Por Cristina Puga, Brenda Valderrama y David Romero de la Red ProCienciaMx*

El México reciente ha contado con diferentes leyes que norman y orientan las acciones del Estado en materia de ciencia, tecnología e innovación, comenzando con la Ley de la Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación Científica (1942) hasta la Ley de Ciencia y Tecnología vigente (2002).

Estos instrumentos han evolucionado de la mano de la comunidad científica, orientándose en un inicio a la constitución del sistema, posteriormente a su crecimiento y en los tiempos recientes a su consolidación. Han sido lo suficientemente flexibles para adaptarse a las condiciones económicas del país, de acuerdo con los diferentes modelos de desarrollo, incorporando conceptos como la innovación. También han asimilado principios transversales para la toma de decisiones, como son la equidad de género, la inclusión y la sustentabilidad.

Existen múltiples razones por las cuales el Estado mexicano debe participar activamente en impulsar la producción, diseminación y acumulación del conocimiento que es hoy la herramienta más importante para asegurar el desarrollo y bienestar de las sociedades:

1) Fallas de mercado. El país no ha desarrollado las condiciones necesarias para que el conocimiento se transforme en servicios o productos de alta tecnología que satisfagan las necesidades del consumidor y brinden mayor bienestar.

2) Fallas sistémicas. No se han construido las redes necesarias entre las instituciones, la iniciativa privada y la sociedad.

3) Fallas en las capacidades y recursos. La inversión no está orientada a la solución de problemas, pero tampoco a la generación de conocimiento fundamental de manera decisiva y continua.

4) Fallas institucionales. Carecemos del andamiaje jurídico, regulatorio, normativo y procesal que permita la generación constante del conocimiento y su transferencia a los usuarios finales de manera oportuna y productiva.

La existencia de una legislación moderna que armonice las capacidades e intereses de todos los participantes en el complejo entramado de generación y aprovechamiento del conocimiento es fundamental para el cumplimiento del mandato recientemente inscrito en la Constitución dentro del Artículo 3^o que dice que los mexicanos tenemos derecho a “gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes, conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan las leyes en la materia; además alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura”. 

La modificación constitucional para la incorporación de este nuevo derecho mandata la emisión de una Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación.  Las leyes generales no son emitidas por el Congreso de la Unión, sino que tienen su origen en cláusulas constitucionales que obligan a éste a dictarlas, y una vez promulgadas y publicadas, deberán ser aplicadas por las autoridades federales, estatales y municipales.

Una Ley General es el instrumento jurídico idóneo para precisar y distribuir las competencias entre las instancias nacionales y locales, coordinando sus acciones. Esta funcionalidad la ubica en un plano superior a las leyes que rigen a la Federación (elaboradas por el Congreso de la Unión) y a los estados (elaboradas por las legislaturas locales).

Lo que esperamos es que a partir de la Ley General se implementen planes y programas que sumen las capacidades de los diferentes sectores para la solución de los grandes problemas nacionales, pero también para el desarrollo de la investigación básica o fundamental mediante el financiamiento oportuno, constante, bajo criterios de calidad y con ejercicios multianuales. Que se cuide y amplíe la formación de recursos humanos. Que se garantice la continuidad y el avance de las ciencias naturales y sociales y  de la tecnología.

Por ello, nos hemos involucrado como colectivo en la consulta, elaboración y promoción de una propuesta de iniciativa de Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación que contemple lo que consideramos deben ser las características mínimas para que esta legislación cumpla su objetivo de impulsar el desarrollo del país, a través del ejercicio del derecho constitucional al conocimiento. 

No es la única propuesta. El Gobierno Federal a través del Conacyt ha elaborado una propuesta propia que ha circulado entre la comunidad y en la cual identificamos tres graves problemas:  la confusión entre gobierno y Estado, la centralización de las decisiones y la falta de referencia al financiamiento estable de la investigación científica.

La confusión se refiere al papel central otorgado a un Consejo de Estado, integrado por todas las Secretarías de Estado, la Dirección del Conacyt y representantes de regiones establecidas por el propio Conacyt. Este Consejo sería responsable de estructurar una “agenda de Estado” que, dada la conformación de ese grupo, sería en realidad una agenda del gobierno en turno. Para ser una verdadera agenda de Estado, el Consejo debería integrarse por quienes hacen ciencia, tecnología e innovación, quienes la albergan, quienes la requieren y quienes la ponen en práctica: gobierno, sí, pero también investigadores, profesores, becarios, universidades, centros de investigación y responsables de empresas productoras.

El conocimiento se construye socialmente, como lo han sostenido las propias autoridades del Conacyt. Eso implica que, en el proceso de elaboración de nuevas explicaciones, deberá tomarse en cuenta la aportación de aquellos que están involucrados en los problemas, lo cual implica todo tipo de actores sociales: lo mismo vecinos que enfermos, víctimas de la delincuencia, productores del campo, comunidades indígenas, empresarios o asociaciones civiles. Todos tendrán algo que aportar a los científicos en términos de experiencia, de intuición o de conocimiento ancestral. De acuerdo con esa lógica, la política científica –es decir, la política del conocimiento– en un país, debe ser igualmente producto de una deliberación colectiva.

Resulta inexplicable e inconveniente una propuesta de ley que propone la elaboración de una agenda científica que emane exclusivamente del gabinete presidencial, con tan solo un asesoramiento ocasional por parte de un consejo designado directamente por la cabeza del sistema. Más aún, es una propuesta de ley que tampoco toma en cuenta que México es una república federal, en donde cada estado ha desarrollado sus propios consejos de ciencia, sus instituciones y sus políticas de investigación: el proyecto centraliza las decisiones en el gobierno federal y en la capital del país. Por eso es doblemente centralista y no responde a las exigencias de una Ley General. 

De ese esquema deriva una propuesta vertical que no solamente dictará el camino que debe recorrer la ciencia a través de la “agenda de Estado” sino que limitará el apoyo económico a la investigación que no esté incluida en sus prioridades. Esto, que ya ha empezado a suceder con los Programas Nacionales Estratégicos del Conacyt (Pronaces), restringe a una docena el amplio abanico de temáticas. En lo que va de 2021, no ha habido convocatorias en apoyo para ninguna otra temática.

Finalmente, dado que la propuesta de Ley no establece ninguna meta de financiamiento a la investigación científica, deja a la misma sujeta a vaivenes económicos y en una situación de incertidumbre para el futuro. El financiamiento federal para la investigación científica se encuentra, en términos reales, en el punto más bajo de los últimos ocho años. Es tiempo de revertir una tendencia de apoyo que daña al país y a la capacidad de respuesta y solución de la ciencia mexicana.

Los próximos meses verán la discusión de la Ley General en la materia. Hacemos un llamado al H. Congreso de la Unión y al Senado de la República para que en su proceso de estructuración y aprobación se escuchen con atención las diferentes propuestas de todos los ciudadanos que decidan participar. No es un proceso que debiera proceder dentro de las cómodas mayorías legislativas. Es una Ley que deberá regir el funcionamiento de la ciencia para el conjunto de la sociedad mexicana durante un largo periodo. Todos debemos de participar y ser escuchados, para el bienestar de México.

*ProCienciaMx es una red de científicos, investigadores, médicos y académicos de todo el país que promueven una política científica efectiva que colabore en la solución de los grandes desafíos nacionales, como la salud, la inseguridad, la distribución inequitativa de la riqueza, el deterioro del medio ambiente, la violencia y la permanente conflictividad social, con un enfoque que incluya el desarrollo de ciencia básica, tecnología e innovación.

Brenda Valderrama. Investigadora Titular B en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Investigadora Nacional nivel 2.

Cristina Puga.  Doctora en Ciencia Política.  Profesora Titular de  la FCPYS UNAM,  actualmente comisionada en el Centro Peninsular de Humanidades y Ciencias Sociales en Yucatán. Investigadora Nacional   y Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Distinción Sor Juana Inés de la Cruz (UNAM 2009).Premio a la Trayectoria Académica de la Asociación Mexicana de Ciencia Política (AMECIP,2020).

David Romero Camarena. Investigador Titular C en el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM. Investigador Nacional nivel 2. Expresidente de la Sociedad Mexicana de Bioquímica.