A pesar de los diversos reportes de robo de datos personales y bases de datos institucionales expuestos en páginas web y en la red, el Gobierno mexicano no ha garantizado la seguridad de los datos y la identidad de los ciudadanos.
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buzos recoge esta semana datos oficiales sobre los avances del registro de las líneas telefónicas celulares; hasta el 25 de junio de este año, de los 144 millones de líneas telefónicas digitales existentes no se había registrado la mitad de ellas, sino solamente 63 millones de usuarios. En esa misma fecha, la Presidencia de la República concedió una ampliación o prórroga para todos aquellos que no hubieran cumplido con este requisito, fijando un nuevo plazo para tal efecto.
Sorprende el gran número de usuarios que hasta la fecha se ha negado a registrar su número, sabiendo que la sanción, desde el principio, era la suspensión definitiva de su línea digital. La causa de esta inacción no es, a decir de analistas, apatía, indiferencia, desinterés, etc., sino la desconfianza en la institución encargada de concentrar, almacenar y manejar la información personal de los usuarios.
Muchos mexicanos saben que sus teléfonos son vulnerables porque han sido víctimas de algún delito relacionado con llamadas a su línea celular; además, desconfían de las personas que manejan sus datos: funcionarios menores de gobierno, pero “gobierno”, al fin de cuentas.
Hace tiempo se descubrió una serie de incidentes llamados de “ciberseguridad”, que describe nuestro Reporte Especial, y fue conocida ampliamente, provocando el temor y la desconfianza en la población.
Especialistas en el tema, nacionales e internacionales, han publicado sus opiniones mostrando la vulnerabilidad de la telefonía celular digital; y hoy advierten los riesgos que corren los usuarios ante la facilidad con que sus datos más sensibles pueden terminar en manos de los delincuentes que sólo requieren conocer su número telefónico, ya no digamos toda la información que ahora exige el gobierno.
El manejo de los datos personales, el control de la información proporcionada por los ciudadanos tiene, desde luego, aspectos positivos innegables: el Estado requiere de esta información para cumplir funciones importantes, entre otras, brindar seguridad a la sociedad, así se explica la creación del RFC, la CURP, etc.; pero también es indispensable la protección de los datos personales de los ciudadanos; y en el proceso de registro telefónico que se está llevando a cabo en México existen pruebas de que esa protección no está garantizada.
A pesar de los diversos reportes de robo de datos personales y bases de datos institucionales expuestos en páginas web y en la red, el Gobierno mexicano no ha garantizado la seguridad de los datos y la identidad de los ciudadanos.
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Escrito por Redacción