la guerra de dos años entre México y EE. UU.; Nugent no reveló su fuente al Senado y pasó un mes en virtual arresto. Diez años después, el presidente James Buchanan dio a Nugent la misión de desarrollar la actual Columbia Británica. Todo sugiere que Buchanan, siendo Secretario de Estado, fue la fuente que le había entregado el Tratado.

Papeles del Pentágono (1971). The New York Times publicó un informe secreto del Departamento de Defensa (Pentágono) sobre la actuación de EE. UU. en Vietnam entre 1945 y 1967, que solicitó el secretario Robert McNamara. Ahí se reveló que cuatro gobiernos sucesivos mintieron al Congreso y a los ciudadanos sobre el alcance, objetivos y progreso de la Guerra de Vietnam. El analista militar Daniel Ellsberg, opuesto a esa intervención, fotocopió el informe y lo divulgó. Fue procesado con la aplicación de la Ley de Espionaje, pero el juez descartó los cargos. El informe fue desclasificado 40 años después y se publicó completo.

Caso Watergate (1972). Los periodistas de The Washington Post Carl Bernstein y Bob Woodward vincularon al gobierno del presidente Richard Nixon con la irrupción de cinco hombres arrestados por instalar micrófonos en el Comité Nacional Demócrata. Eso condujo a varias audiencias en el Senado, cuyo desenlace fue la renuncia de Nixon en 1974. Los periodistas confiaron mediante un informante (Garganta Profunda) cuya identidad permaneció oculta 33 años hasta que, en 2005, el exagente del Buró Federal de Investigación (FBI), Mark Felt, anunció que él había sido el informante.

Caso Plame (2003). El exembajador de EE. UU. y enviado a Níger por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Joseph Wilson, publicó en The New York Times que la versión del presidente George Walker Bush en torno al supuesto intento de Irak de comprar uranio de Níger no era veraz. Días después, el comentarista de derecha Robert Novak reveló a The Washington Post que la esposa de Wilson, Valerie Plame, era agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Wilson acusó a la Casa Blanca por difundir esa información para castigarlo. La investigación del fiscal especial llegó a Bush y al vicepresidente Cheney. En 2007 acusaron de perjurio a Lewis Libby, jefe de equipo de Cheney, y aunque él no divulgó datos; Bush le conmutó la sentencia. Luego, el exsubsecretario de Estado, Richard L. Armitage, admitió que ayudó a Novak.

Memorándum de Downing Street (2005). El Sunday Times publicó las notas que el primer ministro, Anthony Blair, utilizó en la reunión con su equipo de seguridad nacional (julio de 2002). Ahí, tras visitar EE. UU., el jefe de la Inteligencia británica (M16), afirmó que la guerra en Irak era “inevitable”, pues Bush había decidido derrocar a Saddam Hussein aunque sabía que no tenía armas de destrucción masiva. Esas notas, llamadas “la pistola humeante”, probaron que Blair y Bush invadieron Irak respaldados por una mentira. Para justificar la invasión, manipularon la Inteligencia y adaptaron esos datos en torno a tal política.

Bitácoras de Irak (2010). El portal WikiLeaks compartió con la prensa unos 400 mil documentos militares clasificados sobre la Guerra de Irak. Ahí se evidenció que el ejército de EE. UU. ignoró deliberadamente los abusos contra detenidos; y que había hasta más de 15 mil heridos civiles además de los que reconocía. El contacto resultó el analista de inteligencia Bradley Manning (hoy Chelsea Manning), acusado y sentenciado a 35 años de prisión. Barack Obama lo perdonó en enero de 2017.

Programas de la ASN (2013). El contratista y exempleado de la CIA, Edward Snowden, compartió a The Washington Post y a The Guardian detalles clasificados del programa PRISM de vigilancia de la Agencia Nacional de Seguridad (ASN). Reveló que la ASN y el FBI reunían correos, mensajes por chat, videos, fotos y redes sociales de usuarios de Internet en EE. UU. y el extranjero. Expuesto por violar la privacidad de sus ciudadanos, el gobierno de Obama defendió a la ASN por prevenir ataques terroristas y denunció a Snowden como traidor. Acusado bajo la Ley de Espionaje, Rusia lo asiló y ahí permanece, pues no se le concedió el perdón presidencial.

Papeles Facebook (2021). El pasado 25 de octubre a las siete de la mañana, 17 agencias noticiosas accedieron a 10 mil documentos internos de Facebook. Son versiones de lo que, por siete meses, reveló al Senado la exadministradora de Productos, Frances Hauen, sobre el mal uso de la firma de Mark Zuckerberg; entre otras cosas, reveló que la firma priorizó las ganancias sobre la seguridad de clientes y usuarios; que no dio acceso a inversionistas de su investigación del algoritmo Newsfeed, relacionado con discursos de odio. Hauen afirmó que los directivos saben cómo hacer más seguros Facebook e Instagram, “pero no hacen los cambios por anteponer sus astronómicos beneficios a la seguridad y bienestar de las personas”.

Filtrar, ¿para qué?

En años recientes se han publicado archivos con cuantiosa información financiera como FInCen, los Papeles Paraíso, los Papeles Panamá y los expedientes LuxLeaks. El pasado dos de octubre salió a la luz el mayor volumen de resúmenes de cuentas en “paraísos” fiscales con el nombre de Papeles Pandora, pues evoca el cúmulo de sorpresas que albergaba la caja del personaje mitológico. El significado de los Papeles Pandora debe descifrarse en tres sentidos: ¿Cuál es el objetivo de la divulgación; quiénes y cómo obtuvieron esa información que traspasaron y qué impacto político-judicial generó esa difusión?

La respuesta a la primera cuestión oscila entre una táctica distractora o que se trata de combatir la corrupción. Hasta ahora, todo indica que los artífices de la divulgación se propusieron distraer para provocar escándalo y repudio social, pues no hay indicios de que su intención fuese llevar ante la justicia a los propietarios de esas cuentas off shore.

En cuanto a la segunda cuestión, a pesar de que han transcurrido casi dos meses, hasta ahora permanece oculta la identidad de los contactos. Ellos y los medios han sido hábiles para eludir la atención de ciudadanos y autoridades.

Y en cuanto al impacto político-judicial del caso, solo un grupo de jefes de Estado, empresarios y personajes públicos fue obligado a dar explicaciones sobre sus cuentas. Uno fue el presidente de Chile, Sebastián Piñera, quien eludió el juicio político por figurar en los archivos debido a la venta irregular de un proyecto minero.

En cambio, es notable el sesgo antirruso en la interpretación de esos archivos. De forma insistente, la red Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) difunde, en sus boletines, que en los Pandora hay datos de personas afines al gobierno de Rusia y 46 oligarcas. Sin evidencia que confirme el involucramiento directo del Kremlin, desliza de forma arbitraria versiones en ese sentido.

De ahí que Colussi reproche: ¿Por qué se plantea la supuesta fortuna oculta de Putin y no la de las megacorporaciones capitalistas? Y en buzos preguntamos ¿Por qué no figuran ahí las cuentas de grupos opositores a la Revolución cubana, al gobierno de Venezuela –en particular, ¿dónde están las cuentas de Juan Guaidó?–, al gobierno de Siria? ¿Habrá cuentas en “paraísos” fiscales a nombre de los sicarios que asesinaron al presidente de Haití?