Para ponerse a la altura de la política de contención que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ejecuta para obedecer órdenes de Donald Trump y del actual mandatario de Estados Unidos Joseph Biden, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván y el alcalde morenista de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, se han declarado contrarios a la presencia de migrantes ilegales en este municipio fronterizo.

Ambos fijaron esta posición antiinmigrante en la Mesa Estatal de Seguridad que recientemente se organizó en Ciudad Juárez, donde exigieron la enérgica y pronta intervención del Gobierno Federal “ante la situación crítica que actualmente se vive”, con el argumento de que los extranjeros “invasores” ponen en peligro el “bienestar de los juarenses y de los chihuahuenses”.

La gobernadora Campos Galván inclusive declaró: “Y mientras las autoridades federales exhiben esta pasividad e insensibilidad que tiene pasmados particularmente a los juarenses, a diario siguen llegando más y más personas. Hasta hoy las organizaciones civiles y religiosas que han atendido y acompañado a los migrantes en su peregrinar calculan que cerca de 35 mil personas permanecen varadas en Juárez esperando poder cruzar hacia los Estados Unidos (EE. UU.)”.

La gobernadora mantiene esta posición desde noviembre de 2018; a finales de su primer periodo como alcaldesa de la capital de Chihuahua, autorizó a la Dirección de Seguridad Pública Municipal para que auxiliara a los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) durante la redada ejecutada en el puente de la avenida Pacheco y sus inmediaciones, donde “aseguraron” (así llaman a las detenciones, aunque también usan el término “rescate”) a unas 30 personas.

Ese día, “la migra” mexicana llegó en varios vehículos, apoyada por patrullas de la policía municipal; sus agentes sometieron con maltratos a los migrantes, la mayoría hondureños. La acción represiva fue realizada a petición del dueño de Interceramic, Víctor Almeida, quien pidió la eliminación de esa “mancha de delincuentes y malvivientes” en las inmediaciones de su compañía, una de las pocas trasnacionales mexicanas.

La entonces alcaldesa reconoció: “si los migrantes están haciendo daño a la ciudadanía, qué bueno que la Dirección de Seguridad Pública Municipal haya actuado en tiempo y forma en acotar estos problemas”. Campos justificó así su actitud:

“Si tenemos personas que están traficando con drogas, si tenemos personas que están ejerciendo algún otro delito como prostitución o como el robo, por supuesto que los vamos a detener, y más si son personas como éstas, que son migrantes que pasan más de tres días en nuestra capital, y están generando estos daños”.

En el papel de “migra mexicana”

¿Qué fue de la honrosa y envidiable política exterior mexicana que de los años 30 a los 80 del siglo pasado fue elogiada por su espíritu solidario? ¿Lo perdió también, al igual que los ciudadanos del país del norte, formado mayoritariamente con inmigrantes?

Muchos de éstos ya olvidaron que también vivieron el “sueño americano” y padecieron la pobreza y el rechazo que el poema El nuevo coloso, de la poeta sefardí (judía española) Emma Lazarus, el cual está inscrito en una placa al pie de la Estatua de la Libertad de Nueva York, que invoca sus penas anteriores con estas bellas frases:

“¡Guardaos, tierras antiguas, vuestra pompa legendaria! grita ella. / ¡Dadme a vuestros rendidos, a vuestros pobres / Vuestras masas hacinadas anhelando respirar en libertad / El desamparado desecho de vuestras rebosantes playas / Enviadme a estos, los desamparados, sacudidos por las tempestades a mí! / ¡Yo elevo mi faro detrás de la puerta dorada!”.

Los gobiernos de México, que en un pasado no muy lejano se distinguieron por dar refugio y protección a los perseguidos por las sangrientas dictaduras del viejo y el nuevo continente, han cambiado ese papel por el de simples policías migratorios de sus homólogos estadounidenses. Es decir, ahora son crueles agentes de la temida “migra” operando en territorio mexicano.

De la solidaria política exterior mexicana, ahora extinta, pueden citarse la acogida que se brindó a los inmigrantes españoles, que a finales de la década de 1930, debieron huir de su país para no ser asesinados por el dictador fascista Francisco Franco y a los numerosos perseguidos por las dictaduras del Cono Sur y Centroamérica (Argentina, Uruguay, Chile, Guatemala, Honduras, Nicaragua, etc.) en los años 50, 60, 70 y 80 del siglo pasado.

Ahora, con la afluencia masiva de migrantes hacia la frontera norte del país, los problemas de atención a éstos se han agravado con la falta de recursos para brindarles alojamiento, alimentación, higiene, seguridad física, inclusive respeto de sus derechos humanos, como lo evidenció la reciente tragedia ocurrida en Ciudad Juárez.

Al inadecuado tratamiento humanitario que el INM brinda a los migrantes se suma el incumplimiento de las autoridades mexicanas para otorgarles visas y permisos de estancia temporales para que puedan transitar libremente por el país, etc. Pero, además, en Ciudad Juárez se rechazan a los migrantes de algunos ciudadanos comunes, quienes hacen eco de prejuicios socioeconómicos, incluso raciales como los que se usan en el vecino país del norte.

Por ejemplo, apenas el 17 de abril pasado, migrantes venezolanos que se refugiaban en un local comercial abandonado en el centro de la ciudad, fueron golpeados con palos, piedras y bates de beisbol por hombres desconocidos, quienes terminaron por incendiar el sitio.

La policía municipal declaró que recibieron una llamada en la que “reportaban una riña campal en un edificio abandonado”, donde había operado la televisora del Canal 5 local, cerca del centro. No hubo ningún responsable arrestado y los migrantes se quedaron sin su refugio. Pero, además, la policía reconoció que cada vez hay más quejas de “ciudadanos” por la presencia de “esta gente”; y oficialmente difundió la “versión” de que la agresión criminal había sido “una riña entre migrantes”.

Defensa y solidaridad

Las autoridades han reconocido que hay 35 mil migrantes con residencia temporal en Ciudad Juárez, cifra verosímil porque los albergues conocidos están saturados y muchos de ellos se ven obligados a invadir edificios desocupados, terrenos baldíos que ahora no son “congelantes” porque la temperatura ha aumentado y en hospedajes de dudosa operatividad, como el Hotel Deluxe, en el centro de la ciudad.

Los buscadores del “sueño americano” ya aprendieron a no quedarse callados ante los atropellos a su dignidad y las violaciones a sus derechos. “¿Qué es lo que usted quiere que nosotros hagamos si nos sacan? Nosotros aquí pagamos, no estamos invadiendo, ni nada”, replicó una indignada sudamericana a quienes querían expulsar del sitio donde se alojaba.

George, un venezolano con menos de 30 años, denunció a su vez: “Al señor”, aludiendo al dueño del Hotel Deluxe, “mejor que lo apoyen… y a nosotros, que nos apoyen con materiales de construcción. No pedimos mucho; nosotros no tenemos intención de quedarnos en Juárez, nosotros venimos para pasarnos a los EE. UU. a trabajar”.

A él lo agarraron “allá y me deportaron para acá. Acá me agarraron también, me entregué en la puerta del CISEN (quiso decir INM) y me deportaron. De Tijuana me deportaron también; entonces ¿qué es lo que quieren con nosotros, pues? Otra vez estoy aquí porque tengo familia, yo vengo por mis cosas, pero ¿a quién le importa, pues?”.

Cuando ya quedaban solo cuatro familias, tal vez unas ocho personas, en los pisos altos del hotel desalojado, los funcionarios los esperaban para llevarlos en un camión que proporcionó el municipio. Ninguno de los migrantes quería ir al albergue donde los llevarían. ¿Por qué?, se le preguntó a uno de ellos:

 “Allá no tenemos espacio. Ellos (los agentes del INM) nos reparten para que no nos comuniquemos los que ahora estamos juntos”, lamentó Joanna, de Honduras, quien viaja con dos hijos: una niña de nueve años y un chiquillo de cuatro. Estas familias están organizadas en un grupo solidario, se protegen y se proveen mutuamente en la medida que les es posible. De casi 300 personas desalojadas, aproximadamente 40 fueron a una construcción sin puertas ni ventanas, ni ningún servicio, pero al menos con techo.

Trato peor que a bestias

A pesar de que protestaron y opusieron resistencia física, todo fue en vano porque el gobierno municipal primero amenazó al dueño del lugar, quien tenía más qué perder. “Nos están desalojando como perros, a la calle, a la suerte de Dios; eso no se vale”, denunció uno de los migrantes originario de Venezuela. Alrededor de 300 personas fueron sacadas a la calle con sus escasísimas pertenencias.

El Hotel Deluxe, en la avenida Lerdo 300, es el punto más cercano a la línea fronteriza, a la Catedral Metropolitana (donde la Diócesis de Juárez ofrece una comida al día en un comedor a donde muchos de estos viajeros acuden una vez al día) y a la estación migratoria, que se quemó hace un mes y cobró la vida de 40 migrantes.

No tiene ninguna “estrella” que lo catalogue como habitable; su edificio tiene seis pisos y sus cuartos no tienen aire acondicionado. En los días previos al desalojo, el municipio les cortó la corriente eléctrica, el agua potable y, por tal motivo, sus sanitarios tampoco funcionan bien, obligando a los 300 huéspedes a orinar y defecar en medio de gran pestilencia y a subir cubetas con agua para desahogar los escusados, bañarse y beber.

¿Y el elevador? Ni hablar; porque los huéspedes deben subir al sexto piso –quienes pagan mil pesos al mes por persona– deben usar las escaleras y pasillos que también están inundados con el hedor a excremento y orina proveniente de los baños individuales.

Cuando los migrantes fueron informados de que serían desalojados tres días después, la Dirección General de Protección Civil del municipio les advirtió que el hotel sería clausurado con la “autorización de su propietario” porque “incumplía con las medidas de seguridad, uso de suelo, licencia de funcionamiento y existía un alto riesgo de incendio”.

El edificio está en ruinas y aun así el dueño cobra por ocuparlo. Ahora sus exhuéspedes deambulan todo el día por las calles del llamado Centro Histórico y algunas colonias alejadas y aledañas al río Bravo. Lo hacen en grupos de adultos o familias completas (incluidos menores de edad), con mochilas, bolsas de plástico o cobijas.

Se les ve en las calles pidiendo apoyo, vendiendo burritos y otras cosas o lavando carros. Hay quienes llevan tres años al menos aquí, como el grupo que merodea en la esquina de Valle de Juárez y Ribera del Río Bravo. Ahí hay un albergue en un templo protestante. Ya forman parte del paisaje.

Desde los tiempos en que gobernó Donald Trump en EE. UU., quien impuso una nueva política migratoria al Presidente, los agentes del INM, los policías municipales y estatales, la Guardia Nacional y el Ejército desempeñan las tareas de una “migra mexicana” al servicio del gobierno estadounidense.