El ocho de septiembre, el Poder Ejecutivo Federal presentará a la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2027. Como cada año, la discusión se centrará en cuánto será el monto del ingreso del Estado y en dónde se destinará el dinero que logre ingresar, pero detrás de esas cifras que se analizarán hay un problema viejo y estructural de la economía: México necesita gastar cada vez más, pero su economía no crece o crece demasiado poco para sostener ese gasto sin aumentar impuestos, reducir otros rubros o endeudarse.

El problema no es nuevo y puede observarse ya en la manera en que se distribuyen los presupuestos anteriores. Para 2026, el gasto es de 10.2 billones de pesos; grosso modo, se distribuye así: 4.1 al funcionamiento ordinario del Estado, salarios, subsidios, compra de materiales, medicamentos, servicios y demás gastos necesarios para mantener operando escuelas, hospitales, dependencias y programas públicos; 1.7 al pago de pensiones y jubilaciones; 1.25 a gasto de inversión; y tres al llamado gasto no programable: cerca de 1.6 billones para pagar intereses y otros costos de la deuda pública, 1.46 billones que deben entregarse como participaciones a estados y municipios, y una cantidad menor para cubrir adeudos de años anteriores. Eso significa que una parte considerable del presupuesto está comprometido de antemano. Observando un poco más de cerca la inversión –que podría generar crecimiento económico significativo–, sólo unos 961 mil millones corresponden a inversión física propiamente dicha; alrededor de 276 mil millones son inversiones financieras y unos 15 mil millones, subsidios de inversión. Además de ello, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) calcula que el déficit será de 4.1 por ciento y que la deuda ascenderá a 54.2 por ciento como porcentajes del PIB; es decir, las presiones de un gasto condicionado seguirán latentes.

El problema es que cada año el presupuesto alcanza para menos, porque cada peso destinado a pagar intereses, pensiones y otras obligaciones reduce el margen para construir hospitales, presas, carreteras, escuelas, infraestructura hidráulica o para ampliar los propios programas sociales de transferencia monetaria directa. Derivado de ello, la pregunta o el debate no debe centrarse solamente en dónde se gastará el dinero; la verdadera cuestión que debe resolverse es: ¿de dónde saldrá el dinero? Esa cuestión puede tener algunas respuestas.

Una vía es recaudar más. Existen altas posibilidades de lograrlo si el Gobierno quisiera hacerlo. De acuerdo con la OCDE, el país tuvo en 2024 una recaudación tributaria equivalente a 18.3 por ciento del PIB, mientras que el promedio en América Latina fue de 21.7 por ciento y el de los países de la OCDE, de 34.1 por ciento; es decir, si el gobierno actual, que tiene control del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, quisiera hacer una reforma tributaria para aumentar la recaudación, podría hacerlo. Es cierto que, si esto ocurriera, no resolvería el problema por sí solo, aunque podría ayudar sustancialmente a redistribuir mejor la carga fiscal y proporcionar recursos adicionales al Estado. Sin embargo, esto tiene un límite; es decir, lo que se puede recaudar está condicionado al crecimiento de la economía, que es el verdadero problema.

El crecimiento de la economía mexicana lleva décadas siendo lento. El Banco Mundial calcula que, entre 1980 y 2022, creció apenas poco más de dos por ciento anual en promedio. No se trata, por tanto, de una dificultad exclusiva del gobierno actual, sino de un problema estructural que tiene que ver con el modelo económico imperante. A pesar de que se afirmó en los gobiernos de la “Cuarta Transformación” que se acabó con el neoliberalismo, la situación no ha cambiado. Por ejemplo, en 2025 el PIB creció solamente 0.6 por ciento y, aunque se habla de que en 2026 habrá mejor desempeño, el Banco de México prevé apenas un crecimiento de entre uno y dos por ciento. ¿Cuál es la explicación de ese nulo crecimiento económico?

Sería oportunista decir que todo se debe al gobierno, aunque éste tiene que cumplir un papel importante en cuanto a la inversión pública, la seguridad, la infraestructura, la disponibilidad de energía y agua, la certidumbre jurídica, la política industrial y la calidad de los servicios públicos, pues una política equivocada puede desalentar la inversión y frenar a toda la economía. Pero el gobierno no es el único que tiene que ver con el crecimiento: la mayor parte de la inversión de capital del país corresponde al sector privado y éste tampoco ha mostrado el dinamismo que se requiere para crecer. Pero ambos, gobierno y sector privado, se sujetan a otros factores igual de importantes a la hora de invertir: una política monetaria restrictiva, guerra comercial, inestabilidad de precios, etcétera; es decir, al vaivén de la economía mundial y a los intereses de los grandes monopolios mundiales. Para ser exactos, la economía nacional mexicana está condicionada a actuar sometida a los intereses del imperialismo mundial y a la dictadura de la ganancia.

Sólo para dimensionar lo anterior, basta con observar la profunda vinculación que tiene la economía nacional con Estados Unidos: alrededor del 80 por ciento de las exportaciones mexicanas se dirigen a ese país, lo que implica una dependencia extraordinaria de las decisiones económicas y políticas de Washington. Esa dependencia, calcula el Fondo Monetario Internacional, equivale a cerca del 27 por ciento del PIB mexicano, lo que, en los hechos, se transforma en empleo e ingreso para familias que dependen de ese trabajo. Así se explica que, ante los embates del imperio, usando como arietes el T-MEC, la amenaza de aranceles, etcétera, el gobierno mexicano tenga nula capacidad de respuesta en términos económicos y sólo se limite a discursos.

Ante esas restricciones al crecimiento de la economía, si México quiere ampliar derechos sociales, mantener pensiones, mejorar salud y educación, construir infraestructura, fortalecer Pemex y CFE, desarrollar ferrocarriles, producir más energía y, al mismo tiempo, conservar estabilidad financiera, tiene por fuerza que empezar por proponerse cambiar el modelo económico imperante.

Es evidente que el reto y centro de la cuestión no es sólo la mejor administración de cierta cantidad de presupuesto, sino crear una nueva política económica que permita a la economía mexicana crecer. De forma general, eso implica elevar sustancialmente la inversión productiva pública y privada; generar fuentes de energía, agua, comunicaciones e infraestructura; incorporar tecnología; desarrollar proveedores nacionales; elevar la productividad; fortalecer el mercado interno y aumentar el contenido mexicano de aquello que el país produce y exporta. Es cierto que en esto el gobierno tiene que crear condiciones de infraestructura, pero es innegable que la iniciativa privada también tiene que hacer su parte para lograr crear crecimiento; de lo contrario, si la economía sigue estancada, las ganancias de los empresarios se estancan y los ingresos del gobierno también. Los propios precriterios de la SHCP de 2027 reconocen parte del problema cuando proponen ampliar infraestructura y aumentar el contenido nacional de las exportaciones mediante el Plan México, aunque el problema radica en la poca acción del gobierno para lograrlo.

Escuché decir a un profesor de macroeconomía muy competente que, más allá de las cuestiones técnicas, si un gobierno realmente quiere impulsar una reforma tributaria, necesita concentrar suficiente poder político y aprovechar sus primeros años de gestión, cuando todavía cuenta con mayor respaldo popular. Tal fue (o es) el caso de Morena en este momento, pues, una vez pasada esa oportunidad, difícilmente volverán a existir condiciones favorables para hacerlo. Considero que tiene razón y me atrevo a sostener que lo mismo aplica para un cambio de modelo económico en general. En ese sentido, resulta evidente que los dos gobiernos de Morena no han emprendido ninguna acción verdaderamente orientada a alcanzar esos fines. Entiendo que una transformación de esa magnitud exige afectar intereses económicos muy poderosos, recaudar de manera distinta, orientar la inversión, desarrollar empresas nacionales, fortalecer al Estado y asumir costos cuyos resultados sólo serán visibles en el largo plazo.

Aunque algunas partes de este artículo podrían parecer digresiones, todas están conectadas por un mismo problema de fondo: el presupuesto del gobierno depende de su recaudación, y ésta, por fuerza, está ligada al crecimiento económico; por lo tanto, si la economía decrece, la recaudación cae y, al contrario, si la economía crece, la recaudación aumenta.

Por ello, este año tampoco habrá presupuesto para resolver las necesidades de los mexicanos más necesitados, sí por falta de voluntad política del gobierno actual, pero fundamentalmente porque la economía nacional es débil, dependiente y sometida a intereses ajenos a los de la mayoría. Se necesita una economía vigorosa, productiva e independiente, capaz de generar más riqueza y de ponerla al servicio del desarrollo nacional. Pero una transformación de esa magnitud no surgirá espontáneamente ni será concedida desde arriba: requiere una fuerza social organizada, consciente y combativa, integrada por trabajadores, campesinos, colonos, pequeños productores, profesionistas, estudiantes y empresarios nacionales dispuestos a impulsar un verdadero proyecto de país. Ésa es, en el fondo, la tarea política fundamental: organizar al pueblo para que no sólo exija una mejor distribución de la riqueza, sino para que participe en la creación de un nuevo modelo económico que produzca más, distribuya con justicia y coloque en el centro los intereses de las grandes mayorías.