Fuerzas federales detuvieron a nueve integrantes de una célula delictiva; la FGE estima un golpe de casi 28 mil millones de pesos anuales a las finanzas criminales
Cargando, por favor espere...
buzos recoge esta semana datos oficiales sobre los avances del registro de las líneas telefónicas celulares; hasta el 25 de junio de este año, de los 144 millones de líneas telefónicas digitales existentes no se había registrado la mitad de ellas, sino solamente 63 millones de usuarios. En esa misma fecha, la Presidencia de la República concedió una ampliación o prórroga para todos aquellos que no hubieran cumplido con este requisito, fijando un nuevo plazo para tal efecto.
Sorprende el gran número de usuarios que hasta la fecha se ha negado a registrar su número, sabiendo que la sanción, desde el principio, era la suspensión definitiva de su línea digital. La causa de esta inacción no es, a decir de analistas, apatía, indiferencia, desinterés, etc., sino la desconfianza en la institución encargada de concentrar, almacenar y manejar la información personal de los usuarios.
Muchos mexicanos saben que sus teléfonos son vulnerables porque han sido víctimas de algún delito relacionado con llamadas a su línea celular; además, desconfían de las personas que manejan sus datos: funcionarios menores de gobierno, pero “gobierno”, al fin de cuentas.
Hace tiempo se descubrió una serie de incidentes llamados de “ciberseguridad”, que describe nuestro Reporte Especial, y fue conocida ampliamente, provocando el temor y la desconfianza en la población.
Especialistas en el tema, nacionales e internacionales, han publicado sus opiniones mostrando la vulnerabilidad de la telefonía celular digital; y hoy advierten los riesgos que corren los usuarios ante la facilidad con que sus datos más sensibles pueden terminar en manos de los delincuentes que sólo requieren conocer su número telefónico, ya no digamos toda la información que ahora exige el gobierno.
El manejo de los datos personales, el control de la información proporcionada por los ciudadanos tiene, desde luego, aspectos positivos innegables: el Estado requiere de esta información para cumplir funciones importantes, entre otras, brindar seguridad a la sociedad, así se explica la creación del RFC, la CURP, etc.; pero también es indispensable la protección de los datos personales de los ciudadanos; y en el proceso de registro telefónico que se está llevando a cabo en México existen pruebas de que esa protección no está garantizada.
Fuerzas federales detuvieron a nueve integrantes de una célula delictiva; la FGE estima un golpe de casi 28 mil millones de pesos anuales a las finanzas criminales
AMOTAC coloca a Veracruz en quinto lugar nacional en violencia contra el transporte de carga; prepara paro y bloqueos carreteros en septiembre.
Edomex, CDMX y Jalisco concentran 59 % de robos en vía pública.
Un creador de contenido denunció el intento de fraude en redes sociales; autoridades recomiendan no entregar dinero, celulares u objetos de valor a desconocidos.
La presidenta mantiene niveles estables de respaldo ciudadano, mientras la seguridad, el crimen organizado y la corrupción continúan como las áreas peor evaluadas.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones aplicará un calendario por terminación numérica; las líneas de prepago que no se registren con la CURP serán suspendidas de forma gradual hasta el 31 de diciembre.
Los delitos cometidos con IA provocan pérdidas de hasta 484 millones de dólares.
La iniciativa busca dar facultades a fiscalías locales para aplicar la ley federal, mientras expertos advierten riesgos por el uso de medidas excepcionales y la falta de capacidades institucionales.
La emergencia de gobiernos de derecha es hoy una realidad mundial, aunque no adopta la misma forma en todos los países.
El 44 por ciento de los hogares de Chimalhuacán tuvieron por lo menos una víctima de robo, extorsión o fraude.
Los comunicadores en México no sólo enfrentan hoy amenazas, campañas de desprestigio, demandas judiciales y estigmatizantes discursos oficiales, sino también desapariciones forzadas y ataques mortales.
Los habitantes de la entidad más poblada del país aún pagan el costo de un sistema gobernante que sólo cambió de color y partido en el poder, pero continúa sumergido en las peores prácticas.
En lo que va de 2026, fueron asesinados Carlos Ramírez, Roxana Guzmán, Luis López, Manuel Moreno.
Los gobiernos municipales concentran el 62 por ciento de los casos.
A pesar de los diversos reportes de robo de datos personales y bases de datos institucionales expuestos en páginas web y en la red, el Gobierno mexicano no ha garantizado la seguridad de los datos y la identidad de los ciudadanos.
Rocha Moya regresa a la gubernatura de Sinaloa tras casi cuatro meses de licencia
A bordo de una hielera, pescadores sobreviven 5 días a la deriva en el Pacífico
Israel instalará cabinas de observación para ver los ahorcamientos de palestinos
Ucrania declara la guerra a caricaturas; sanciona a “Masha y el Oso” por propaganda prorrusa
México reclama a EE. UU. por enviar deportados mexicanos a Guatemala y Honduras
Por qué estudiar la historia de la filosofía
Escrito por Redacción