El escándalo por el origen y manejo corrupto de la fortuna del rey emérito, Juan Carlos de Borbón I, vigorizó el movimiento por una España republicana. Partidos antimonárquicos y organizaciones progresistas denuncian a esa élite parasitaria que no se inmutó ante las miles de víctimas de la pandemia del Covid-19, ni se conmovió por la ola de suicidios y desalojos ordenados por la banca entre 2008 y 2019.

Ofendidos por los hallazgos de la Fiscalía de Suiza, los ciudadanos de la cuarta economía de la Unión Europea (UE) proponen una nueva arquitectura institucional sin esa casta privilegiada. Este proceso es del interés geopolítico para México, principal socio de España en América Latina (AL) y que necesita sinergias con pueblos que transiten hacia la democracia en la era pospandemia.

La legalidad de la multimillonaria fortuna de Juan Carlos de Borbón está bajo la lupa de la Fiscalía de Suiza, que lo investiga por lavado de dinero. Esa sospecha salpicó al actual rey, Felipe VI, quien rompió públicamente con su padre presionado por los enardecidos españoles que reprochan a la corona su lujoso tren de vida, cuando millones de ciudadanos sufren agobio económico por la letal pandemia.

Esta efervescencia política, que podría propiciar un vuelco de monarquía a república, surgió al conocerse que el rey emérito posee cuentas multimillonarias en paraísos fiscales; unas en el banco Credit Suisse, el banco Mirabaud y otras encubiertas por las fundaciones Lucum y Zagatka, donde Felipe VI es beneficiario, según el diario británico The Telegraph.

El origen de los millones de Juan Carlos no está claro. Según la pesquisa suiza, en 2008, la Fundación Zagatka –creada en 2003 por el abogado y primo del rey emérito, Álvaro de Orléans– recibió 100 millones de dólares (mdd). Ese depósito provendría del rey de Arabia Saudita como pago de comisión al monarca español por influir en la construcción del tren rápido (AVE) a La Meca.

Ésta es la primera vez que un rey de España está bajo la lente judicial. Los menos apenados por esta situación son los millones de españoles que, en 2008, sufrieron las penurias de la crisis financiera de entonces, mientras “el monarca se llenaba las alforjas de dinero fraudulento y lo llevaba al extranjero a recaudo de la fiscalidad que a todos obliga”, criticó el analista Alfonso Cervera.

Por esa razón, en democracia no vale alegar que la fortuna real es un asunto privado. Este tiempo exige que monarcas y civiles rindan cuentas sin escapar al escrutinio. Ofende que, “cuando a este país ya no le cabe más dolor por dentro y fuera, cuando la gente se deja la piel, en su comunicado Felipe VI diga que renuncia a la herencia. Ése no es un gesto de nobleza”, insistió Cervera.

Efecto dominó

La pesadilla real comenzó el 13 de abril de 2012 en el país africano Botswana. Horas antes, en Madrid, Juan Carlos I había pedido a los españoles “rigor” y “sacrificios” para salir de la crisis económica. En el reino se escenificaban brutales desahucios y recortes presupuestales cuando una noticia sorprendió a los españoles: su rey disfrutaba de un lujoso safari para cazar elefantes (unos 50 mil euros por alojamiento y estancia). Esto trascendió porque el monarca se fracturó la cadera y la prensa lo divulgó.

El enojo se oxigenó en 2013, al ventilarse que Juan Carlos I “obsequió” 65 millones de euros (74.72 mdd) a la aristócrata y empresaria germano-danesa Corinna zu Zayn-Wittgenstein, con quien viajó a África, se hacía acompañar en actos oficiales y por años vivió a unos metros de él en una estancia que se acondicionó para ella, con costo para los españoles. Cómplice, la prensa española corporativa invisibilizó ese hecho.

Como rey emérito, Juan Carlos de Borbón recibía del Estado un sueldo anual de 194 mil 232 euros (223 mil 280 dólares). Sin embargo, los 65 millones de euros que dio a Corinna equivalen a más de tres siglos de su sueldo y aunque esa suma es mínima, comparada con las cifras que él manejó y aún controla, saltaron las preguntas: ¿A cuánto asciende la fortuna total del rey? ¿Por qué la esconde en paraísos fiscales?

Según Felipe VI, hace un año supo de esos fondos sospechosos. De ser así, ¿por qué no lo denunció a las autoridades y la Fiscalía Anticorrupción? Esta confesión a medias parece una estrategia para salvar al patriarca de los Borbón; pero parte de la falsa premisa que solo se trata de un “rey descarriado” y no de una institución estatal profundamente corrupta. De ahí que para la monarquía española, el dilema es claro: profunda regeneración o referéndum por la república.

En 2015 se abrió el segundo capítulo que labraría la desgracia del ya rey emérito: chocó en tribunales con su examiga Corinna zu Zayn-Wittgenstein. Refugiada en Londres, mantuvo un diálogo devastador para el rey emérito con el comisario José Manuel Villarejo, quien pretendía canjear esa información por impunidad frente a acusaciones de enriquecimiento ilícito.

Corinna afirmó que su examigo tenía dinero en Suiza y que usaba a su primo, Álvaro de Orléans, como prestanombres para ocultarlo. También declaró que los empresarios españoles que obtuvieron la adjudicación del AVE a La Meca, cobraron comisiones ilegales. Esa charla, publicada en 2018 por el diario El Español, dio origen a la investigación del fiscal suizo Yves Bertossa debido a un presunto delito de Juan Carlos por lavado de dinero agravado.

La evidencia son los 100 millones de euros que los sauditas depositaron a la Fundación Lucum en el banco Mirabaud, donde el rey emérito es el único propietario, según el diario suizo Tribune de Geneve. Por el testimonio de Corinna, agentes anticorrupción suizos ubicaron al abogado suizo Dante Canónica, conocido en casos de dudosa legalidad y al que se ve como el arquitecto de las cuentas reales offshore.

Por la delación de la examiga del rey, la Audiencia Nacional inició una pesquisa sobre Villarejo y pidió la cooperación del investigador suizo Bertossa. Sin embargo, se dice que por presión real el juez archivó el expediente –que tiene el nombre Carol– apelando a la inviolabilidad de Juan Carlos I. Sin embargo, nuevas evidencias podrían reabrir el caso.

También investigan a Arturo Gianfranco Fasana (que con Canónica está en la cuenta de Zagatka y Lucum), quien, en 2007, fue investigado durante la fraudulenta gestión de fondos de la Trama Gürtel. Otra sorpresa es la cuenta Soleado de la sociedad Rhône Gestion, cuyos titulares serían los empresarios Albertos.

Además, Juan Carlos I avaló la corrupta comisión de 44.5 millones de euros que recibió su primo tras la venta del Banco Zaragozano (en 2003) al británico Barclays Bank, según publicó The Telegraph el 15 de febrero. Álvaro de Orléans niega esa presunción, pero el portal Voxpópuli publicó el documento que la confirma.

Otros expedientes revelan que esos fondos fueron por “presentar a las personas que intervinieron en la venta” del Banco Zaragozano. Se trata de los empresarios Alberto Alcocer y Alberto Cortina (Los Albertos), íntimos de Juan Carlos I y principales accionistas de ese banco. Tras ese pacto Álvaro de Orléans creó Zagatka en Ginebra para “echar una mano a las familias reales cuando lo necesitaran”, explicó a The Telegraph.

Caída o regeneración

La española, como todas las monarquías y casas reales del planeta, se caracteriza por su falta de transparencia en el origen de sus finanzas; favorecida por leyes obsoletas que imponen medidas antidemocráticas y vulneran los derechos fundamentales de las mayorías, no rinde cuentas. Es así como la casta Borbón, que habita el madrileño Palacio de la Zarzuela, aspira a la impunidad y se niega a la autocrítica en pleno Siglo XXI.

Esta sordera y las corruptelas agitaron el ambiente político de España, cuya población sufre los devastadores efectos socioeconómicos de la pandemia y, por primera vez en años, los cinco partidos independentistas (ERC, JuntsxCat, Bildu, BNG y CUP) reprobaron a la monarquía. Su comunicado titulado No tenemos rey. Democracia, libertad y república afirma que la monarquía no los representa, porque no responde a los valores republicanos.

A la par, organizaciones como Madrileños por el Derecho a Decidir y la plataforma Referéndum UAM consideran que éste es el momento de impulsar el movimiento republicano ante la terrible descomposición interna de la monarquía.

Y mientras las élites batallan en tribunales, millones de españoles exigen que el rey emérito done a la salud pública esos 100 millones de euros. Claman: “Sufrimos restricciones, solo aplican pruebas a ricos o a la familia real, nos exponemos al ir a trabajar sin medidas de seguridad o, para peor, estamos desempleados y con familiares enfermos”.

En contraste, el gobierno de coalición del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), de Pedro Sánchez y Unidos Podemos, de Pablo Iglesias, responde al escándalo titubeante. El presidente se opuso al referéndum –previsto en mayo– que definiría la transición a la república.

Iglesias, promotor de esa consulta, retrocedió y postergó el debate sobre la existencia de esa élite. Fue así como lo que se vislumbraba como el primer gobierno progresista en décadas, se aleja de la idea de un gobierno republicano en España para el futuro próximo.

Esta ambivalencia se evidenció el 10 de marzo, cuando el derechista Partido Popular (PP) y el PSOE desactivaron, en el Legislativo, la petición de investigar los negocios del rey emérito. De ahí la crítica del historiador Edmundo Fayanas: “Los muy patriotas PP, Vox y Ciudadanos se niegan a investigar el robo de este rey. Como vemos, no todos somos iguales ante la ley”.

Ese día, los independentistas exigieron modificar, por obsoletos, los artículos del Código Penal que penalizan los delitos de injuria a la corona. El Partido Comunista Español (PCE) vio la ocasión de impulsar la vía republicana y llamó a aumentar movilizaciones desde el aislamiento para exigir la recuperación de los recursos apropiados ilícitamente por la corona y dedicarlos a fines sociales y sanitarios.