Las reporteras Yessenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Olivera fueron asesinadas el pasado nueve de mayo en el municipio Cosoleacaque, Veracruz, y se convirtieron en las 35 y 36 víctimas del periodismo nacional durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y en la seis y siete del gobierno estatal morenista de Cuitláhuac García Jiménez.

Yessenia Aurora Mollinedo Falconi era directora del portal El Veraz en Cosoleacaque, municipio ubicado al sur de Veracruz y Sheila Johana García Olivera, su camarógrafa desde hacía aproximadamente un año. Ambas fueron atacadas a balazos a plena luz del día en el estacionamiento de una tienda de conveniencia de la cadena Oxxo. Johana era madre.

Unas horas después del hecho, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que un fiscal, peritos y policías ministeriales habían iniciado una investigación formal para dar con los responsables del crimen y determinar la causa de éste.

Como sucedió en los otros cinco asesinatos de periodistas, en lo que va de la administración estatal de García Jiménez, la titular de la FGE, Verónica Hernández Giadáns, declaró que no habría impunidad, que se agotarían todas las líneas de investigación, incluida la actividad periodística de las víctimas.

Los periodistas asesinados previamente fueron Jorge Celestino Ruiz (dos de agosto de 2019); María Elena Ferral (20 de enero de 2020); Julio Valdivia (nueve de septiembre de 2020); Jacinto Romero Flores (19 de agosto de 2021) y José Luis Gamboa Arenas (10 de enero de 2022).

A pesar de que el mismo día la FGE informó que eran dos las comunicadoras asesinadas, el gobernador García Jiménez insistió, durante horas, en que era una sola. Incluso la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) reforzó esta versión mediante un escueto comunicado en el que informó que había activado un operativo Código Rojo con Fuerzas Federales y la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP).

Sin embargo, en un comunicado propio, esta comisión precisó que se trataba de dos víctimas y no solo de una: “Desde la CEAPP condenamos este ataque al gremio periodístico de Veracruz, al cual damos seguimiento puntual y por el que se inició una carpeta de investigación. Al respecto, solicitamos a la autoridad ministerial que la actividad periodística de ambas comunicadoras sea la principal línea de investigación del cobarde crimen”.

El caso llegó a la conferencia mañanera del Presidente con la pregunta de una reportera, quien a cambio recibió una respuesta genérica, distraída e incluso anecdótica:

“Estamos ya en la investigación. Pronto vamos a tener ya un informe. Es, desde luego, lamentable. Y nuestro abrazo, como siempre, fraterno a los familiares de las víctimas. Y hay ya un personal atendiendo de manera especial este crimen ahí en Cosoleacaque, en Cosolea… así se le llama allá, Cosolea… Ahí me he quedado a dormir como dos veces. Ahí pasé cuando el éxodo por la democracia hace más de 20 años. Es una gente muy buena, pero ahí, desgraciadamente, en los últimos tiempos ha habido otros asesinatos, dos feminicidios, de quien fue expresidenta municipal y de su hija, y ahora esto. Se está haciendo la investigación a fondo, se está haciendo la investigación. Entonces, sí estamos en eso”.

Cuando preguntaron a García Jiménez sobre el doble asesinato, su respuesta fue indiferente, evasiva y sarcástica, pues afirmó que no era responsabilidad de su gobierno; y que se le preguntara a quienes postearon que los asesinos habían sido los mismos que mataron a los reporteros en Actopan y en Ixtac.

“No es nuestra responsabilidad que suceda, porque nosotros estamos dejando en claro que vamos a ir contra los culpables, sea quien sea, ¡caiga quien caiga!, y estaremos contra de ellos y vamos contra los responsables siempre”.

¿Intimidación y manipulación?

Apenas había trascendido el asesinato cuando comenzaron a circular fotografías de los cuerpos, hallados en el interior de su vehículo. Un reportero del Puerto de Veracruz dijo que en el coche traían utensilios para el consumo de drogas, por lo que el hermano de Yessenia, Ramiro Mollinedo Falconi, advirtió que interpondría una denuncia en su contra y que él y su familia mantendrán activa la agencia de noticias.

Sobre las grabaciones en las que supuestamente Yessenia habla con sujetos desconocidos y se indica que estaba en la nómina del crimen organizado, su hermano aclaró que no era su voz.

"Mi hermana realizó su último contacto a través de las redes unos minutos antes con Toño, con otras amistades, con mi propio hijo, que estuvo platicando con ella a las 2:45 de la tarde. Fue el último contacto. A las tres de la tarde con 10 o 15 minutos las mataron en donde ustedes saben y cómo de forma extraña el celular de Johanna, la compañera de Yessenia, fue manipulado a las cuatro de la tarde de ese mismo día, y ésa es una de las grandes interrogaciones que tenemos (…) Alguien manipuló el teléfono de Johana después del homicidio”, abundó Ramiro.

Omar Vázquez Valencia, reportero del sur de Veracruz, fue citado a comparecer ante la FGE debido a que, en dos entrevistas ofrecidas a medios nacionales, condenó el asesinato de sus colegas y señaló que lo que quería Yessenia era el número del comandante de la región militar, ya que había recibido amenazas. El comunicador externó su molestia por la manera en que se ha conducido la investigación.

“¡Se los adelanté en vivo! Repudio con todas mis fuerzas el actuar de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) que, a través de uno de sus empleados y voceros, publicó que en el auto donde fue asesinada mi compañera Yessenia Mollinedo Falconi, encontraron estupefacientes y más. Lo dije en vivo, eso iba a ocurrir con el único fin de darle carpetazo al doble homicidio. La autoridad está rebasada, se les acabaron las ideas y manchan el nombre de quienes ya no se pueden defender. Tantita madre, por favor”, reclamó indignado.

El asesinato de las reporteras generó protestas públicas de periodistas en varios municipios al sur de la entidad, entre ellos Los Tuxtlas y Minatitlán, donde exigieron a la FGE y al gobierno estatal de Veracruz frenar los asesinatos y esclarecer los anteriores.

Días después del doble crimen, el 12 de mayo, el presidente de la Comisión de Atención y Protección a Periodistas de la LXVI Legislatura del Congreso de Veracruz, Jaime Enrique de la Garza Martínez, intentó subir a tribuna para condenar el hecho; pero no se le permitió con el argumento de que este asunto no se hallaba incluido en la orden del día de la sesión ordinaria.

Entonces, el legislador panista reveló que es evidente la incapacidad del actual gobierno estatal para brindar seguridad a los comunicadores en Veracruz.

“De acuerdo con los datos que publicó en septiembre de 2021 la encuestadora Enkoll en el resultado de Análisis de Libertad de Expresión en Riesgo. Periodistas Asesinados en México, basado en reportes de la organización Artículo 19, del Comité para la Protección de los Periodistas y de Reporteros sin Fronteras (RSF), muestra que Veracruz es la más riesgosa para ejercer el periodismo; pues de 2000 a la fecha (septiembre de 2021) hay 30 comunicadores asesinados por su labor”, detalló. Puntualizó que los ataques a los periodistas se han extendido por la entidad.

El diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y presidente del partido en el estado, Marlon Ramírez Marín, consideró por su parte, que el Gobierno Federal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quiere “tender cortinas de humo” todos los días para ocultar los graves problemas que hay en el país, así como sus fallidas reformas electoral y eléctrica.

“Atendamos los temas urgentes, abramos el debate y demos seguimiento a este gobierno represor y antidemocrático. Durante este sexenio, lamentablemente han asesinado a 36 compañeras y compañeros periodistas en el país, y Veracruz es el estado que registra más casos; Atentan contra la vida, el gremio, la libertad de prensa, y contra el derecho a la ciudadanía de estar informada”, agregó para insistir en que está utilizando distractores.

Aseveró, asimismo, que ni la Guardia Nacional, la militarización ni la política de “abrazos no balazos” han logrado impedir que la seguridad en México se derrumbe; ya que en lo que va del sexenio de AMLO se han cometido más de 120 mil homicidios dolosos y más de cuatro mil 500 secuestros, la mitad de los cuales se concentran en los estados que gobierna Morena, como Veracruz, Ciudad de México, Puebla y Morelos. “Hoy México es la cuarta nación más peligrosa del mundo”, enfatizó.

Los casos dados como resueltos

El pasado 27 de abril, la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales (FIM) obtuvo de un juez la imputación contra Eduardo “N” por la presunta comisión de homicidio doloso calificado en agravio del periodista José Luis Gamboa Arenas, ocurrido a inicios del presente año. El imputado es sobrino de la víctima, aunque la familia se rehúsa a aceptar la versión de la fiscalía.

Días antes, el 20 de abril, la fiscalía reportó que obtuvo, del juez del distrito judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, la vinculación a proceso contra Patricio Alejandro “N”, alias El Munra, edil electo del municipio Ixtaczoquitlán, militante del partido Movimiento Ciudadano, por el presunto delito de homicidio doloso calificado cometido en agravio del periodista Jacinto Romero Flores, acaecido el 19 de agosto de 2021. El juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por un año y tres meses de investigación complementaria.

Sin embargo, los familiares y amigos de Patricio Alejandro “N” protestaron afuera del penal de Pacho Viejo para exigir su liberación, pues aseguran que es inocente y nada tuvo que ver en el asesinato del comunicador. Pese a las protestas, ambos permanecen detenidos.

El 31 de marzo,, fue capturado Gustavo Abigail “N”, alias El Pino, por su presunta participación en el homicidio del periodista Julio Valdivia, ocurrido en Tezonapa el nueve de septiembre de 2020. El Pino es hijo de Gustavo Díaz Sánchez, alias El Gato, diputado local de Oaxaca, quien fue detenido por portación de arma de fuego en Fortín de las Flores, en noviembre de 2021.

De los 28 reporteros y seis reporteras que han sido asesinados en Veracruz del año 2000 a la fecha, uno de ellos fue en la administración del gobernador Miguel Alemán Velasco; cuatro más en la de Fidel Herrera Beltrán; el de Javier Duarte de Ochoa fue el más sangriento, con 17; en el bienio del panista Miguel Ángel Yunes Linares fueron seis los comunicadores asesinados; y con el morenista Cuitláhuac García Jiménez van siete. Mollinedo Falconi y García Olivera se convirtieron en las reporteras 10 y 11 asesinadas en el país en lo que va de 2022.