En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
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La diputada local, Laura Álvarez Soto, presentó un punto de acuerdo en el pleno del Congreso de la Ciudad de México para exhortar a la Secretaría de Salud capitalina a garantizar la cobertura universal de vacunas contra COVID-19 e Influenza. Además, solicitó que se etiqueten los recursos necesarios en el presupuesto de 2025 para esta política de salud pública; sin embargo, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados votaron en contra por considerar que no se trata de un asunto urgente y de obvia resolución.
Durante su intervención, la legisladora destacó la importancia de prevenir complicaciones graves y salvar vidas a través de campañas de vacunación eficaces, especialmente en la temporada invernal, cuando las infecciones respiratorias aumentan significativamente.
La panista también hizo un llamado para que las autoridades de salud de la Ciudad de México suspendan el uso de vacunas como Sputnik y Abdala, las cuales no cuentan con la aprobación de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Además, propuso fortalecer la distribución de vacunas aprobadas por la OMS y la OPS en centros de salud y hospitales, garantizando una vacunación universal; también etiquetar recursos suficientes en el presupuesto de 2025 para garantizar la continuidad de esta estrategia de prevención; asimismo, suspender el uso de vacunas sin aval internacional, asegurando que las aplicadas cumplan con los estándares científicos y de seguridad requeridos.
La diputada también destacó la preocupante situación en la Ciudad de México, que encabeza el país con tres mil 272 casos confirmados de COVID-19 y 84 defunciones en lo que va del año. Además, los niveles de ocupación por COVID-19 e influenza superan el 50 por ciento en algunos hospitales, concluyó.
En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
El senador rechaza la prohibición interna contra el nepotismo, pese a que su hermano David Monreal es el actual gobernador, y advierte que la decisión debe recaer en la militancia.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera