Con la aprobación del Artículo 13º Transitorio de la reforma a la Ley Orgánica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el cual extiende dos años el mandato de su ministro-presidente Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, se consumó una violación más a la Carta Magna, coinciden especialistas en Derecho Constitucional, académicos, partidos políticos y organizaciones civiles.

Al conocer esta decisión, tomada por el Congreso de la Unión el pasado 23 de abril, en respuesta a una pregunta de uno de sus youtubers que se hace pasar como periodista, y en clara advertencia a un posible dictamen de improcedencia constitucional en la SCJN, el 26 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) advirtió a los demás ministros que pueden incurrir en corrupción: …“sí, yo creo que, conscientes o inconscientemente por el coraje que les produce la transformación que se está llevando a cabo en el país, pues apoyan al régimen de corrupción”.

El titular del Ejecutivo federal justificó la ampliación del mandato de Zaldívar –quien lo terminaría en 2024, igual que el suyo– con el argumento de que, con la reforma judicial, se combatirá mejor la corrupción prevaleciente en el Poder Judicial; y que el actual presidente de la SCJN y la Judicatura es el más idóneo para efectuarlo, ya que no pertenece a los mismos grupos “del poder político y económico que llevaron a la ruina al país y a la decadencia…”.

AMLO describió a Zaldívar como una “gente honorable, íntegra”, pero entre los muchos juristas y académicos especializados en derecho constitucional que rechazan esa reforma, existe la impresión de que el Presidente busca someter aún más a la SCJN.

De antemano, cinco ministros, al menos, de la SCJN han rechazado el Artículo 13° Transitorio, incluido en la reforma a la ley orgánica del Poder Judicial aprobada por la Cámara de Diputados –los juristas lo llaman “Ley Zaldívar”–, por lo que para bloquearla y declararla inconstitucional solo se requieren tres de ocho votos potenciales en la Corte.

Por ello, el Presidente envió el citado mensaje de advertencia o intimidación a los ministros que disienten de ese artículo inconstitucional. Este Transitorio establece que el presidente de la SCJN durará en el cargo hasta el 30 de noviembre de 2024, con lo que el mandato de Zaldívar se extendería de cuatro a cinco años y 11 meses. También prevé alargar los cargos de consejeros de la Judicatura Federal a siete años en lugar de cinco.

La tibia respuesta del ministro

Cuando supo que el Congreso de la Unión aprobó la Reforma Judicial, el ministro Arturo Zaldívar dejó en manos de la SCJN la decisión de continuar en el cargo dos años más. En un comunicado que difundió en sus redes sociales, afirmó: “ejerceré el cargo de Presidente de la SCJN y el CJF por el periodo para el que fui electo por mis pares y estaré a la determinación de la SCJN respecto del precepto en cuestión”.

El ministro-presidente agradeció, también a los legisladores del Congreso de la Unión las reformas a la ley reglamentaria del Poder Judicial Federal; ya que su contenido es indiscutiblemente positivo, producto de un trabajo de muchos años y de un “amplio consenso”.

Con respecto al Transitorio que violenta la Constitución y que los especialistas rechazan, incluido un grupo de legisladores del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que encabeza el diputado Porfirio Muñoz Ledo, Zaldívar se limitó a decir:

“Es cierto que, de último momento, se incluyó un artículo Transitorio con el que se amplía por dos años la duración del curso administrativo de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mas no se extiende el plazo de encargo como Ministro de la Corte”.

También sostuvo que, por respeto al procedimiento legislativo que se encontraba en curso, no emitía un pronunciamiento personal; que a partir de entonces estará al pendiente de su publicación y de cualquier acción legal que se presente, y que seguirá defendiendo la independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación y de todos los juzgadores federales, incluidos los “críticos al poder”.

Esta respuesta fue calificada como tibia por los senadores de oposición, debido a que el ministro no fue claro en su posición con respecto al 13° Transitorio. Damián Zepeda, del Partido Acción Nacional (PAN) indicó que es necesario un deslinde rotundo emitido por el ministro, cosa que no ha sucedido.

Mayoriteo morenista para el 13^o Transitorio

Este artículo fue incluido de último momento el pasado 15 de abril de 2021, durante la sesión a distancia de la Cámara de Senadores, tras la aprobación de las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, al igual que otros 12 artículos transitorios.

Hasta poco antes se produjo consenso en los legisladores de todos los partidos políticos. Sin embargo, cuando apareció el 13º, la mayoría de los senadores del PAN y los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) se opusieron a su inserción, que se logró con el mayoriteo de Morena y sus aliados.

En un análisis elaborado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, titulado Ley Zaldívar ¿Inconstitucional?, se advierte que la propuesta fue hecha por el senador Raúl Bolaños Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Este legislador, nativo del estado de Oaxaca, fue secretario particular de Alejandro Murat Hinojosa cuando éste fue director general del Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) de 2013 a 2015 y, posteriormente, su Jefe de Oficina y Secretario de Desarrollo Social y Humano (SDSH) dentro del actual gobierno del estado de Oaxaca.

 A decir del legislador proponente, estaba lista desde 2019 e integraba una reforma constitucional, cuya promoción legislativa debió realizarse y aprobarse el año pasado, pero se prorrogó a causa de la pandemia de Covid-19. En su exposición de motivos, se argumentaba su finalidad: “asegurarnos de que el órgano administrativo encargado de su instrumentación cuente con el tiempo y la continuidad necesarios para efectuar los cambios profundos que la Constitución y las presentes leyes imponen”.

Las reformas a las leyes Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, aprobadas el pasado 15 de abril, obedecieron a las sugerencias u órdenes del Presidente para que la SCJN combatiera privilegios, corrupción, nepotismo, hostigamientos y acosos sexuales en el Poder Judicial de la Federación.

La oposición no vio mal estas reformas, pero no estuvo de acuerdo con el Transitorio 13°, por lo que las protestas no se hicieron esperar, entre ellas las del panista Damián Zepeda, quien denunció un albazo y un golpe de Estado al Poder Judicial, lo cual fue respaldado por su colega Xóchitl Gálvez, quien de inmediato se trasladó de su oficina en el Patio del Federalismo al Salón de Plenos, donde se realizaba la sesión a distancia.

En el pleno, los emecistas Dante Delgado y Juan Zepeda exigían al presidente del Senado, Eduardo Ramírez, leer la reserva presentada por el senador del PVEM, Raúl Bolaños. “Dan vergüenza los acuerdos construidos por mequetrefes que utilizando el poder presidencial y la intervención directa del presidente de la Corte, avasallan, dominan, subyugan a senadores que podían levantar la voz y de manera sumisa y servil a intereses de un gobierno autócrata que lastima la dignidad por decoro; exijo al presidente de la Corte que no acepte esta aberración jurídica”, afirmó Delgado.

La senadora priista Claudia Ruiz Massieu declaró que su grupo parlamentario no apoyaría la propuesta, porque no podía ampliarse el periodo de desempeño del magistrado-presidente, debido a que tal precepto no se encuentra establecido en la Constitución.

La iniciativa llegó a la Cámara de Diputados el 22 de abril; después de 22 horas de discusión, Morena acató las indicaciones que recibió del Palacio Nacional y aprobó la “Ley Zaldívar” con 262 votos a favor, siete abstenciones y 182 en contra. La sesión comenzó el viernes y terminó el sábado.

En la madrugada del 22, el diputado morenista Porfirio Muñoz Ledo, expresidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, pronunció un discurso que duró más de una hora en oposición a dicho agregado; pero no pudo convencer a sus compañeros de partido de que ésta era una transgresión a la Carta Magna.

Entre otras cosas, Muñoz Ledo aseguró que se trataba de “un albazo incitado en las entrañas de un grupo con intereses perversos al interior de nuestro movimiento los cuales, bajo la máscara de aduladores, pretenden engañar a quienes encabezan el Ejecutivo y Judicial. Se trata de un golpe de Estado prospectado por quienes desean hacerse de la totalidad del poder en 2024, orientado a sentar las bases de un régimen autoritario y la desaparición del sistema de división de poderes”.

Los 260 votos a favor emitidos por los diputados de Morena, PVEM y Partido del Trabajo (PT) fueron suficientes para aprobar la iniciativa, por lo que los votos en contra de los legisladores del PAN, PRI, PRD y MC, más los de siete morenistas y los del partido Encuentro Social (PES) –ligado a AMLO– no lograron revertir el Transitorio.

“Es una tragedia que se haya aprobado este decimotercero Transitorio, que va en flagrante contradicción con lo que dice nuestra Constitución, en el Artículo 97°, que a la lectura dice que: ‘cada cuatro años, los ministros y las ministras de entre sus pares elegirán a quienes los presidirán. De pensar en el Artículo 97° y de saber que el décimo Transitorio dice que se prorrogará por dos años el periodo al ministro presidente, aquí hay dos flagrantes violaciones”, argumentó la diputada del PRI Mariana Rodríguez Mier y Terán en entrevista con El Financiero.

Violación a la Carta Magna

“El problema de inconstitucionalidad es obvio. Nuestra Carta Magna claramente establece en el Párrafo Cuarto del Artículo 97°, que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación únicamente durará cuatro años en el cargo y que no podrá ser reelecto para el periodo inmediato siguiente”, sostiene Mexicanos contra la Corrupción. Destaca también que el Artículo 100° Constitucional limita la duración de los consejeros de la Judicatura Federal a cinco años en el cargo.

Isabel Dosal y Rafael Castellanos autores del análisis especializado coinciden, en que la ampliación de dos años al mandato del ministro va más allá, porque atenta contra la independencia judicial. “Esta garantía es fundamental para el funcionamiento adecuado de una democracia, pues constituye uno de los pilares del principio de separación de poderes y de las garantías del debido proceso. Dicho de otro modo, los jueces y, en general, el Poder Judicial deben estar libres de cualquier tipo de influencia por parte de otro órgano del Estado u otros agentes externos. El Poder Judicial debe ser el guardián de los derechos de las personas, de la Constitución y de la Ley, y debe contar con los mecanismos institucionales necesarios para resistir a las presiones del poder político y otros sectores”, asevera.

El abogado constitucionalista e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Diego Valadés, escribió en Twitter que “la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación no puede modificar la Constitución. El periodo del Presidente de la Corte es improrrogable. El presidente Zaldívar es un constitucionalista serio que no merece ser objeto de maniobras que lo exponen a comentarios desfavorables”.

El exministro José Ramón Cossío, actual investigador de El Colegio de México, recordó que el Artículo 97° Constitucional, Párrafo Cuarto, actualmente en vigor, establece que “cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior”. Es decir, el Transitorio aprobado por los morenistas y sus aliados es inconstitucional.