Las labores oficiales se enfocan en la localización de los “cadáveres” de los 43 normalistas que desaparecieron en 2014, declaró el fiscal especial del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, previo a una reunión con los padres de los estudiantes.

“Tenemos 120 detenidos, 46 causas penales, y más de 800 sitios revisados en la sierra buscando los cadáveres”, expresó Gómez Piedra, a casi 11 años de la desaparición de los estudiantes normalistas.

Producto de las declaraciones; así como por presuntos actos de corrupción y pérdida de confianza, los padres de los jóvenes normalistas exigieron la destitución del Fiscal el 27 de mayo durante una reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien no anunció una decisión inmediata.

En el encuentro, el fiscal evitó intervenir; además, ningún representante del Gobierno Federal ofreció defensa alguna, luego de que los familiares de los normalistas señalaron actitudes insensibles por parte de Gómez Piedra, como la organización de un desfile de disfraces en fechas cercanas a una audiencia internacional a la que el funcionario no acudió.

En su conferencia matutina del 28 de mayo, la mandataria confirmó públicamente que su gobierno analiza la permanencia del fiscal y anunció la incorporación de Mauricio Pazarán, exfiscal territorial de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México como nuevo coordinador General de Investigación adscrito a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa.

Por su parte, Melitón Ortega, vocero de las familias, explicó que el fiscal perdió legitimidad tras sus declaraciones públicas y por las denuncias formales en su contra: “nunca ha dado una respuesta clara. Además, existen acusaciones graves por corrupción, peculado y abuso de autoridad”, dijo a medios.

La siguiente reunión entre gobierno y familias quedó programada para el 27 de julio. Las madres y padres insisten en obtener acceso a 800 documentos de inteligencia militar que permanecen clasificados desde el sexenio anterior.