La falta de controles, decisiones discrecionales y el crecimiento acelerado del gasto amenazan el derecho a una jubilación digna de los trabajadores de base en el estado.
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Foto: Internet
En lo que va de 2025, más de 80 proveedores del Gobierno Federal han sido sancionados por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG); sin embargo, las multas aplicadas este año representan apenas un 3.6 por ciento del total acumulado en los últimos veinte años, lo que evidencia el profundo rezago en la ejecución de sanciones por corrupción.
La información pública de la SABG muestra que empresas, de sectores como farmacéutica, transporte, construcción, confección y aeroportuario, han recibido 87 multas que suman casi 51 millones de pesos, con un ritmo aproximado de ocho sanciones mensuales.
Además, varias han sido inhabilitadas para ofrecer sus productos o servicios al gobierno por periodos que llegan a casi cuatro años, aunque la ley permite suspensiones de hasta cinco.
Entre los casos más recientes destacan ABC Sivmed, sancionada por presentar información falsa en una licitación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA); Transportes Lipu, multada con más de un millón de pesos por documentación incompleta; y Aulis Sol, que acumuló adjudicaciones directas durante la pandemia y en Hidalgo.
A la lista se agregan CTG Ingeniería, por incumplimiento en obras del IMSS, y Abastecedora Tecnológica Especializada, por proporcionar información falsa en una licitación de la propia SABG.
Las inhabilitaciones más prolongadas recaen sobre personas físicas, con excepción del caso de Bidcom Energy.
La dependencia señaló que todas las empresas sancionadas ya fueron incorporadas al Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que les impide participar en licitaciones públicas hasta cumplir su castigo.
A pesar de los avances de este año, el rezago histórico persiste: múltiples sanciones continúan sin ejecutarse debido a amparos y procesos judiciales. Ejemplos emblemáticos como la multa relacionada con la Guardería ABC (2009) o la sanción a Odebrecht (2024) reflejan cómo muchos casos quedan suspendidos durante años, convirtiendo el cobro efectivo en uno de los mayores pendientes en la lucha contra la corrupción.
La falta de controles, decisiones discrecionales y el crecimiento acelerado del gasto amenazan el derecho a una jubilación digna de los trabajadores de base en el estado.
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Escrito por Fernanda Trujano Chavarría
Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UAEM.