El derecho a la protesta como un instrumento de lucha popular hoy es violentado y lo ignoran quienes gobiernan tanto el país como cada una de las entidades y presidencias municipales.
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El pasado lunes, se reportó el hallazgo de 3 millones de pesos de los 11 millones sustraídos de la bodega de Bienes, Valores y Armas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México el 20 de enero.
El dinero fue encontrado en el domicilio de Roberto Rivera, exdirector de Fiscalías Territoriales, quien fue puesto a disposición de las autoridades después de que la Policía de Investigación (PDI) realizara tres órdenes de cateo en domicilios ubicados en las alcaldías Cuauhtémoc y Álvaro Obregón.
Según información oficial, en uno de los inmuebles registrados se hallaron armas largas, computadoras, celulares, una mochila, cajas, un arma de fuego corta y ropa con insignias de la institución.
Además, se detuvo a Rebeca N en la colonia Lomas de Tarango, alcaldía Álvaro Obregón, quien fue encarcelada en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla debido a su presunta participación en el robo del dinero.
Rebeca N, quien era Coordinadora de Proyectos de la FGJ, mantiene una relación con Roberto Rivera, según datos proporcionados por la Fiscalía.
Cabe recordar que los 11 millones de pesos robados el 20 de enero estaban bajo el resguardo de los peritos de la Fiscalía.
El derecho a la protesta como un instrumento de lucha popular hoy es violentado y lo ignoran quienes gobiernan tanto el país como cada una de las entidades y presidencias municipales.
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Escrito por Fernanda Trujano Chavarría
Licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UAEM.