El nuevo gobierno veracruzano, encabezado por el morenista Cuitláhuac García Jiménez, aún no cumple sus primeros 100 días, pero ya acumula una serie de escándalos y errores que han puesto en jaque la gobernabilidad del Estado.

Entre éstos resaltan el incremento de feminicidios, varios abusos cometidos por elementos de la Fuerza Civil en contra de ciudadanos, el nombramiento de tres secretarios del gobierno estatal no originarios de Veracruz y la notoria ausencia de acciones oficiales relevantes en los dos primeros meses de administración pública.  

La agenda del mandatario veracruzano se ha centrado en ceremonias de corte de listones, en acudir a partidos de béisbol y realizar visitas infructíferas al Palacio Nacional. El único tema de peso político y mediático importante en que se ha visto involucrado es el debate que ha generado la remoción del Fiscal General.

Golpe a la sociedad

Varias acciones del gobierno morenista han golpeado a la sociedad veracruzana, entre los que destaca el aumento de 138 pesos en los derechos vehiculares, alza debida a la eliminación del subsidio que según la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) existía anteriormente en las tenencias.

Otro asunto que molestó mucho a los veracruzanos, principalmente a los xalapeños, es la postura del gobernador hacia los bloqueos. García Jiménez negó que su administración vaya a usar la fuerza pública para impedirlos, pese a que el más prolongado –el realizado el 27 de diciembre, durante siete horas continúas, por las trabajadoras de estancias infantiles sobre la avenida Lázaro Cárdenas– generó muestras de inconformidad en algunos sectores sociales.

En otras ocasiones estas trabajadoras han bloqueado la calle Enríquez, en pleno corazón de la ciudad, provocando que los comerciantes del centro de la capital veracruzana se quejaran de pérdidas económicas y advirtieran de los riesgos que estos bloqueos implican para los servicios de urgencias médicas en la ciudad capital.

Otra decisión controvertida del nuevo gobierno estatal fue la desaparición del Museo Interactivo de Xalapa (MIX), decretada el pasado 17 de diciembre. Tras el despido masivo de los pocos trabajadores que aún quedaban, sus instalaciones fueron destinadas al uso burocrático gubernamental y, en el caso de su área más amplia, a sala de eventos públicos; ésta última había sido diseñada como sala espacial para rendir homenaje al primer astronauta mexicano, Rodolfo Neri Vela, y se le desmanteló sin ninguna consideración y no prevén su instalación en otro lugar.

Gabinete sin perfil

Además, se ha cuestionado el bajo perfil profesional y político de varios de los integrantes del gabinete morenista: el Secretario de Educación, Zenyazen Roberto Escobar García, obtuvo de manera relámpago sus títulos de Licenciado y Maestro en Comunicación. El titular de la Secretaría de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros, es ingeniero agrónomo y no abogado como debería ser por la responsabilidad del cargo.

El Secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez, la titular de Protección Civil, Guadalupe Osorno y la Contralora, Leslie Garibo Puga, no son originarios de esa entidad. El primero es de Nuevo León; la segunda de Tlaxcala y la tercera de la Ciudad de México (CDMX).

Tanto al Secretario de Seguridad como a la Contralora se les aprobó por el Congreso, el 7 de diciembre, con dispensa de trámite legal, pero la de Protección Civil debió esperar la suya hasta el día 20 de diciembre.

Sergio Rodríguez Cortés es el Procurador Estatal del Medio Ambiente a pesar de ser ingeniero en Sistemas Computaciones. Con Javier Duarte fue nombrado director general del Servicio Nacional de Empleo; después regresó al Partido de la Revolución Democrática (PRD) como diputado local pero cuando advirtió que éste iba en declive, lo abandonó para irse a Morena.

<, quien durante años fungió como presidenta de la Asociación de Padres de Familia, es ahora delegada regional de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV). Esta señora fue corrida del Ayuntamiento que encabezaba Américo Zúñiga Martínez, donde se desempeñaba como coordinadora de asesores, debido a sus escándalos por prepotente, sobre todo cuando atropelló a una agente de tránsito que le llamó la atención por conducir en sentido contrario.

Magistrados al vapor

El presidente de la mesa directiva de la LXV Legislatura del Congreso de Veracruz, el diputado José Manuel Pozos Castro, a convocatoria del Poder Ejecutivo estatal, invitó a la ciudadanía veracruzana a proponer magistrados vacantes del Poder Judicial. Hubo 443 aspirantes, de los cuales 162 fueron son mujeres y 281 hombres.

La legislación orgánica vigente establece que en ningún caso podrá haber dos o más magistrados que sean parientes consanguíneos hasta el cuarto grado; en el caso de que hubiese un prospecto con este tipo de parentesco, será asignado a tribunales distintos, como es el caso de Juan Carlos Charleston Salinas, hermano del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

Los 12 que resulten electos, como lo marca el artículo 4° de la Ley Orgánica del Poder Judicial, durarán en su cargo 10 años improrrogables, salvo que en caso se ausenten de manera definitiva, dejen de cumplir con los requisitos para este magisterio o se actualicen los supuestos previstos legales para el retiro forzoso.

Al cierre de esta edición el Ejecutivo estatal aún no confirmaba los nombres, a pesar de que tenía los perfiles desde el mes de diciembre.

Otro punto criticable a García Jiménez consiste en que se ha mostrado igual de generoso que su antecesor panista Miguel Ángel Yunes Linares, quien en solo dos años abrió 16 notarías públicas, y, en marzo del año en curso, entregará otras más a fin de satisfacer a sus amigos.

 El Fiscal y la agenda veracruzana

El pasado cinco de diciembre, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez se pronunció en contra de la liberación de exfuncionarios duartistas porque según él habrían negociado su salida de prisión y la disminución de sus penas con Miguel Ángel Yunes Linares y Jorge Winckler Ortiz.

En conferencia de prensa, dio a conocer la “mentira” con la que el exmandatario Yunes quiso ganar votos en las pasadas elecciones, fingiendo una supuesta condena para quienes han cometido delitos que van desde la corrupción hasta la desaparición forzada.

Pero “hoy se cae y salta la verdad de lo que realmente hicieron”, dijo Cuitláhuac, e informó que contaba con información precisa de que fue el Fiscal General del Estado,

Jorge Winckler, quien había negociado con Arturo Bermúdez Zurita para solo acusarlo del delito de desaparición forzada, mismo que no es considerado grave en la entidad.

Derivado de lo anterior, el gobernador convocó a la sociedad veracruzana, a través de todos los sectores, a manifestar si Jorge Winckler debía seguir en la Fiscalía General del Estado. De entonces a la fecha –hasta el cierre de esta edición– la agenda política veracruzana se ha centralizado en el juicio político que se le sigue al fiscal veracruzano.

Un día después, el pleno de la LXV Legislatura del Estado de Veracruz aprobó el dictamen por el que se reforma el Artículo 33º de la Constitución Política del Estado; con ello se otorga a este Poder la atribución para designar y remover al Fiscal General del Estado, de conformidad con lo previsto en su Artículo 67º, fracción I, inciso D.

Previamente, el 29 de noviembre, el diputado del grupo Legislativo de Morena, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, presentó una iniciativa con el mismo contenido que logró 39 votos a su favor por cuenta de los grupos Legislativos de Morena (26), cuatro del lado correcto de la historia, tres del Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), tres del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y uno del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

  Los 11 diputados de la banca del Partido Acción Nacional (PAN) votaron en contra. Su coordinador parlamentario, Sergio Hernández Hernández, expresó que una mayoría no puede asumirse como los únicos representantes populares y como a los precursores del combate a la corrupción, “su mayoría no los faculta para aplastar derechos, para subordinar a este Congreso al Poder Ejecutivo, ni para cambiar la verdad”. Manifestó que la liberación de los implicados en el desfalco al Estado representa una profunda falta de respeto a la memoria histórica y a la vida misma de los veracruzanos.

La diputada panista María Josefina Gamboa Torales dijo que el voto en contra de ese dictamen estaba sustentado en el hecho de la reforma promovida por Morena que tenía una clara intención política: remover al Fiscal General de Veracruz.

La diputada Mónica Robles Barajas, del grupo legislativo Morena, dijo que la reforma era para cumplir con el procedimiento constitucional y llenar un “vacío legal” relativo a la atribución del Poder Legislativo respecto a la remoción del Fiscal, toda vez que modificaciones anteriores solo aludían al proceso de elección y designación.

El Fiscal General Jorge Winckler se ha amparado.  Las audiencias siguen y este es el tema central de la agenda política de Veracruz y no, por supuesto, la pobreza generalizada que existe en la entidad, ni la inseguridad pública ni los feminicidios ni la emigración laboral.

Los muertos y las cifras

La violencia en Veracruz es un problema prioritario en la agenda nacional: para la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal, que encabeza Alfonso Durazo Montaño, hay al menos siete municipios con índices delictivos que superan por mucho la media nacional: Coatzacoalcos y Minatitlán en el Sur; Córdoba, Orizaba y Zongolica, en el Centro de la entidad y, en el Norte Poza Rica. Xalapa, la capital, se incluyó como parte de un paquete de 20 capitales, aunque no alcanza los niveles de violencia que los otros municipios.

A pesar de la inseguridad y violencia, el nuevo mandatario estatal, Cuitláhuac García, afirma que se han reducido los ilícitos, en particular los homicidios dolosos y los secuestros.

“Hay una disminución importante, sobre todo en zonas donde se daba este problema de manera grave: sur de Veracruz, zona centro-sur y la región del puerto de Veracruz. Y se han realizado detenciones, aunque no las hemos hecho muy públicas”; revindicó que en su administración se resolverán estos problemas con base en la habilitación de su Programa Integral de Seguridad, que operará “sin generar mayor violencia” y con base en la inteligencia militar.

Sin embargo, de las 155 ciudades con mayor violencia a nivel nacional, el Puerto de Veracruz es la tercera entidad con mayor incidencia delictiva solo después del Estado de México y Puebla.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana arrojó que  Coatzacoalcos, es una de las ciudades con mayor violencia pública. Pues el 93.4 por ciento de sus habitantes consideraron que vivir ahí es inseguro, reportó el estudio del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (Inegi).

Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSS) reveló que en el primer mes de gobierno de Cuitláhuac García, es decir desde diciembre de 2018, se registraron dos mil 755 delitos, de los cuales 69 fueron homicidios dolosos y 44 se concretaron con arma de fuego, 396 fueron lesiones dolosas, dos feminicidios, siete secuestro y mil 294 robos de diversa índole.

En el periodo de enero a diciembre de 2018, el Observatorio Universitario de Violencia contra las Mujeres contabilizó 118 mujeres asesinadas en Veracruz, cuya mayor incidencia se registró en los municipios Coatzacoalcos, Xalapa, Veracruz, Río Blanco, Córdoba y Tlapacoyan.

En los primeros días de 2019 se sumaron siete casos más: el jueves tres de enero mataron en Córdoba a balazos a una mujer cerca de las vías del tren; el sábado cinco, la víctima fue una mujer de 43 años degollada en su domicilio en Coatzacoalcos y el domingo seis, una jovencita de 17 años fue degollada en el puerto de Veracruz, también al interior de su vivienda; el lunes siete, otra mujer fue baleada en Minatitlán en un laboratorio médico.

El 13 de enero asesinaron en Xalapa, de un balazo en el rostro, a una mujer embarazada. El lunes 14, en Ixtaczoquitlán, encontraron a una adolescente envuelta en cobijas. El miércoles 16, fue arrojado a unos caños el cuerpo, envuelto en una sábana, de una menor de 16 años.

Los abusos policiales

El primer gran escándalo en materia de seguridad que enfrentó la administración morenista fue la detención, supuestamente ilegal, de una familia de nacionalidad estadounidense.  Los hechos se suscitaron la madrugada del martes 1º de enero en la comunidad de Santa Rosa, municipio de Actopan, cuando cinco integrantes de la familia agraviada –dos de ellos menores de edad– fueron sacados con violencia de su vivienda por elementos de la Fuerza Civil y sin una orden judicial de por medio. 

La familia logró captar en un video parte de esta supuesta detención ilegal y acusó a los policías de sembrarles armas y drogas a fin de trasladarlos a la Procuraduría General de la República (PGR), en cuyas instalaciones se les practicaron pruebas de radizonato y posteriormente fueron liberados.

Sin embargo, el Secretario de Seguridad Pública (SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado, intento justificar la actuación de los elementos policiales de la Fuerza Civil alegando que la familia había disparado contra éstos.

“Es obligación de la Secretaría de Seguridad Pública preservar la seguridad, apegándose a los derechos humanos, y no se tolerará ninguna violación, arbitrariedad o abuso de autoridad contra ninguna persona”, dijo Gutiérrez través de un comunicado.

Por cierto, el polémico titular de esa dependencia estatal, de origen neoleonés, en el evento de la escuela primaria Gonzalo Aguirre Beltrán de Coatzacoalcos, apareció portando una pistola 9 milímetros en la cintura, que no se quitó ni siquiera en el momento de su intervención en el programa Amo mi Escuela.

Unos días después declaró que los múltiples asaltos que se han dado a las tiendas de conveniencia eran por six de cervezas, utilizando el mismo argumento que alguna ocasión utilizó el exgobernador Javier Duarte de Ochoa cuando afirmó que en esas tiendas solo se robaban frutsis y pingüinos: “Las bebidas alcohólicas que venden después de horario, que las guarden en un lugar en donde no pueden entrar ni la misma persona que las vende, porque muchas veces van por un six y donde no se lo quieren vender, ahí se hace el robo”,

El jueves 17 de enero otro elemento de la Fuerza Civil golpeó en Coatzacoalcos a un joven de 28 años con síndrome de Down a quien supuestamente confundió con un hombre alcoholizado. La agresión fue captada en video y el elemento fue dado de baja de inmediato.

“No podemos tolerar más abusos policiales en Veracruz ni en el país”, sentenció el Diputado federal, Héctor Yunes Landa, quien también había solicitado una investigación a fondo en el caso Actopan.

Aún no se llega a los primeros 100 días de gobierno en Veracruz y los ciudadanos no vislumbran que la inseguridad pública vaya a revertirse ni los próximos seis meses y menos en dos años.