Todo partido representa los intereses del grupo o la clase social que lo ha formado; el objetivo principal de todo partido siempre ha sido conquistar el poder político y convertirse en un instrumento para llevar a la práctica su filosofía y programa de acción.

En teoría, ese plan de acción se debe ejecutar tal y como se ha planteado; pero una vez al mando, los dirigentes de los partidos políticos, así como candidatos y personajes destacados (gobernadores, diputados, senadores o presidentes municipales) suelen interpretar libremente los estatutos de su partido; y esto ocurre sin importar el color de los partidos. Un verdadero plan para gobernar con responsabilidad a un grupo numeroso de la población debería recoger las necesidades y lo que a la sociedad le interese, ya sea resolver los principales problemas sociales y asegurar con ello un futuro de bienestar para toda la población.

Los partidos políticos se volvieron “indispensables” para la sociedad desde hace varias décadas, cuando el derecho a participar en política “se traducía” en soberanía nacional y también cuando se consideró más necesario al parlamentarismo para articular mejor las posturas de grupos y organizaciones políticas; esto sucedió, por ejemplo, desde los Tories y los Whigs en el parlamento inglés, los primeros vinculados a la corona inglesa y los segundos al parlamento.

Durante la Revolución Francesa aparecieron grupos políticos como los monarquicos constitucionales, los girondinos y los jacobinos; poco a poco, los partidos se fueron convirtiendo en pieza clave de la relación entre el Estado y la sociedad; quienes conquistaban la simpatía de los electores y ascendían al poder mediante el voto mayoritario iban imponiendo su plan de acción, que debía conservar la aprobación mayoritaria para que el voto periódico refrendara su poder.

Aparentemente, los principios y el programa de acción han perdido importancia para casi todos los partidos políticos mexicanos; sus representantes, especialmente en los procesos electorales, ya no se preocupan por ocultar sus propósitos; no persiguen el poder para lograr justicia y equidad social, sino para satisfacer sus intereses personales o del grupo al que representan, traicionando sus principios, su programa y a todos sus agremiados.

En estos días, los partidos políticos vuelven a la escena mediática; en el estado de Puebla habrá nuevas elecciones y la telenovela se volverá a repetir. Durante la campaña, para conquistar el poder estatal, las promesas se multiplicarán. Pero en Puebla los acuerdos ya llegaron hasta Palacio Nacional y el candidato morenista, Miguel Barbosa, después del show electoral, gobernará unos seis meses o un año cuando más, antes de pasar la estafeta a algún político priista con máscara morenista.

El PRI ha entrado en una contienda interna para elegir a su nuevo dirigente; hasta ahora, ningún ciudadano se ve interesado en el tema y parece que tampoco los priistas; aunque su dirigente actual, Claudia Ruiz Massieu, haya dicho que habrá piso parejo en la contienda y que la renovación será justa para todos los aspirantes; aún no hay convocatoria y esperan que el INE defina las reglas del proceso. Pero más allá de la elección y los candidatos, el PRI se ve muy desgastado y sin rumbo claro; para darse cuenta de la debacle del priismo nacional bastan los videos de la renuncia de René Juárez Cisneros o de Ulises Ruiz. El cambio de dirigencia del PRI no ayudará en nada al partido, que poco a poco se irá encaminando a su desaparición, a menos que algún grupo o político joven saque del rincón y desempolve los principios heredados de la Revolución Mexicana y los ponga en práctica, velando, ahora sí, por los intereses de los mexicanos; esto se ve muy difícil de realizarse porque los priistas, viejos y jóvenes, están convencidos de que el PRI les pertenece y no debe pasar a otras manos.

En esto tampoco ayuda la política de oídos sordos y de prepotencia gubernamental en tres entidades gobernadas por viejos priistas: en Hidalgo, Omar Fayad Meneses; en Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa y en el Estado de México, Alfredo del Mazo Maza. En la última semana, los tres gobernadores fueron blanco de la denuncia pública por no atender las demandas de obra social (vivienda, educación, salud, apoyos al campo, entre otras) en sus respectivos estados, en donde la población ya no aguanta y podría entrar en una verdadera crisis. El 26 de marzo, ocho mil campesinos marcharán en Oaxaca; en Toluca, 50 mil personas protestarán el 28 de marzo contra el gobierno del Estado de México; y el 10 de abril, 40 mil hidalguenses se presentarán en las oficinas del priista Omar Fayad para reclamar soluciones a sus problemas más urgentes.

La partidocracia mexicana y todas sus instituciones, incluido el partido que ahora gobierna el país, están en crisis de credibilidad; sus gobernantes no han demostrado capacidad para resolver los problemas de 130 millones de mexicanos; sus pugnas internas, algunas muy violentas y el frecuente cambio de camiseta ha hundido a algunos como el PRI, el PAN y especialmente al PRD en una profunda crisis de la que difícilmente podrán salir. Por el momento, querido lector, es todo.