El castigo contradice la finalidad del sistema penitenciario mexicano, orientado a la rehabilitación y a la eventual reincorporación social.
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El Congreso de la Ciudad de México aprobó un punto de acuerdo que exhorta al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y al Comité Ejecutivo de la Ciudad de México del Partido Acción Nacional (PAN) a investigar los señalamientos emitidos en contra del recién electo presidente nacional, Jorge Romero Herrera, relacionados con supuestos actos de corrupción inmobiliaria.
También se solicitó que la Comisión Organizadora Nacional de la Elección del CEN del PAN investigue los señalamientos hechos por la ahora candidata a la dirigencia nacional del blanquiazul, Adriana Dávila, por falta de transparencia, inequidad y prácticas antidemocráticas, que violan la legitimidad del reciente proceso interno de elección.
Brenda Ruiz Aguilar, diputada local y promotora del exhorto, informó que Romero Herrera, durante su gestión como jefe delegacional en Benito Juárez, fue señalado por actos de corrupción y otras irregularidades. Además, en 2014, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) emitió una recomendación contra la demarcación por violaciones en materia de construcción.
La legisladora añadió que las múltiples violaciones a la legislación y los reglamentos en materia de construcción en la demarcación Benito Juárez fueron objeto de diversos señalamientos de corrupción, cometidos por funcionarios públicos denunciados por la población.
Durante la discusión, la coordinadora de la bancada de Morena, Xóchitl Bravo, planteó que tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México, Jorge Romero, junto con el hoy occiso y diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Leonel Luna, y Mauricio Toledo, ex legislador de ese instituto político y jefe delegacional en Coyoacán (hoy prófugo de la justicia), fueron los titulares del Fideicomiso para la Reconstrucción, que manejaba alrededor de 8 mil millones de pesos. Hasta el momento, se desconoce el paradero de ese dinero.
Por su parte, la panista Daniela Álvarez argumentó que la Fiscalía capitalina ha acusado a los panistas de diversos delitos; sin embargo, señaló que “no nos han podido probar absolutamente nada”, mientras que ellos han señalado a Rodrigo Chávez Contreras, actual presidente de la Comisión de Vivienda y exlíder de la organización Asamblea de Barrios, acusada de despojo. Álvarez afirmó que, a diario, 17 familias pierden sus viviendas en la Ciudad de México sin que hasta el momento exista una sola carpeta de investigación al respecto.
El castigo contradice la finalidad del sistema penitenciario mexicano, orientado a la rehabilitación y a la eventual reincorporación social.
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Adeudos, pagos irregulares, esquemas de contratación que evitaban responsabilidades laborales y despidos son sólo algunas de las irregularidades.
Con un portafolio de 11 billones de dólares y antecedentes de incumplir normas mexicanas, la gestora fortalece su presencia en México tras otro encuentro con la presidenta.
Hasta el momento, el cuarto minero aún no ha sido localizado, por lo que las autoridades informaron que mantienen un operativo para encontrarlo.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera