Entre los puntos se encuentra la reducción del 25 por ciento del gasto electoral.
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El criterio de verdad, afirman los filósofos, es la práctica. Todo lo que uno diga y presuma como verdadero, debe ser corroborado en la realidad y ésta tiene la última palabra. Es el caso de lo que vivimos con el gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T), que afirma que todo va bien, pero en la vida diaria de los mexicanos esta frase carece de sustento.
Este gobierno canceló la inversión en obra pública destinada a las comunidades y pueblos de México. Todo el dinero lo llevó al Tren Maya, al aeropuerto de Santa Lucía y a la refinería Dos Bocas, obras que, por cierto, aún no se terminan y que, como hemos insistido en infinidad de ocasiones, no sacarán a México del atraso, pero lo dejarán en un rezago difícilmente reversible. Por la concentración del presupuesto en esas obras, hoy, doña Guadalupe Rosales Cruz, Irma Altamirano, Fernando Rodríguez y don Daniel Cervantes, entre otros pobladores, siguen inundados en la Laguna de Chiconautla, Ecatepec. Aprovechamos este espacio para dar voz a todos los damnificados de Ecatepec y de México que, hasta este momento, no han recibido ningún apoyo del gobierno morenista.
Pues bien. La administración actual quitó los programas de desarrollo regional del Ramo 23 que etiquetaban recursos para construir el cárcamo y drenaje profundos de la Laguna de Chiconaulta, que, gracias a las gestiones del Movimiento Antorchista, tenían un avance notable que el actual gobierno canceló de un plumazo, y ahí están las consecuencias. Aprovechamos este espacio para exigir al gobierno morenista que etiquete recursos para concluir esa importante obra que resolverá el problema de las inundaciones provocadas por la Laguna de Chiconautla.
Pero ahora también hay damnificados en el cerro del Chiquihuite, en Tula, Jalisco y Sinaloa que padecen desamparo porque este gobierno canceló el Fondo de Desastres Naturales (Fonden); y aunque declare que los apoyará, es difícil creerle porque dicho fideicomiso ya no existe. También damnificó a los científicos con la cancelación de los fideicomisos que fortalecían la ciencia, la tecnología y la innovación.
El gobierno decidió apoyar a ciertos sectores sociales mediante la entrega de recursos directos; pero abandonó los apoyos destinados a desarrollar la producción agrícola y, hoy, el 45 por ciento de nuestros alimentos viene del exterior y no tenemos seguridad alimentaria. Se cancelaron los apoyos con fertilizante, en la comercialización, los desastres naturales en el campo, en el diésel; se cancelaron los subsidios a pequeños productores que hoy no pueden comprar un tractor para sus labores, a los que tienen sistemas de riego y a los que poseen pequeños invernaderos, etc.
Al no producir de manera eficiente los alimentos y otras mercancías que consumimos, tenemos que importarlos y adquirirlos con un incremento sustancial en sus precios. Esto se refleja en el acceso a los productos de la canasta básica, que ahora se aleja del bolsillo de los mexicanos. Por poner un ejemplo: en 2018, cuando aún no terminaba el sexenio anterior, el precio de la tortilla era de 14 pesos, hoy el kilogramo de ésta se vende entre 18 y 24 pesos. En los pequeños detalles de la realidad se ve si vamos bien o mal. Este gobierno ofreció que bajaría el precio de la gasolina, pero subió. El precio del gas tampoco se ha reducido como lo “prometió”. Solo le puso precio máximo, pero no ha logrado disminuirlo.
En materia de salud, las cosas no están mejor ¿Dónde está el sistema que se parecería al de Dinamarca? Hoy, los niños no tienen medicinas para el cáncer; la responsabilidad de hacer pruebas de tamiz y muchas tareas del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) se trasladaron a los gobiernos de los estados de la República, a los que también se redujo el presupuesto federal. En otras palabras, abandonó a su suerte a las madres con hijos recién nacidos; le quitó apoyos a quienes padecen diabetes, incluidos los que requieren insulina y diálisis.
Según cifras oficiales, se han muerto más de 250 mil mexicanos por Covid-19; pero las extraoficiales hablan de más de medio millón, además de que México es el primer país en el mundo con más médicos fallecidos por Covid-19. Antes, los mexicanos gastaban el 14 por ciento de sus ingresos en salud; ahora gastan el 40 por ciento. Esto evidencia que el actual gobierno, que se llena la boca declarándose “antineoliberal”, en los hechos favorece a las empresas privadas que se dedican a la venta de medicamentos y a ofrecer consultas. Por ello, no invierte en más hospitales; y del Insabi no se sabe de su existencia real.
Muchas comunidades se quedaron sin agua potable, electricidad, drenaje, pavimentaciones, espacios deportivos dignos, apoyos a la vivienda y sin ayudas para las escuelas de sus hijos. Además, falta empleo; aunque el salario mínimo aumentó nominalmente, aún es insuficiente para las familias, pues la canasta básica subió. En ningún país del mundo se utilizan los apoyos directos para lograr crecimiento económico; por eso, este gobierno es más bien una fábrica de pobres; pues en lo que va del sexenio hay 3.8 millones de pobres más, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), lo cual implica un retroceso de cinco años en el combate a la pobreza. ¿Dónde quedó aquello de que, por el bien de México, “primero los pobresˮ?
Por ello, como advertimos al inicio de este texto, la realidad es más contundente que el discurso. Así que en el bolsillo de la gente hay menos dinero; hay casas inundadas y sin ayuda oficial; faltan empleos en las ciudades y el campo; faltan apoyos a la producción agrícola, industrial y comercial; la vacunación ha sido lenta en todos los sectores de la población; los niños con cáncer y los pacientes de otras enfermedades incurables siguen sin medicamento; por ello falta crecimiento económico, y la mayoría de los mexicanos carecen de oportunidades para salir adelante. En materia económica, el panorama empeorará; y esa será la herencia de la 4T: “Aprendan, para que tengan… más presupuesto para los mexicanos”.
Entre los puntos se encuentra la reducción del 25 por ciento del gasto electoral.
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El 91%, equivalente a 59 mil 363.7 millones de pesos, corresponde a los recursos transferidos por la Federación a gobiernos estatales, municipales y organismos públicos.
En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
Varios de ellos trabajaron con Ricardo Monreal durante su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc o en el Senado de la República.
El personal consular de protección desempeña sus funciones sin respaldo institucional y con desgaste profesional y emocional.
Los recortes afectan a personal con hasta 20 años de antigüedad y se suman a los más de cinco mil ceses registrados tras la llegada de jueces electos en 2025.
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Escrito por Brasil Acosta Peña
Doctor en Economía por El Colegio de México, con estancia en investigación en la Universidad de Princeton. Fue catedrático en el CIDE.