Al inicio del sexenio, el gobierno vigente anunció una nueva política de Salarios Mínimos (SM) con el objetivo de recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. A partir del primero de enero de 2019, el SM volvió a establecerse de manera diferenciada en dos regiones geográficas, la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) y el resto del país. De una cuota salarial única de 88.63 pesos en 2018, se pasó otra de 102.68 y la correspondiente a la ZLFN se estableció en 176.72 pesos. En 2020, los nuevos montos fueron de 123.22 y 185.56; y los de este año, de 141.70 y 213.39. En términos reales, los incrementos fueron del 11.3 por ciento en 2019 y del 16.2 por ciento en 2020. Los de la ZLFN fueron de 91.63 por ciento en 2019 y de 1.7 por ciento en 2020.

Sin dejar de reconocer que estos incrementos contrastan visiblemente con la evolución del SM en las últimas tres décadas, periodo en el que perdió el 80 por ciento de su poder adquisitivo, es importante advertir que el gobierno ha agigantado el verdadero alcance de esta medida. En palabras de Luis Felipe Munguía, presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), “la política de salarios mínimos ha sido muy exitosa y ha beneficiado a muchos trabajadores a nivel nacional.” Para dar sustento a esta declaración informa que el 9.4 por ciento de los trabajadores formales se beneficiaron de los incrementos al SM en 2019, 16.8 por ciento en 2020 y 22.6 por ciento en 2021.

Dos razones nos llevan a diferir de estas aseveraciones. Primero porque los porcentajes que presenta solo corresponden a los trabajadores formales; y como éstos son apenas cuatro de cada 10 del total de la Población Ocupada (PO), los beneficiados con los aumentos resultan ser un porcentaje muy pequeño; y segundo, porque la ley por sí misma es insuficiente para revertir la tendencia a la baja del poder adquisitivo de los salarios. Pero abundemos más al respecto.

¿Quiénes y cuántos trabajadores se benefician de forma directa de los incrementos al SM? De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la población sobre la cual la Conasami fija el SM comprende, cito:  a los “trabajadores que tienen una relación subordinada de trabajo, que labora para un patrón por una jornada completa y rige su relación laboral bajo el apartado A de la Ley Federal del Trabajo.” En otras palabras, los trabajadores sujetos a esta legislación son los asalariados formales que laboran una jornada completa, de entre 40 a 48 horas a la semana.

Con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), aplicada por el Consejo Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el cuarto trimestre de 2018, de los 54.6 millones de mexicanos que contaban con un empleo, solo 5.5 millones eran asalariados formales. De este último universo, debemos descontar a quienes ya obtenían un ingreso laboral por arriba del SM programado para el siguiente año, que en el ejemplo antes visto son los que tenían un salario superior a 102.68 pesos diarios o tres mil 82 pesos mensuales. Este cálculo, en el que aún no se ha aplicado la restricción de la jornada de trabajo completa, arroja un total de 1.9 millones de trabajadores que serían los potencialmente beneficiarios directos de los incrementos al SM en 2019, mismos que representan el 3.5 por ciento de la PO. Repitiendo este ejercicio, obtenemos que 2.9 millones (el 3.9 por ciento de la PO) de personas se beneficiaron en 2020 y 3.6 millones (siete por ciento) en 2021. Hay que aclarar que el mayor número de estos beneficiarios han sido los más afectados por el desempleo y la caída de ingresos provocados por la crisis económica en la que se halla el país.

El trabajo formal, que está bajo el amparo de la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, ha dejado de serlo y se encuentra desprotegido. La falta de empleo ha creado un mercado de trabajo donde reinan la informalidad, la subocupación y las actividades poco productivas. La escasez de éstas atiza la competencia entre los trabajadores, quienes malbaratan su fuerza laboral para asegurarse algunos ingresos. Adicionalmente, los bajos niveles de productividad se compensan con salarios “competitivos”, es decir, bajos. La precarización del salario es la aleación de éstas y otras tantas fuerzas económicas.

Para recuperar realmente el poder adquisitivo de los trabajadores en México se necesita crear empleos formales en número suficiente, modernizar la planta productiva, destinar recursos a ciencia y tecnología, elevar la educación profesional, impulsar el crecimiento económico y redistribuir la riqueza en favor de sus productores directos.