Después de dos años y medio que ha gobernado el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), envió al Congreso de la Unión iniciativas de reforma con la intención de minar las relaciones del Estado mexicano con la Iglesia Católica, lo que ha causado polémica en diversos sectores de la sociedad.

El impacto de estas iniciativas ha sido tal que, recientemente, el arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, declaró que en una “época convulsa” como la que hoy se vive, es conveniente que el gobierno atienda los problemas más urgentes y conserve la unidad en el país, porque ésta resulta “necesaria para la construcción del bien común”.

En una carta titulada Unidos por el bien común, todos los obispos católicos del país expresaron su preocupación por la pretensión de Morena y del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de modificar la Ley General de Asociaciones Religiosas y Culto Público (LGARCP), con la finalidad de que, desde el Estado, se fracture la laicidad y se normen las relaciones de éste con las instituciones religiosas.

Además del reclamo a Morena por tales iniciativas para alterar la LGARCP, los prelados católicos pidieron una conducta más reflexiva a los grupos sociales implicados en la discusión de las iniciativas de reforma en asuntos de gran impacto social.

En octubre del año pasado, la diputada morenista Reyna Celeste Ascencio Ortega, de Morena, presentó una iniciativa de reforma legal “para sancionar expresamente a las asociaciones religiosas o ministros de culto que profieran expresiones o actos de discriminación en contra de las personas con motivo de su identidad sexual o expresión de género, ello con objeto de evitar ataques desde organizaciones religiosas y sus agentes en contra de la población de la diversidad sexual”.

La propuesta de Ascencio Ortega, que busca modificar el Artículo 29° de la ley reglamentaria, fue aprobada el dos de marzo pasado por la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, y con ella, al referirse a la Iglesia Católica, se quiere infraccionar a los ministros de culto por opinar sobre determinados temas; es decir, se les quiere imponer una “ley mordaza”.

Cuando esa reforma fue discutida en el pleno de la Cámara de Diputados, el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Alfonso Miranda Guardiola, en una entrevista concedida a El Heraldo de México, comentó: “Percibimos la propuesta de leyes no consensuadas y no dialogadas con amplios sectores de la sociedad, iglesias incluidas, tienen dedicatoria”.

En diciembre de 2019, la senadora morenista por el estado de Zacatecas presentó también una iniciativa de reforma con la que se pretendía “romper” el Estado laico y, aunque la iniciativa no se aprobó, el intento quedó consignado como un grave antecedente.

La propuesta de María Soledad Luévano Cantú pretendía borrar del texto legal “el principio histórico de separación del Estado y las iglesias” y se oponía a la existencia de concesiones de radio, televisión o cualquier tipo de telecomunicación en manos de instituciones religiosas y que aquéllas solo se otorgaran a los empresarios de los medios de comunicación. Las iglesias solo tendrían a su disposición publicaciones impresas y digitales, y propuso que instauraran objetores de conciencia para diversos profesionales.

Las embestidas de AMLO y Morena

La Iglesia Católica es uno de los blancos predilectos del Presidente. En octubre de 2020, por ejemplo, la criticó desde su conferencia matutina porque no se pronunció contra el neoliberalismo, como lo había hecho el papa Francisco.

Cuando su esposa Beatriz Gutiérrez Müller viajó a Europa y visitó El Vaticano, entregó una carta al papa Francisco en la que AMLO pedía que la Iglesia Católica reconociera los agravios cometidos contra los mexicanos originarios durante la conquista española.

La citada institución religiosa, sin embargo, omitió cualquier reacción significativa sobre estos casos; pero sí ha asumido posiciones críticas contra el gobierno morenista por su mala gestión en problemas sociales, como la pobreza y la desintegración familiar, entre otros. Este hecho, como ha ocurrido con periodistas, empresarios, académicos, asociaciones civiles, partidos políticos y agrupaciones sociales, es lo que le desagrada al Presidente. En el caso de la Iglesia Católica, ha criticado la gestión del presidente López Obrador, pues problemas como la pobreza, la falta de servicios, de acceso a la salud y educación entre otros afectan directamente a 97 millones 864 mil 218 personas creyentes de esta religión, según el censo del año pasado elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Apenas el pasado 11 de marzo, obispos católicos expresaron mediante un comunicado oficial conjunto: “México vive una situación crítica: la enfermedad y muerte a causa de la pandemia por Covid-19 y el escaso índice de vacunación; la crisis económica que ha detonado desempleo, mayor pobreza y marginación social; el flagelo del crimen organizado que diariamente cobra vidas y dinamita el crecimiento de las regiones; así como el rezago educativo que enfrentan las niñas, niños y jóvenes”.

Y sobre las reformas a la ley secundaria en materia religiosa, la conferencia episcopal publicó que esas iniciativas parecen no atender ni entender la gravedad de la situación en el país al impulsar “agendas ideológicas que deberán exigir una discusión pautada y responsable, así como una fundamentación mucho más sólida basada en la inalienable dignidad de la persona”.

El documento de la CEM reconoció que, pese a lo esperado, las reformas “han ido recibiendo aprobación en el Congreso –con mayoría de Morena– sin tener un consenso amplio y un cimiento técnico riguroso”. Además, la Iglesia no desaprovechó la oportunidad para reiterar su desacuerdo con las restricciones al derecho a la libertad de creencia, conciencia y expresión.

De las tres reformas anticlericales promovidas por Morena, la que más alerta activó fue la modificación a la Fracción IV del Artículo 29° de la LGARCP, ya que propone “sancionar expresamente a las asociaciones religiosas o ministros de culto que profieran expresiones o actos de discriminación en contra de las personas con motivo de su identidad sexual o expresión de género, ello con objeto de evitar ataques desde organizaciones religiosas y sus agentes en contra de la población de la diversidad sexual”.

La legisladora proponente fundamentó su iniciativa afirmando que los comentarios de los ministros de culto de la Iglesia Católica sobre el matrimonio igualitario se prestan a que los homosexuales sean discriminados por los fieles católicos.

La respuesta del CEM no se hizo esperar, y se centró en que la modificación propuesta por la legisladora de Morena amenaza la “libertad de expresión de ministros y congregaciones religiosas, ya que indirectamente limita la difusión y enseñanza de las doctrinas y creencias de las religiones, como promover el matrimonio solo entre hombres y mujeres”.

Otra iniciativa morenista muy controvertida fue presentada el 22 de octubre de 2020 por el diputado Agustín García Rubio, de Michoacán, cuyo objetivo era reformar el Artículo 25° de la LGARCP para que sea el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, la instancia que aplique esta ley en la Nación, con el auxilio o colaboración de las autoridades estatales y municipales.

En otras palabras: García Rubio propone que sea el Presidente de la República quien defina las reglas, la observancia y las sanciones sobre el funcionamiento de las instituciones religiosas en México y que, en este cometido, los gobernadores y los presidentes municipales operen como sus auxiliares.

Pero la senadora zacatecana María Soledad Luévano no se quedó en esta competencia de dislates, y presentó un proyecto para modificar la LGARCP, en el que quiso borrar de ésta y de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos el “principio histórico de separación del Estado y las iglesias”.

Doña Chole propone rescatar la facultad del Estado mexicano de regular los bienes eclesiásticos, que las instituciones religiosas le informen sobre los bienes que deseen adquirir, que no dispongan de concesiones en radio y televisión; y que sus únicas publicaciones sean impresas o digitales.

Sin embargo, su iniciativa prevé que todo esto “no impedirá la colaboración entre éstas y el gobierno para la promoción conjunta de desarrollo cultural y social”.

En contraste con las iniciativas de reforma con “dedicatoria” a la Iglesia Católica, las relaciones de AMLO con las instituciones religiosas de culto protestante o evangélico son muy buenas, al grado de que una de sus organizaciones le ofreció distribuir la Cartilla moral, un texto obra del escritor Alfonso Reyes, que para Morena y el Presidente significa una guía de buen comportamiento que “todos” los mexicanos deben conocer y seguir.

En su libro AMLO y la religión. El estado laico bajo amenaza, editado por Grijalbo, los investigadores especializados en religiones Bernardo Barranco y Roberto Blancarte afirman que “el Estado no es quién para imponer ninguna moral”, tampoco, por supuesto, el Presidente.

“El tema de fondo de este libro es la amenaza al Estado laico, que surge desde su interior mismo, así como la pertinencia urgente de salvaguardarlo por el bien de una sociedad plural y diversa, como es la mexicana. Esta amenaza, hay que decirlo con todas sus letras, proviene del propio Presidente de nuestra República laica”, precisó Barranco cuando fue presentado el texto.